CSS y su rol como agente inversor en el desarrollo urbano

En 1941, la Caja de Seguro Social (CSS) fue creada como un organismo de previsión social, el cual, a partir de las cuotas obrero-patronales, debía cubrir a los trabajadores por los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.

Para dar sostenibilidad a este sistema se le autoriza a la entidad, a partir de la Ley 134 de 1943, la inversión del dinero obtenido a través de las cuotas obrero-patronales y otros ingresos, en bienes raíces de renta y construcción de viviendas para los asegurados, y la participación en empresas de carácter industrial, siempre que dicha participación no sobrepase el 25% del capital total de cada empresa ni el 25% de los capitales de la institución.

Legislaciones sucesivas (1944, 1947, 1954, 1975) le permitieron a la CSS ampliar la cartera, así como el margen de exposición de su capital al riesgo en estas inversiones.

De esta forma, se le autoriza a “edificar por cuenta propia o financiar la construcción de viviendas para los asegurados, mediante empréstitos garantizados al Banco de Urbanización y Rehabilitación (BUR) o a otras entidades autónomas que con tal fin fueran creadas”, (Gabinete, 1947).

Bajo este marco jurídico la CSS se convierte en inversor urbano, casa y terrateniente. Para 1952 se reportaba que, gracias a los préstamos de esta institución, se habrían podido realizar obras como el complejo hospitalario, el hospital Nicolás Solano, el hospital de Penonomé, el acueducto de Chitré, la escuela de Artes y Oficios, el colegio Abel Bravo y la escuela Pablo Arosemena en Colón, el colegio Félix Olivares en David, además del campus de la Universidad de Panamá.

Así mismo, la CSS concedió préstamos a particulares con el fin de construir el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, el colegio de los Hermanos Cristianos (La Salle), el hotel El Panamá, además de permitir el inicio de operaciones de Cemento Panamá.

Se facilitaron también fondos al Estado para la realización de obras de infraestructura como el hipódromo Presidente Remón o el aeropuerto de Tocumen (CSS, 1952).

Sería la inversión en proyectos de vivienda social, una de las principales apuestas de los fondos recaudados por parte de la Caja de Seguro Social, desde su creación.

La institución participa en la realización de proyectos de apartamentos de alquiler en los corregimientos de El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia, además de la ciudad de Colón.

Los edificios conocidos como las Rentas, viviendas en El Cangrejo y proyectos como el de Miraflores, en Betania, fueron construidos con fondos de la CSS.

Temprano en la ejecución de estos proyectos, los directivos de la CSS lamentan la realización de estas inversiones, especialmente en el caso de Las Rentas. Para 1952, la CSS reportaba que, “creemos que la falla principal de la política inversionista de la Caja ha sido precisamente la falta de planificación. La inversión de sus grandes sumas de dinero debe fundamentarse en estudios minuciosos en relación con la situación económica del país, las conveniencias sociales y económicas, todo ello dentro de un plan general de inversiones que pueda abarcar varios períodos anuales”.

Este mismo informe de 1952 cierra señalando que, “los edificios de renta que ha hecho la Caja de Seguro Social han aliviado el problema de la vivienda, pero no han sido una buena inversión para la institución. Hay algunos que producen una renta que se acerca al interés actuarial, pero hay otros, en cambio, que han dejado pérdidas y en promedio escasamente producen 3% de interés anual sobre la inversión” (CSS, 1952).

A pesar de estas observaciones, los fondos del seguro social continuaron siendo un instrumento para la financiación de la política de vivienda social del Estado durante las décadas de 1970 y 1980, sin que esta falla de la que habla el reporte de 1952, sobre la falta de planificación, se hubiese resuelto, con lo cual, muchas de estas inversiones resultaron en edificaciones que terminaron deteriorándose y convirtiéndose en zonas degradadas de la ciudad.

Ante la reciente estrategia anunciada por las autoridades de la CSS, de identificar opciones de inversión para los terrenos propiedad de la institución, conocidos en la actualidad como “activos no productivos”, se hace urgente plantearse la necesidad de entender y visualizar el rol de la CSS como un terrateniente y agente financiero del desarrollo urbano, y las implicaciones de esta condición.

Desde este punto de vista, se requiere que el gobierno de la ciudad cuente con los instrumentos de planificación urbana y política de vivienda social, que faciliten a la CSS, conocer cuáles son las mejores opciones de inversión que pueden tener los fondos y las tierras con que cuenta esta institución. En segunda instancia, es necesario vincular a la institución, y a otros agentes inversionistas similares, a los procesos de planeación urbana, con el fin de poder negociar con estos sus estrategias de inversión y la forma como estas se podrían relacionar con el desarrollo de la ciudad.