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- 24/02/2022 00:00
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El primer paso para resolver un problema es entenderlo y eso implica identificar su causa raíz. La quiebra técnica del subsistema de beneficio definido se debe a la gran irresponsabilidad de haber permitido la existencia de su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sin contar con los recursos necesarios. Cuando se sancionó la Ley 51 del 2005 se sabía que tarde o temprano los fondos se iban a acabar para dicho subsistema. Fue equivalente a decir “me jubilo y mi pensión la pagarán las generaciones futuras”, sin importar si existirían o no los fondos y quiénes lo aportarían.
El principal acto de responsabilidad financiera es gastar solo los recursos que se tiene y endeudarse solo hasta donde se pueda pagar.
Lamentablemente a veces se distorsiona el concepto “solidaridad”. Esto último implica que las personas más privilegiadas colaboran con aquellas más vulnerables, para que puedan alcanzar niveles mínimos de subsistencia. Ser solidario no significa querer jubilarse con dinero ajeno, generando obligaciones de pago de pensiones sin conocer si los responsables de hacerlo tendrán los recursos. No se puede hipotecar el futuro de las próximas generaciones a costa de los que se jubilan hoy.
El sistema de jubilación actual ha fracasado. Pronto (se estima que ocurriría aproximadamente en 2024), los jubilados del subsistema de beneficio definido no tendrán fondos para su pensión. Por su parte, los futuros jubilados del subsistema mixto no conocen con exactitud cuánto han aportado, cuánto han ganado de rendimiento sus aportes y con cuánto se jubilarían.
El actual sistema de pensiones requiere una reforma integral. La principal característica de un nuevo sistema debería ser la sostenibilidad, es decir, que no comprometa la estabilidad fiscal. Panamá es un país deficitario en su balance fiscal, con necesidades de infraestructura y servicios sociales inmensas. Es importante poner un “candado” al uso futuro de los recursos fiscales y aislarlo de fondos que pagan pensiones. Esto solamente puede hacerse a través de un sistema de ahorro individual. Este último cumple con uno de los principios fundamentales de la jubilación: la proporcionalidad, es decir, mayores aportes, mayor pensión.
Este esquema es muy similar al de una “cuenta de ahorros navideña”, con la diferencia en que no son 11 meses de contribución, sino 500. Tal como ocurre con los estados de cuenta bancarios, los aportantes podrían conocer mes a mes, cuánto tienen y cuánto están recibiendo de intereses. Esto permite que sientan confianza en que sus fondos existirán siempre y cualquier aporte adicional que hagan se mantendrá resguardado en la misma cuenta. Por ley deberían ser individuales, de propósito específico e inembargables.
Esto sistema permitiría que los afiliados puedan tener un abanico de opciones para su aporte (por ejemplo, 10%, 12% y 15%) y serán conscientes que, si escogen una tasa más baja de aporte, su pensión también lo será (y viceversa).
Un sistema de ahorro individual también resuelve la álgida discusión sobre la edad de jubilación. Será muy sencillo, quien desee jubilarse de manera temprana, podrá hacerlo, pero consciente de que el monto de su pensión será bajo. Por otro lado, quien desee continuar luego pasar la edad de jubilación referencial, no solo será libre de hacerlo, sino que se beneficiaría al recibir un monto de pensión más alto (más aportes, más intereses, menos tiempo de renta vitalicia).
Otra ventaja del sistema de ahorro individual es que genera incentivos para el aporte de los independientes (actividad muy creciente). El sistema actual genera gran incertidumbre y eso limita aportes voluntarios o de independientes. Cuando se escuchan propuestas para “fusionar” los sub sistemas de beneficio definido y mixto, muchos aportantes se preguntan ¿para qué voy a hacer aportes si eso no financiará mi pensión sino la de otros?. Es un cuestionamiento válido y se convierte en un desincentivo al ahorro. Porque en esencia eso es un sistema de pensiones, un mecanismo de ahorro para una situación futura. Por otro lado, si el aportante confía en el sistema, lo verá como cuenta propia con beneficio futuro y no como un “dinero perdido”. Esto no garantiza al 100% las aportaciones de independientes, pero genera incentivos que aumentan la probabilidad de que ocurra.
El sistema de ahorro individual, sin embargo, no resuelve todos los problemas previsionales, sobre todo el de insuficiencia de pensiones. Cuando ellas no alcanzan para las condiciones mínimas de subsistencia, es necesario incorporar un elemento solidario a la ecuación.
Panamá tiene características muy particulares. En Latinoamérica es uno de los países con mayor ingreso per cápita, pero al mismo tiempo es uno de los países con peor distribución de riqueza. Un sistema de ahorros exclusivamente individual abandonaría a las personas más vulnerables económicamente.
El componente solidario debería: primero, estar dirigido solo a un segmento de la población (el menos beneficiado económicamente); segundo, ser complementario (con el objetivo de acercar las pensiones más bajas a los niveles mínimos de subsistencia, sobre todo en lo alimentario); y, tercero, contar con recursos claramente definidos, establecidos y sostenibles. Para ello, se requiere la creación de un Fondo de Contribución Solidario, que sea autónomo, específico y sostenible.