Derechos Humanos en Panamá: ‘El Estado se encuentra en mora’, asegura Leblanc

El informe anual de la situación actual de los Derechos Humanos en Panamá, presentado por el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, reveló que el Estado panameño se encuentra en mora en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, debido a que no ha suscrito, ni ratificado importantes instrumentos internacionales que protegen a los mismos y carece de políticas públicas para afrontar situaciones sociales como la pobreza, salud, educación, seguridad, desempleo, y el acceso a servicios públicos, que en muchas ocasiones, se transforman en violaciones a los derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reconoció que el Estado panameño se encuentra en mora luego de no suscribir, ni ratificar importantes instrumentos internacionales que protegen los derechos antes mencionados.

Entre estos convenios, Leblanc mencionó el No.169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 sobre el derecho de los pueblos indígenas, el cual fue firmado, sin embargo, no ha sido ratificado por Panamá; la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares, no ha sido firmada ni ratificada por Panamá.

El Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, tampoco ha sido firmado ni ratificado por Panamá.La Convención americana contra toda forma de discriminación e intolerancia, fue firmada por el Estado panameño en el 2014, pero no ha sido ratificada; lo cual conllevaría a que el Estado se comprometa con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intolerancia, “lo cual últimamente y con mucha pena está tomando mucha fuerza en un país tan diverso como este”, aseguró Leblanc.

La Convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de personas mayores entró en vigor el 11 de enero de 2017, pero no fue firmada ni ratificada por Panamá.

Leblanc afirmó que la institución ha solicitado y sugerido ante la instancia correspondiente del Gobierno la firma y ratificación de estos Convenios.

Eduardo Leblanc manifestó que en el 2022, el Ministerio de Educación (Meduca) es la segunda institución con más quejas ante la Defensoría del Pueblo, por lo que recomendó que se cumpla los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, reiterando la necesidad de una infraestructura adecuada y cónsona con la realidad económica del país, elevando los estándares del proceso de enseñanza y aprendizaje que incluya la capacitación del equipo docente, con enfoque de derechos humanos, además de ofrecer una educación igualitaria e inclusiva.

Expresó su preocupación por la insuficiencia en los planes y programas para prevenir el embarazo adolescente, en las áreas más prioritarias del país, especialmente el área indígena.

Recomendó al Meduca aplicar para el 2023, las Guía de orientación y educación en sexualidad y afectividad, las cuales fueron presentadas en octubre de 2021. Actualmente, se está en el proceso de preparación a los docentes en el uso de la herramienta.

El ombudsman calificó como “pésima” la atención que se le brinda al asegurado y el tema de desabastecimiento de los medicamentos.

Instó a las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), a mejorar la calidad de la atención, agilizar los trámites para las compras de los servicios externos que sean necesarios, así como a mejorar el sistema de citas y abastecer de medicamentos a las farmacias a nivel nacional.

Con respecto al Ministerio de Salud (Minsa), sus recomendaciones giraron en torno a temas sociales, económicos y de medioambiente. “El agua debe ser considerado no solo con un recurso natural que debe gestionarse y utilizarse, sino como un derecho humano fundamental al que todas las personas tiene derecho sin discriminación”, dijo.

Manifestó que: “no hay ciudadanos de segunda clase, debemos abastecer de medicamentos y personal idóneo 24/7 estableciendo reales centros de salud en todo el país”.

Dijo que el Gobierno debe crear políticas públicas para incentivar a más especialistas para que se queden en las áreas del interior del país.

Además, mencionó la respuesta tardía del Sistema 911 y lo calificó de “ inhumano”. “El Sistema 911 ya no es lo que en su momento ideó el Club Activo 2030 de Panamá. Su tiempo de respuesta es tardío y las ambulancias están en franco deterioro, vulnerando el derecho a una salud de calidad”.

El tema migratorio que se agudizó no solo en el país, sino a nivel mundial formó parte del informe presentado por el Defensor Leblanc, señaló que el Sistema Nacional de Migración no tiene personal especializado para atender a los menores de edad.

Los espacios amigables para los niños, niñas y adolescentes son gestionados por organismos internacionales, por lo que Leblanc considera que es necesario que el Estado asuma la responsabilidad una vez culmine el apoyo de la cooperación internacional.

Recomendó seguir trabajando en los acuerdos multilaterales, para atender de forma integral la situación del flujo migratorio, con el fin de que exista una mejor comunicación y sinergia entre los países de origen, tránsito y destino.

A un año de los escándalos de los abusos sexuales a menores en albergues del país, bajo el paragua de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), manifestó que aún observa la debilidad que se mantiene en el sistema de protección, lo cual “continuará, si no robustecemos los programas para fortalecer a las familias y darle herramientas para que sean funcionales”.

Sostuvo que existe la necesidad, como país, de establecer un centro especializado para la atención integral de los niños y adolescentes con enfermedades mentales graves, “ carecemos de este importante espacio. Las instituciones regentes no le han dado importancia a la atención mental de las personas menores de edad. Actualmente, el Instituto de Salud Mental, ni el Ministerio de Salud, aceptan a niños con esta condición”, indicó el Defensor del Pueblo.

En cuanto al aumento de la violencia contra la mujer, considerada como una epidemia catastrófica, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a las instituciones del Estado, a las organizaciones no gubernamentales conformadas por mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil que componen el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, para que prontamente reactiven este importante mecanismo, el cual “nos ayuda a disminuir la brecha existente en la política pública y la realidad en que vivimos”.

A su vez, hizo un llamado al Ministerio de Seguridad Publica a generar políticas de seguridad y de prevención para combatir este flagelo.

EL Denfensor del Pueblo hizo un llamado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, para que implemente los mecanismos de control a las concesionarias, para que cumplan lo estipulado en cada contrato de concesión, en beneficio de los usuarios del transporte colectivo. En los últimos meses ha sido de conocimiento los hechos de violencia contra los usuarios al exigir sus derechos en cuanto a tarifa, frecuencia, calidad de servicio y estado de las flotas.

Además, señaló que hay que invertir en una flota inclusiva para que personas con discapacidad y personas mayores puedan acceder fácilmente a las unidades de buses.

En atención al derecho a un ambiente sano, Leblanc dijo que “es sumamente preocupante el mal manejo de los desechos en nuestro país y la pésima ejecución de las concesiones otorgadas por el Estado a nivel nacional”, principalmente en el relleno sanitario de la ciudad capital. En este sentido, advirtió que la institución que él dirige continuará siendo vigilante de la denuncia que actualmente mantiene ante el Ministerio Público.

Hizo un llamado a las autoridades ante la falta de control en el uso de agroquímicos, ya que afectan la salud de las personas y a su vez contaminan las fuentes hídricas.

Manifestó que aún se mantiene cifras desfasadas sobre la población con personas con discapacidad en el país, la última encuesta fue en el 2016. “No hay inclusión financiera y tampoco educación inclusiva. Panamá continúa siendo un país que no es amigable para las personas con discapacidad en movilidad”.

Además, mencionó que es imperante la necesidad de que las personas con discapacidad sean sujetos de créditos, pero no con los requisitos y exigencias que actualmente mantienen los bancos hacia estas personas.

El Defensor del Pueblo señaló que la política penitenciaria del Estado panameño, evidencia una clara tendencia a la vulneración de los derechos humanos, la sobrepoblación demuestra que la infraestructura construida es insuficiente. Los recursos asignados no cubren las necesidades básicas como agua potable, servicios de salud, comida de calidad y programas de resocialización.

Hizo énfasis en la necesidad de políticas claras y campañas para lograr la reinserción de los privados de libertad en la sociedad.

De igual manera, manifestó que se debe garantizar la supervisión efectiva de las políticas estatales encaminadas a la reducción de riesgos de torturas o malos tratos hacia las personas que se encuentran en centros penitenciarios.

El Defensor del Pueblo, expresó que es notorio, que el país aún no mantiene data con indicadores claros referentes a las personas LGTBIQ+, que ayude a mejorar su calidad de vida y verificar la accesibilidad de sus derechos.

Considera que los derechos de la población LGTBIQ+ deben ser reconocidos y que las “múltiples opresiones producto del estigma y la discriminación que viven han creado barreras en muchos ámbitos, incluyendo necesidades básicas, tales como el acceso a la salud, a un trabajo digno, a ser sujetos de crédito, entre otros”; por ello “continuamos insistiendo a todas las personas que consideran han sido vulnerados sus derechos, a acercarse a esta institución a poner sus quejas; puesto que sin data o información no podríamos visibilizar la discriminación que se comenten en su contra”.

Leblanc recordó que en este año, 2022, Panamá ha vivido una de las mayores crisis sociales, a causa de la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia y el descontento social, mostrado a través de múltiples protestas registradas entre los meses de mayo y agosto, a consecuencia del alto costo de la canasta básica, de los medicamentos, las exigencias de la rebaja del precio del combustible, entre otros.

“Sin duda reclamaciones legítimas; …las cuales originaron mesas de diálogos y negociación, en la que participamos de forma activa y logramos un acuerdo para la baja en el precio del combustible, no obstante, el mantener vías cerradas, generaron un impacto negativo en la economía, acceso a la salud y en la seguridad alimentaria, pero “sobre todo” dijo que “se vulneró el derecho a la educación”.

Leblanc culminó diciendo que el 2022 fue un año con mucha conmoción, donde las personas han hecho sentir sus necesidades.