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- 29/04/2021 16:44
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El abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, creador de la iniciativa ciudadana, que busca reformar el Código Procesal Penal defiende su anteproyecto de ley.
Bartlett Quiel asegura que se puede entender que el Procurador de la Nación, defienda la ausencia de término para la fase de investigación preliminar, que se traduce en infinito, pero “rechazamos con energía, que se busque el patrocinio a la impunidad”.
“Todo en la vida tiene términos, y en materia procesal, en todas las jurisdicciones, administrativa, familia, civil, se cuenta con términos de ley dirigidas a garantizar actuaciones de las partes y respuesta oportuna de la justicia.”, aseguró el abogado.
La iniciativa que fue prohijada en la Asamblea Nacional, tendría como objetivo establecer un término de tiempo límite para que el Ministerio Público concluya con la fase de investigación preliminar establecida por el artículo 271 del Código Procesal Penal.
La modificación incluye que el Ministerio Público contará con un término de hasta seis meses para culminar la fase de investigación preliminar contados a partir de admisión de la denuncia o querella. Culminado dicho término, queda obligado a proceder con lo establecido por el artículo 275 o en su defecto, a la formulación de la imputación conforme a lo dispuesto por el artículo 281.
“Mientras se defiende el ejercicio infinito de la acción penal por parte del Ministerio Público, nuestro objetivo es la defensa de garantías, principios, igualdad de las partes, justicia en tiempo razonable, todo, en concordancia con la Constitución y los Convenios Internacionales. De esto se trata el estado democrático de derechos”, sostuvo Bartlett Quiel.
“Los años han demostrado al país que la eficacia de las investigaciones no depende del tiempo infinito, sobran los ejemplos de investigaciones de cuatro y más años, los resultados evidencian impunidad por causa de investigaciones deficientes y hasta sesgadas y selectivas, que han pretendido sea responsabilidad exclusiva del Órgano Judicial.”, agrega el creador de la iniciativa que modificará el Código Procesal Penal.