Democracia frente a corrupción

La presidente de la República, mediante decreto ejecutivo fechado día 22 en curso, creó una comisión para combatir la corrupción. Integran esa comisión la Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz, el ingeniero Héctor Montemayor, el Dr. Tomás Herrera, el Lcdo. José Javier Riera y el autor de estas notas.

En la parte motiva del decreto se expresa que “La República sufre una profunda crisis de valores que afecta todos los órdenes sociales, económicos y políticos, y que la democracia no puede consolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y desmoralización”. Se extiende en otras consideraciones que constituyen en esencia el compromiso dirigido a combatir la corrupción.

A los miembros de la comisión se les asignan diversas tareas que tendrán “como propósito fundamental valorar las normas y procedimientos de la administración pública, identificar aquellas deficiencias o circunstancias que incentiven o permitan su aprovechamiento con fines ilícitos y elaborar normas, trámites o principios que eviten en todas sus modalidades la práctica de actos de corrupción”.

El mismo decreto establece algunas funciones que debe ejercer la comisión “con entera libertad y sin menoscabo de aquellas que la comisión determine”.

La comisión hará los estudios y consultas necesarias para elaborar una especie de diagnóstico sobre el estado actual de la corrupción en la sociedad panameña, y dicho estudio concluirá con una serie de recomendaciones a la sociedad y al Órgano Ejecutivo para evitar o sancionar, según fuere el caso, la corrupción. Desde luego, se recomendarían los procedimientos que debe seguir permanentemente el Órgano Ejecutivo para que los actos de corrupción comprobados sean sancionados y todo vestigio de impunidad desaparezca del escenario nacional.

Se trata, por lo visto, de un intento muy serio y ciclópeo del Órgano Ejecutivo de programar un plan de acción de adecentamiento.

La comisión no tiene competencias legales ni pretende rivalizar con las instituciones existentes encargadas de perseguir a los delincuentes y de castigar la comisión de los delitos inherentes a la corrupción. Es una comisión comprometida exclusivamente con la defensa de los valores morales, y a la preservación de esos valores está dirigida su responsabilidad.

Se trata de una comisión cuyo éxito no lo determina exclusivamente la dedicación y dignidad personal de sus miembros, sino la firme promesa de la presidente de la República de darle cumplimiento a las recomendaciones fundadas de los comisionados. Si tal promesa o decisión no estuviera de por medio, los comisionados no hubieran aceptado asumir una responsabilidad tan honrosa como delicada.

En síntesis, la comisión no tiene la fuerza coercitiva propia de las autoridades instituidas por ley para imponer sus decisiones. Solo cuenta con el valor moral de la palabra de la presidente de la República, doña Mireya Moscoso, de hacer cumplir las recomendaciones correctivas que le presente la comisión, bien sancionando a los corruptos o bien denunciando el caso ante el Ministerio Público, y dando siempre adecuado seguimiento a sus denuncias.

El primer deber de la comisión es auscultar de modo directo la percepción que tienen los diversos estamentos sociales acerca de la corrupción existente en el país. Escuchar serenamente todos los planteamientos y elaborar un inventario de las acciones y omisiones del sector público y privado que a juicio de tales estamentos o de los comisionados comprometen o lesionan los bienes morales y jurídicos de la sociedad.

En el diagnóstico final se destacarán muy objetivamente las causas y prácticas que dan vida al flagelo de la corrupción, que de ordinario desprestigia y termina por liquidar el sistema democrático.

Un diagnóstico de esta naturaleza no podría hacerlo nunca un conjunto de profesionales que no sienta respeto por la sociedad o que carezca de un sentido de la historia. De modo que la comisión solo tendría éxito si responde a las motivaciones éticas consagradas en la parte motiva del decreto, todas dirigidas a reconocer los desajustes morales que hoy afectan a la sociedad en general.

La decisión del Órgano Ejecutivo de crear una comisión para combatir la corrupción ha sido aceptada con simpatía en algunos sectores muy mayoritarios, otros han descalificado su papel por carecer de poder coercitivo, otros han solicitado su ampliación. También han surgido los cainistas y depredadores profesionales que se han dedicado, como de costumbre, a morder el nombre de los integrantes de la comisión.

La mayoría de los miembros de la comisión pasan del medio siglo de vida. El comportamiento cívico de los hombres decentes responde a sus convicciones éticas y a los prístinos mandatos de su conciencia.

En una gestión de tremendo interés nacional, y tan indispensable para el fortalecimiento de la democracia como ideario supremo de la sociedad decente, quien se respete a sí mismo jamás podrá apartarse del camino real de la rectitud para tomar las veredas o atajos del oportunismo o del adocenamiento.

La comisión ad honorem designada para combatir la corrupción cumplirá con su misión cívica y no tiene la menor duda de que la presidente de la República hará efectivas las recomendaciones que se propondrán.

Es innegable que el país decente tiene la sensación de que con el decreto ejecutivo que crea una comisión para combatir un delito específico, se ha iniciado una cruzada larga y dura para salvar a la democracia del cáncer de la corrupción. Este gran empeño por el adecentamiento del país debe unir a todos los panameños comprometidos seriamente con una democracia política, económica y moral.

Un vencedor en el campo de los ideales de libertad:

El artículo original se publicó el 26 de enero de 2002.