Cuestionan mora judicial en caso de autoridades locales condenadas por peculado

La mora del Órgano Judicial en aquellos casos en los que han sido condenadas autoridades locales por delitos contra la administración pública, fue cuestionada por sectores de la sociedad civil, luego de que la representante del corregimiento de Chilibre, la perredista Yoira Perea, quien fue sentenciada a 60 meses de prisión por un delito de peculado, fuera juramentada como presidenta del Consejo Municipal de Panamá.

Y no solo eso, le acompañará en este periodo como vicepresidente del concejo, el representante de San Felipe, Mario Kennedy, condenado en 2012 por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Junta Comunal del corregimiento.

El proceso de Kennedy se inició a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República –remitida al Ministerio Público en 2005–, que detectó una posible lesión patrimonial por $441 mil 592, tras el manejo presuntamente irregular de fondos en la Junta Comunal de San Felipe entre 1999 y 2003.

El caso contra Kennedy que inició en 2005 se definió en agosto de 2021, luego que la Sala Penal no admitiera un recurso de casación interpuesto por su abogado.

En el caso de Perea, quien tomó posesión como presidenta del Consejo Municipal el pasado martes 3 de enero, esta se encuentra dentro de un grupo de 30 personas que fueron condenadas después de 14 años de iniciada la investigación por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Ministerio de Educación.

Tras la investigación, se habría comprobado la malversación y apropiación de dineros pertenecientes al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), por la suma de $1,568,063.82 millones.

Para Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), la responsabilidad de este tipo de situaciones es del Órgano Judicial.

“Todos los casos penales que involucren a funcionarios de alto nivel y de candidatos políticos, deben tener prioridad para que los juicios, apelaciones y casaciones se resuelvan rápido, evitando que tengamos funcionarios delincuentes con acceso a millones de dólares de todos los panameños”, precisó.

Agregó que la ausencia de Carrera Judicial y las prácticas de corrupción desde la propia Corte Suprema tomarán años en corregirse, por lo que consideró que los ciudadanos y medios de comunicación deben seguir presionado para tener una justicia objetiva, expedita e independiente.

Sostuvo además que se tienen demasiados casos por resolver del sistema inquisitivo mixto, que resultan en procesos muy lentos y con espacios a muchas prácticas dilatorias por parte de los abogados. “Básicamente, si tienes los recursos e influencias puedes hacer que el sistema sea mucho más lento”, precisó.

Por su parte, Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana indicó que esta situación es síntoma de un mal mayor: “la ausencia de exigir integridad y ética a quienes ocupen cargos públicos”.

“Y esto tiene su raíz, en parte, en que en los propios partidos políticos —que deben ser formadores en temas de servicio público— pareciera que también ha dejado de ser un valor”, agregó.

El ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, quien dijo no conocer los detalles de los expedientes de cada caso, señaló que usualmente lo que pudo haber ocurrido es que alguno de estos casos no se encuentren en firme y estén pendientes de resultados de algunas actuaciones legales instauradas en la Corte Suprema de Justicia.

“Lo cierto es que frente a esta realidad, se empaña la imagen del Consejo Municipal y de sus integrantes. Esto nos obliga a pensar a futuro como electores, de a quién le damos el voto para representarnos”, dijo.

En cuanto al hecho de que estos procesos demoren muchos años en resolverse, Fraguela precisó que esa es la pregunta que todos nos hacemos. “No hay justificación para que demoren en resolver los recursos o acciones instauradas”.