Embarazos en Adolescentes en Panamá. Implicaciones en la Familia y la Sociedad

En el mes de junio dedicado a la familia en Panamá, queremos compartir algunas reflexiones sobre el embarazo en adolescentes como un tema de Estado, y una responsabilidad de todos de impulsar políticas públicas, estrategias integrales, concertadas y sustentadas en evidencia científica, que garanticen sus derechos humanos y la formación en valores humanistas en la familia y en la sexualidad, especialmente en la niñez.

El embarazo en adolescentes y su aumento en edades muy tempranas, tiene implicaciones a nivel individual, la estructura social y el desarrollo sostenible del país, que viene a profundizar y reproducir la desigualdad social con rostro de niña, pobre y excluida para hacer efectivo sus derechos.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en el 2020 durante la pandemia del COVID 19, se reportaron 9,724 embarazos de niñas y adolescentes en edades de entre los 10 años y 19 años, lo que refleja un aumento con relación al 2019 de 696 casos; tomando en cuenta que estas adolescentes se encontraban en su entorno familiar, es un problema de salud pública y social que es muy preocupante que tiene implicaciones en la familia, la sociedad y el futuro de la madre adolescente y su hijo o hija.

Compartimos lo expresado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, que “el embarazo adolescente es una alerta temprana de la desigualdad porque la reproducción de nuestra sociedad está ocurriendo en hogares pobres y sin inversión en bienes públicos, lo que plantea un desafío futuro”.

Este organismo plantea, que un 30 % de las jóvenes en América Latina han sido madre antes de cumplir los 20 años y la mayoría de ellas pertenecen a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos, lo que fomenta la reproducción intergeneracional de la pobreza, compromete la autonomía de las mujeres para emprender sus proyectos de vida y evidencia la necesidad de que la educación sexual y los servicios de salud reproductiva sean una prioridad para las políticas públicas.

Existen esfuerzos en cuanto a la adopción de leyes para prevenir el problema, como La Ley 4 de enero de 1999, que atendiendo los compromisos del Estado Panameño contenidos en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en sus siglas en inglés), establece que la política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las niñas, debe promover la educación en sexualidad (art. 21 nº3), entendida como un proceso de desarrollo de los seres humanos, que debe iniciarse “desde los primeros años de vida con respeto, igualdad y responsabilidad”.

La Ley 29 de 2002, aunque su objetivo era garantizar a la adolescente embarazada el derecho a recibir atención de salud integral, su permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos que se requiera, no ha tenido el impacto esperado en cuanto a la prevención de los embarazos en adolescentes y el cumplimiento de sus objetivos de educación, salud y protección integral.

Posteriormente se aprueba la Ley 60 del 2016, con la finalidad de garantizar a las menores embarazadas, así como los jóvenes, el derecho a una salud integral y a una salud sexual y reproductiva equitativa y de calidad, que contribuya al desarrollo humano de los jóvenes en general y se crea el Consejo Nacional de la Madre Adolescente (CONAMA), muy poco resultados se logró con esta normativa.

Recientemente se aprueba la Ley 302 de 31 de mayo de 2022, “Que establece el Programa de Formación en Materia de Educación en Sexualidad y afectividad”, ( Gaceta Oficial No.29548-A), es un paso importante en cuanto a prevención, que tiene como finalidad “proteger a los niños, niñas y adolescentes de los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual y los delitos sexuales”, el mismo será implementado en todos los centros educativos oficiales y particulares y se enumera los distintos centros de protección en manos del Estado.

En este sentido, el órgano ejecutivo debe reglamentar con urgencia esta Ley, de manera que todas las instituciones y organizaciones vinculadas al tema, realicen un esfuerzo conjunto para su cumplimiento, con base a sus competencias, destinando los recursos para la implementación sostenida de programas de capacitación en todo el sistema educativo y en la población en general.

La Ley 302, también determina que debe ser adaptada en las lenguas de los pueblos originarios de Panamá, y es deber del Ministerio de Educación, con el apoyo de las instituciones del Sistema de Protección Integral realizar evaluaciones anuales del impacto y mejoras del programa, y publicado los resultados en un informe anual.

El Papa Francisco, al referirse a la educación sexual en su Exhortación Apostólica sobre la Familia, habla de  “La alegría del amor”  (Amoris Laetitia). Los niños y los adolescentes, conforme avanza la edad, y teniendo en cuenta su progreso psicológico, hay que informarles sobre la sexualidad de las personas, la cual es una  “educación para el amor, para la donación mutua”. De este modo el lenguaje de la sexualidad no se ve empobrecido, sino iluminado”. (citado por Salvador Argonés, en Aleteia de abril de 2016).

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, “Cuando una niña queda embarazada, su vida puede cambiar radicalmente. Es posible que no termine la escuela y se desvanezcan sus perspectivas de trabajo. Se vuelve más vulnerable frente a la pobreza y la exclusión, y por lo regular se resiente su salud. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte en niñas adolescentes.”.

En el informe, “Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en Panamá septiembre 2021”, este organismo habla que el costo asociado al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana alcanza unos $495,4 millones, con datos del año 2019; que sumados a los $15 millones por gastos en salud y 15 millones por pérdidas fiscales, sería un total de $525 millones. Donde lo que más cuesta al país, es el impacto de oportunidad en la educación, que se calcula en $193 millones en 2019, donde solo el 11% de quienes fueron madres tempranas, logran título universitario.

La socialización gira en torno a ese proceso en donde las dimensiones que sostienen el orden social se aprenden y reproducen y como sociedad, no podemos seguir indiferentes. Las implicaciones del embarazo en adolescentes, en las familias y la sociedad, es un asunto de todos: generaciones de panameños y panameñas han socializado a niñas, con pocas posibilidades de romper el círculo de feminización de pobreza y tener movilidad social, encadenadas a condiciones de desigualdad, excluidas de oportunidades en el mercado de trabajo por su bajo niveles de escolaridad.

Por nuestras niñas, por el respeto a sus derechos humanos, hay que prevenir estos embarazos, pasar del discurso a la acción, como señala UNICEF “las únicas promesas que sirven son las que se cumplen”.

Pensamiento Social (PESOC) está conformado por un grupo de profesionales de las Ciencias Sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

El autor es Sociólogo, Docente e Investigador. USMA; UP