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Actualizado
- 04/07/2024 00:00
Creado
- 03/07/2024 20:08
El diputado Roberto Zuñiga presentó un anteproyecto de ley sobre las declaraciones de bienes de los funcionarios
Un anteproyecto de ley presentado en el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado de la bancada independiente de Vamos, Roberto Zúñiga , obliga a los diputados y sus suplentes, representantes de corregimiento, concejales, a los alcaldes y vicealcaldes a presentar anualmente una declaración jurada de estado patrimonial.
La iniciativa también incluye a los secretarios generales municipales, gobernadores, directores de la Autoridad Nacional de Aduana y del Servicio Nacional de Migración, al igual que a los jefes diplomáticos y consulares, los superintendentes de bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto, y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
Esta lista de funcionarios se agrega a la ya establecida en la Constitución Política de la República en su artículo 304 ampliada por la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999.
Zúñiga explicó que esta modificación se sustenta en la importancia, responsabilidad e investidura de estos altos cargos y el posible manejo de fondos y recursos del Estado.
El diputado dijo que la iniciativa también busca aumentar los elementos básicos que establece la Ley 59 de 1999 sobre el contenido que debe disponer la declaración jurada de estado patrimonial y dividirla en activos, pasivos e ingresos para lograr obtener un panorama más completo y detallado sobre el estado patrimonial del servidor público.
Adicionalmente, la propuesta busca detectar de forma preventiva actos que puedan dar indicios de corrupción, por lo que se incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada de estado patrimonial y cuando se produzcan alteraciones significativas, para que las malas prácticas en la administración pública puedan ser atacadas de inmediato y no después de finalizar el mandato.
Zuñiga destacó que la normativa plantea hacer públicas las declaraciones de intereses que deben presentar los servidores públicos en cumplimiento de la Ley 316 de 18 de agosto de 2022.
“Es de conocimiento general y notorio que el conflicto de intereses en el sector público es uno de los actos que más nos ha afectado como país y que lamentablemente hace que nos posicionen internacionalmente como un país altamente corrupto”, expresó.
El diputado recordó que en el índice de percepción de la corrupción del 2023 de Transparencia Internacional, principal indicador mundial de corrupción en el sector público, Panamá obtuvo 35 puntos sobre 100, en la que 100 es menos corrupto y cero más corrupto, disminuyendo la calificación respecto a años anteriores.
Transparencia Internacional ha solicitado a los gobiernos castigar eficazmente los delitos de corrupción, además de aprobar leyes y procedimientos eficientes para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción.
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