Ejecutivo presentará ante la Asamblea modificación a la Ley de Transparencia

El Consejo de Gabinete aprobó enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica la Ley 6 del 22 de enero de 2002, mejor conocida como Ley de Transparencia. y Acceso a la Información.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, la medida busca “ampliar” el alcance de la Ley de Transparencia a los estándares internacionales.

En el comunicado de la Presidencia se cita a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, quien indicó que el proyecto de ley es producto del consenso con la sociedad civil, la academia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

El organismo internacional, según la Presidencia, señaló en su página web que “Panamá avanza en materia de legislación de acceso a la información con esta iniciativa”.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información cumplió 21 años y, de acuerdo con Fernández, “se requiere una revisión y modernización, además de una actualización tecnológica, ampliar el alcance a los estándares internacionales y mejorar su estructura”.

La modificación se hará con los parámetros del modelo Interamericano 2.0, que ofrece a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos un marco de referencia que integra los más importantes estándares internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, señala el comunicado.

Además, establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la información y se basa en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información en manos de los sujetos obligados sea completa oportuna y accesible.

La propuesta disminuye a 15 días hábiles para responder a la solicitud de información y otros 15 días hábiles si se solicita prórroga. Además, se amplía la tramitación de las solicitudes de información, ya que se podrá realizar por escrito en papel simple, por medio de correo electrónico, de forma oral o por las plataformas tecnológicas establecidas para este fin.

Actualmente la norma establece 30 días para responder una solicitud.

La propuesta mantiene los procedimientos relativos a la solicitud de habeas data y amplía el concepto de sujetos obligados a proporcionar información como a toda persona que reciba fondos del Estado.

El Consejo de Gabinete, además, aprobó un proyecto de ley que subroga la Ley 40 del 1 marzo de 1917 y dicta otras disposiciones, cuyo objetivo busca adecuar la legislación a las políticas y estándares del movimiento internacional de la Cruz Roja adoptando un nuevo modelo de gestión de la estructura organizacional de la entidad en Panamá.

La iniciativa mantiene la relación jurídica de la Cruz Roja Panameña con el Estado mediante la ley como único miembro de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Además, se busca actualizar el enfoque humanitario y las actividades que despliega la Cruz Roja en todo el territorio nacional.