Las encrucijadas de salir de una lista y enfrentar revelaciones

Del año 2016 (fecha del último escándalo relacionado con sociedades) a la fecha, Panamá como nación ha presentado una notable evolución en la legislación corporativa, adecuándonos a requerimientos de instancias internacionales. Como gremialista activa de la abogacía no puedo ignorar la vulneración a la inviolabilidad de las comunicaciones que debería recubrir las comunicaciones entre abogados y clientes. Con reserva contemplo como nuevamente una información, ilícitamente obtenida, sirve para titulares amarillistas que de manera general desprestigian no solo una profesión, sino también al país.

Pareciera ser un ataque sistemático al país y a una profesión liberal como es la abogacía. No considero que seamos un país a la sombra de la industria offshore como se nos quiere vender. Firmas como Baker McKenzie, el mayor bufete de Estados Unidos, ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial, representando a millonarios, regímenes autoritarios y demás sujetos que manejan la economía de manera opaca, y sobre ellos tabloides internacionales no han sido tan rigurosos, y ni hablar de organismos como la OCDE que a Panamá sí le exige adecuaciones normativas y nos incluye en listas desfavorables.

Va muy de la mano con el ataque sistemático al país, porque otras naciones no solo incurren en prácticas similares o peores, y se sientan a la misma mesa a brindar con aquellos que a nosotros nos sancionan. Cuando el gigante tecnológico Apple buscó refugio fiscal para depositar elevadas sumas de dinero, no fue a nuestro país al que acudió, y de eso nadie habla. Se ensañan en vender el servicio corporativo panameño como ilegal, cuando es una práctica comercial legítima y aplicada en todo el mundo.

A la fecha solo he conocido la postura del Colegio Nacional de Abogados, como representante de la abogacía panameña. Ninguna instancia estatal ha salido a defender a sus nacionales ni a solicitarle a título personal a cada persona jurídica atender los cuestionamientos pertinentes. Pareciera que en el plano gubernamenal el país anda en automático y en total indefensión; es lamentable que pareciera que nuevamente nos encontramos ausentes de una figura de canciller que vele por los derechos de sus nacionales. Y esto sin ahondar en recurrir a las medidas de retorsión, que pareciera nuestro primer mandatario desconoce.

Los abogados panameños no somos policías ni fiscales de ninguna nación en el mundo, cumplimos con lo exigido por nuestra legislación y con el due diligence exigido en el derecho corporativo internacional, pero no somos responsables de que ciudadanos de otros Estados no acaten el marco normativo de su Estado de origen. Queda como menester de aquellas naciones legislar sobre sus propias fronteras, impidiendo a sus ciudadanos generar estructuras corporativas en otros territorios que no sean acordes con sus intereses. En lo que atañe al jurista panameño, me agrada pensar que opera de buena fe, y constantemente coopera internacionalmente y se adapta a los requerimientos de la transparencia internacional. Por favor, no mancillemos una profesión ni el nombre de un país solo por buscar un rédito mezquino o por querer neutralizar a un solo individuo.

Los 'Pandora Papers' es otra obra del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), los creadores de los mal llamados 'Panamá Papers' que solo buscan continuar desprestigiando la imagen de Panamá y colocarnos como un paraíso fiscal, que no somos. Panamá se rige por las mismas normas de creación de sociedades anónimas de Delaware (EE.UU.), es decir, lo que hace parecer que el objetivo real es eliminar la competencia del mercado de creadores de sociedades anónimas.

Sin lugar a dudas, un ataque al país. No es ni cerca la creación de sociedades la principal actividad de mis colegas (abogados). Además, la publicación confidencial de esta información pretende criminalizar a todos aquellos que aparezcan en los listados de los 'Pandora Papers', y ser titular de una sociedad anónima no es sinónimo de delito necesariamente.

Panamá ha tratado por distintos medios de cumplir las observaciones y regulaciones de la OCDE, Gafi y algunos países de Europa. A pesar de eso seguimos estando en listas negras o grises. Creo que nos falta aún cumplir algunas normativas que establecen estas organizaciones y países, pero muchas veces, por no decir siempre, ni lo que exigen ellos mismos lo cumplen en sus propios regímenes fiscales; una gran contradicción que demuestra que el principal problema es eliminar a un justo competidor.

Debo reconocer que me sorprendió que la DGI actuara de manera tan rápida iniciando procesos de fiscalización a todos los contribuyentes mencionados. El gobierno debe defender sin duda el Estado panameño y ser transparente, no se pueden cometer los mismos errores que sucedieron cuando los 'Panamá Papers', ya tenemos esa pésima experiencia y debemos demostrarle al mundo que Panamá no es un paraíso fiscal, que cada país debe ser responsable por su recaudación y no criminalizar o enlodar el nombre de nuestro país, a conveniencia de algunos intereses.

La realidad es que Panamá debe seguir mostrándose al mundo como un gran país para invertir. Un Estado que respeta las leyes internacionales, que garantiza la propiedad privada y que busca hoy, como otros países, inversionistas para seguir creciendo. Debemos mejorar donde tenemos fallas, pero no podemos permitir que organizaciones como la ICIJ intente criminalizar al Estado panameño por segunda vez en menos de cinco años. Quienes actúen fuera de la ley deben ser castigados, pero a nuestra Panamá la quieren declarar culpable bajo cualquier argumento y sin dejarla que se defienda. Me permito, por último, recordar al gobierno que el pueblo panameño está pasando por una situación complicada, falta de empleo, alto costo de la vida, disminución de ingresos, bancos acechando a los deudores, y ahora los 'Pandora Papers'. En su gestión queda poder sacar el país adelante, necesitamos transparencia y eficiencia, para reactivar nuestra economía y solucionar tantos problemas que hoy vive el panameño. Solo comprometidos con la gente –y no con intereses personales– se podrá salvar y transformar el país.