En 2024 el Canal aportó más que en 85 años de control de Estados Unidos

Llovía sobre las escalinatas del Administration Building. Era el mediodía del viernes 31 de diciembre de 1999, y el Canal pasaba finalmente a manos panameñas. Fueron más de 50 años de lucha, de mártires, de forcejeos con administraciones republicanas opuestas a lo acordado en los tratados Torrijos-Carter, de convencernos como país de que sí era posible administrar exitosamente la vía interoceánica.

Hoy se cumplen 25 años de esa transición. El Canal, contrario a lo que opina el presidente electo de Estados Unidos, está en manos panameñas.

¿Cuánto dinero da el Canal? Solo en 2024, aportó más dinero a Panamá que durante 85 años de administración estadounidense. Desde su inauguración en 1914, hasta 1999, los aportes sumaron 1.878 millones de dólares. Solo en 2024, los aportes al Estado fueron de 2.470 millones de dólares. Durante los 25 años en manos panameñas, los aportes totalizan 28.232 millones de dólares.

Para muchos panameños, estas cifras astronómicas no se reflejan en su bolsillo y, a lo largo de los años, no han faltado propuestas ciudadanas y hasta de diputados para utilizar fondos del Canal para atender necesidades como la seguridad social. Los aportes del Canal van directamente al Tesoro Nacional, y de allí se distribuyen en los presupuestos de las distintas instituciones gubernamentales En 2020, durante la pandemia de Covid-19, se transfirieron 230 millones de dólares en programas de ayuda social como 120 a los 65, Ángel Guardián y el bono alimenticio (Senapan). También se utilizaron en 2021 para el pago de bonos mensuales a los panameños que quedaron sin trabajo durante la pandemia a través del programa Panamá Solidario.

El Tratado del Canal de Panamá se firma en 1977 entre el jefe de Estado panameño Omar Torrijos y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En 1979, el Congreso estadounidense aprueba la Ley 96-70, según la cual empieza la transición para la administración panameña del Canal.

Esta ley crea la Comisión del Canal de Panamá, conformada por cinco directivos estadounidenses y cuatro panameños. Se acordó que el administrador de la Comisión sería estadounidense hasta 1990, cuando se nombraría al primer administrador panameño.

Desde sus inicios, la Comisión generó fricciones. Los trabajadores que empezaron a trabajar después de 1979 ganaban 40 % menos que los que empezaron a trabajar antes de la entrada en vigor de los tratados. En la primera década de la transición, pese a la oposición de trabajadores zoneítas, se logró eliminar esta doble escala salarial.

En 1989, Estados Unidos invade Panamá en la Operación “Causa Justa”, arrasando parte de la Ciudad de Panamá y ocasionando por primera vez en su historia la suspensión del tránsito de naves por el Canal.

El 1 de enero de 1990 se nombra interinamente a Fernando Manfredo Jr. como administrador de la entonces Comisión del Canal de Panamá. Ocho meses después, se designa oficialmente al primer administrador panameño: Gilberto Guardia Fábrega.

En 1993, el demócrata Bill Clinton gana la presidencia de Estados Unidos. A diferencia de sus predecesores, George Bush y Ronald Reagan, quienes se oponían a los tratados Torrijos-Carter, Clinton ayudó a flexibilizar la Ley 96-70 y la Comisión del Canal de Panamá pasó de ser una agencia federal a una corporación, facilitando mayor autonomía y menos dependencia del Ejecutivo estadounidense. Ese año nace la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a través de una reforma constitucional, y en 1997 se sanciona su Ley Orgánica.

Por décadas, la Zona del Canal de Panamá era un pedazo de Estados Unidos dentro de Panamá. Los panameños no podía entrar sin autorización, cercas marcaban la división y policías estadounidense custodiaban el área.

El 31 de diciembre de 1999, cuando se completó la transición a Panamá, la entonces presidenta de la República, Mireya Moscoso manifestó el siguiente mensaje: “Les digo a todos los hombres y mujeres de mi patria que no habrá más cercas; que no habrá más letreros que nos impidan la entrada (...) el Canal es nuestro”.

El uso de las tierras revertidas ha generados cuestionamientos a lo largo de los años, ya que gran parte terminó en desarrollo inmobiliario de viviendas a elevados precios. Este asunto, se considera una de las deudas pendientes con la reversión del Canal, el uso colectivo de estas tierras.

El 22 de octubre de 2006 se realizó un referéndum nacional para decidir si se ampliaba el Canal de Panamá con un tercer juego de esclusas. La obra fue adjudicada al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) por 3.671 millones de dólares, a la cual se sumarían trabajos complementarios para llegar a un presupuesto aproximado de 5.250 millones de dólares.

Los trabajos se iniciaron el 3 de septiembre de 2007 y estaba previsto que terminarían en 2014. Sin embargo, el consorcio reclamó por presuntos sobrecostos y los trabajos se paralizaron en febrero de 2014 con 65 % de avance en las esclusas. GUPC reclamaba entonces 1,600 millones de dólares.

El administrador de la ACP en esos momentos era Jorge Quijano, quien mantuvo una postura clara: no negociar nada fuera del contrato. A pesar de las presiones, los trabajos continuaron y el Canal ampliado se inauguró en 2016 con un costo de 5.450 millones de dólares. Pero siguieron años de arbitrajes y disputas legales que aún en 2024 no terminan. Actualmente, hay dos demandas en contra del Estado panameño por parte de empresas de GUPC, que espera obtener entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Se esperan los resultados de estos arbitrajes en el primer trimestre de 2025.

El Canal de Panamá no solo cumple un rol como vía de tránsito; también suministra de agua potable a más del 50 % de la población del país a través de la planta potabilizadora Mendoza.

Un hectómetro cúbico de agua equivale a 400 piscinas olímpicas. Al día, se consumen alrededor de 10 hectómetros cúbicos de agua en el Canal entre la que se usa para las operaciones de la vía, como el esclusaje, el consumo humano y la evaporación natural. En condiciones normales, ingresan 15 hectómetros cúbicos de agua, pero el cambio climático ha impactado la vía. En 2023 ingresaban 7 hectómetros cúbicos al día, generando un déficit que aumentaba cada día. Fue necesario implementar restricciones al calado de los buques que atravesaran el Canal, lo que generó mayores tiempos de espera y el cobro de una tarifa excepcional para acelerar el paso. Tanto los administradores pasados como el actual coinciden en que atender el problema del agua es la prioridad número uno del Canal actualmente, para lo cual se estudian proyectos como la construcción de un reservorio de agua con un embalse del río Indio.