El memorándum con EE.UU. y la peligrosa ambivalencia del idioma

La firma del Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903 permitió el establecimiento a perpetuidad de una colonia de Estados Unidos en el corazón de Panamá. El documento, firmado en los albores de la República, es sinónimo de traición y es utilizado en el historiografía panameña como ejemplo de uno de los acuerdos más leoninos del siglo XX.

Lleno de ambigüedades, el documento fue redactado exclusivamente en inglés, lo que facilitó su interpretación unilateral en detrimento de Panamá. De allí que, con la firma del Tratado Torrijos-Carter de 1977, todos los documentos acordados se firmaron tanto en inglés como español.

Ese temor, que teóricamente se había superado, parece cernirse nuevamente sobre el país con la reciente firma del memorándum de entendimiento con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, que a la fecha solo se conoce la versión en español, difundida por el Gobierno tras la polémica en torno al alcance del mismo y la posibilidad de que permita el establecimiento de instalaciones militares, algo contrario a la Constitución y el Tratado de Neutralidad. Pero, hasta ahora, la contraparte en inglés no se ha publicado.

La duda tomó fuerza como resultado de una acción de los mismos estadounidenses, cuando se emitió una declaración conjunta el 8 de abril pasado entre el presidente José Raúl Mulino y el secretario de Defensa Pete Hegseth, donde amplían las motivaciones que anteceden el memorándum y donde Panamá por primera vez toma parte en la narrativa de Donald Trump sobre la supuesta amenaza de Pekín en el Canal, al comprometerse en el párrafo tercero a “reducir la problemática presencia china”.

Allí la versión en español fija textualmente que Hegseth reconocía la “soberanía irrenunciable” de Panamá sobre el Canal y sus áreas adyacentes. Sin embargo, horas después, la web de la Secretaría de Defensa publicó el mismo documento sin ese enunciado, un elemento clave para la postura del gobierno ante el agresivo lenguaje trumpista que amenazaba con tomar por la fuerza la vía interoceánica.

Algo parecido ocurrió durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, que en sus comunicaciones del 2 de febrero reiteró sus amenazas a Panamá, en contraste con Mulino que aseguró fue una “reunión amena”.

El incidente de Hegseth, de acuerdo con fuentes ligadas a altos funcionarios del Gobierno, generó agrias tensiones en Cancillería y Presidencia, al tiempo que impulsó un reclamo formal de Panamá ante la Embajada estadounidense, que pedía se incluyera el texto faltante. Ante una evidente contradicción, al final Hegseth emitió un pronunciamiento a los medios sobre la soberanía, pero sin una publicación en algún documento oficial.

Frente a este precedente y la política de la actual administración de la Casa Blanca de mentir en la relación con Panamá y su Canal, La Estrella de Panamá preguntó al presidente Mulino, en su conferencia de los jueves, si el Gobierno tenía la versión en inglés y si sería publicada, pero el mandatario minimizó el asunto y aseguró que “todo” estaba en el sitio web de Cancillería. Rechazó además que se ceda la soberanía y que lo firmado deja “claro” los límites de Estados Unidos.

Según el numeral 22 del memorándum difundido por el Gobierno, el documento se firmó en los dos idiomas, pero aún se desconoce el contenido en inglés, algo que, a juicio de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño, no es una asunto menor. Puntualiza que de existir inconsistencia en ambas versiones, sería algo peligroso y que abre la puerta a interpretaciones unilaterales de Estados Unidos.

“Si el documento está escrito en un idioma, palabras y significado diferentes a la versión en español, eso implica que no hay entendimiento, entonces eso no puede tener validez”, sostiene de Troitiño.

La excomisionada de la Comisión Interamericana en Derechos humanos (CIDH) se encuentra entre los juristas que consideran que el memorándum no tiene sustento jurídico en la Constitución e incluso es contrario al concepto de neutralidad del tratado de 1977, al autorizar fuerzas militares extranjeras en el territorio.

Por su parte, Carlos Bichet, abogado y doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) señala que esta discusión se complica en la medida en que el Gobierno minimiza el alcance de lo firmado, afirmando que solo es un “acuerdo administrativo”, lo que obviaría su pase por la Asamblea y un referéndum como dicta la carta magna.

En el caso de considerarse un tratado, la Convención de Viena y Derecho Internacional establece mecanismos para dilucidar el tema del idioma y su interpretación.

“El Gobierno argumenta que esto es un tema administrativo para no llevarlo al Legislativo, pero la definición de tratado se amplía en este contexto. Hay un caso en la Corte Internacional de Justicia, el de Catar vs. Bahrein de 1994; allí se dice que independiente de que un documento se llame tratado o no, si es un instrumento que crea derechos y obligaciones, debe considerarse como un tratado”, sostiene el también docente universitario.

Bichet explica que el Gobierno, al asumir la postura de no darle un rango de tratado al memorándum, podría ser interpretado unilateralmente por cualquiera de las partes y, en este caso, las asimetrías entre los países jugarían en favor de los intereses del más poderoso: Estados Unidos.

“Al tratar esto como un acuerdo de recámara y no como un tratado internacional, no sabemos cuál es la versión en inglés ni a lo que se comprometen los estadounidenses; eso lo deja abierto a las interpretaciones unilaterales peligrosas”, indicó. Igualmente, considera preocupante que el documento no cuenta con cláusulas de interpretación ni de resolución de disputas, lo que deja otra vez al país a merced de los designios de Estados Unidos.

Este medio consultó con la Embajada estadounidense en Panamá sobre si publicarían el documento en inglés, pero no hubo respuesta.

El problema no es solo jurídico; también tiene una dimensión histórica. Documentos oficiales custodiados en la Biblioteca Nacional y la Cancillería, evidencian cómo Estados Unidos hizo de la interpretación unilateral de los acuerdos la principal forma de relacionarse con Panamá.

Ni siete meses habían pasado del tratado de 1903, cuando en junio de 1904 despojó al país de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como del control sobre el correo y aduanas, lo que llevó a la protesta de los empresarios panameños, que recogió La Decana en su edición del 17 de julio de 1904.

“Panamá recibió la copia original del tratado de 1903 en los años 20 a solicitud de Ricardo J. Alfaro. Las negociaciones se daban en inglés y los tratados de 1936 y 1955 igual. No fue hasta 1977 cuando el país impuso que hubiera unos tratados completos en los dos idiomas”, afirmó el catedrático de Relaciones Internacionales Luis Navas Pájaro, que considera un retroceso sin precedentes volver a los tiempos de ceder a las “unilateralidades”, ahora bajo la era Trump.

“Hay que negociar, pero con dignidad e inteligencia. Buscando aliados en el mundo y apelando a nuestra historia. Exigir que se publique todo, no permitir retroceder las conquistas del pueblo”, dijo.