El escándalo de la empresa que construye obra de saneamiento

Un proyecto de 111.4 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Panamá Oeste está en manos de una empresa que enfrenta denuncias por incumplimiento de un millonario proyecto de saneamiento en Manizales, Colombia. En Panamá, el contrato fue adjudicado en 2023 con un tiempo de construcción de dos años, pero, un año después, poco o nada se ha avanzado. Los terrenos se encuentran todavía a nombre de una sociedad privada, pero menos de dos meses antes de terminar su gobierno, el Gabinete de Laurentino Cortizo aprobó modificaciones para concretar la compra de las tierras por procedimiento excepcional a 3.5 millones de dólares.

Se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Arraiján Oeste y La Chorrera, conocida como PTAR Caimito, un proyecto que forma parte del programa Saneamiento de Panamá, bajo el paraguas del Ministerio de Salud (Minsa). La licitación para la construcción, operación y mantenimiento de la planta fue adjudicada en junio de 2023 al consorcio Aguas de Puerto Caimito Oeste, compuesto por las empresas mexicanas Caabsa Constructora, S.A. y Fypasa Construcciones, S.A.

Fypasa es una empresa mexicana especializada en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de agua. En julio de 2024, el medio colombiano El Tiempo publicó una noticia titulada “La sucursal de una firma mexicana a la que señalan de despilfarrar y desviar a Panamá $39 mil 908 millones de las arcas de Manizales”. La publicación reveló una investigación de la Fiscalía colombiana por el anticipo del equivalente en pesos colombianos a 9.3 millones de dólares pagados por la construcción de la planta de tratamiento Los Cámbulos, de Manizales, un proyecto que la empresa había acordado terminar en menos de dos años, pero que tres años después solo tiene 1.7% de avance físico, de acuerdo con documentos de la Fiscalía citados por el periódico colombiano.

En el país sudamericano señalan a la empresa de desviar dinero a Panamá, aunque el representante legal de Fypasa en Colombia, Jhon Carlos Vega Moreno, negó la acusación. “Eso es falso, Fypasa sí tiene contratos en Panamá, pero esa versión no es cierta. También decían que la habíamos invertido en otro proyecto en Barranca y en Medellín, pero todo es falso”, declaró Vega Moreno a El Tiempo.

En México, la empresa también ha enfrentado escándalos. En 2019, El Sudcaliforniano, un medio mexicano, publicó que la empresa había entregado una planta de tratamiento de aguas residuales “con serias deficiencias que impiden su operación” y “agua que no cumple con las normas oficiales” durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en 2018.

Fypasa llega a Panamá en abril 2022, registrándose como sociedad para participar en la licitación para la construcción y operación del sistema de alcantarillado de Burunga y Arraiján, una licitación que finalmente se adjudicó a otra empresa.

En julio de 2022 se publicó la licitación para la PTAR Caimito. En agosto de 2023, el contrato por 111.4 millones de dólares financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue adjudicado al consorcio Aguas de Puerto Caimito Oeste, del que Fypasa forma parte. Fue el único proponente en la licitación.

El tiempo estimado de construcción era de dos años, pero en el sitio lo único que se puede observar es un muro a medio tumbar para abrir camino al río Caimito y un letrero desgastado que anuncia el proyecto con un estudio de impacto ambiental de 2018. Los residentes de la comunidad de Altos del Tecal, donde se construirá la PTAR, reportan que en los últimos meses han visto movimiento de personal haciendo mediciones en el área, pero todavía no se evidencia el inicio de los trabajos.

“Esa planta está en proceso de fiscalización, está esperando refrendo de Contraloría. No obstante, esa planta se adjudicó sin contar con un terreno”, reveló a La Estrella de Panamá María Fernanda de Mendoza, coordinadora general del Programa de Saneamiento de Panamá.

El sistema de seguimiento de documentos de la Contraloría confirma las declaraciones de Mendoza. Detalla que el contrato fue ingresado a Contraloría el 25 de septiembre de 2023 y que actualmente no ha sido refrendado.

El estudio de impacto ambiental señala que el Estado panameño adquirió el terreno para la construcción de la planta, pero en el Registro Público las tierras aún se encuentran a nombre de Lavery Agro-Industrial.

En 2017, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, se emitió una Resolución de Gabinete aprobando la compra por procedimiento excepcional de 32 hectáreas para la construcción de la planta por 3.5 millones de dólares a Lavery Agro-Industrial. En mayo de 2024, el Gabinete de Laurentino Cortizo emitió una nueva resolución corrigiendo el número de finca de la resolución de 2017 “para concluir los trámites del procedimiento excepcional” por el mismo monto de $3.5 millones. A la fecha de esta publicación, la finca permanece en Registro Público a nombre de Lavery Agro-Industrial.

Una evaluación de MiAmbiente detalla cómo se utilizará el espacio para la planta. En total, 16.9 hectáreas serán usadas para las obras de construcción, así como los campamentos y acopio de materiales; 3.1 hectáreas serán usadas para la tubería de aguas residuales hacia el río. La vía de acceso tendrá alrededor de una hectárea de largo, conectando la calle principal de Vacamonte, y también se contempla una zona de amortiguamiento alrededor del PTAR, dedicada a la reforestación y la creación de un sendero ecológico.

Las autoridades actuales no son ajenas a la situación de la PTAR, ni a las acusaciones internacionales en contra de Fypasa. “Sí estamos anuentes a los casos que ellos tienen. Todavía no se ha tomado una determinación, pero sí hemos empezado a revisar a fondo todo el pliego, las empresas. No obstante, ya está adjudicado”, apuntó Mendoza. “Ya estamos en otro punto del proceso. Definitivamente, hay que analizarlo, hay que revisarlo, pero no se está haciendo la debida diligencia de selección de empresa porque ese proyecto ya se ha adjudicado”, acotó la directora de Saneamiento.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, también se refirió al tema. “Sí se está revisando, hoy tengo una reunión con el equipo que está encargado de eso, que tiene que ver no solamente con el aspecto legal, sino también con el aspecto técnico. Tenemos que cuadrar bien que eso vaya a funcionar adecuadamente”, declaró durante una entrevista con La Estrella de Panamá el martes 21 de octubre. El ministro no confirmó si se va a seguir o no con el proyecto, detallando que esperaba más información de su equipo, incluyendo la situación de los terrenos.

Este medio envió correos a la empresa con base en México, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Con un contrato por refrendar y una situación incierta respecto a los terrenos, las demoras en la construcción no son por el momento responsabilidad de Fypasa. Si se decide seguir adelante con el proyecto, comenzará a correr el reloj de dos años para la construcción y luego cinco años de operación de la planta por la empresa. De completarse con éxito los trabajos del PTAR Caimito y ponerse en ejecución, se estima que unas 254 mil personas se verían beneficiadas en Panamá Oeste.

Mientras tanto, el mal olor por las aguas negras, la contaminación de los ríos y el desborde de los alcantarillados son realidades que viven día a día miles de panameños. En Vacamonte, en Chanis, en Paitilla y en muchas otras comunidades, las personas se ven obligadas muchas veces a desayunar acompañados del fétido olor de las aguas negras, el aroma de heces, la pestilencia de una promesa en la que se han invertido más de $1.500 millones durante más de dos décadas, y se han logrado importantes avances, pero aún queda mucho por cumplir para sanear a Panamá.