Crisis por contrato minero llega a su cuarta semana

La crisis generada en el país tras la aprobación de la Ley 406, con la cual se avaló en contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, entra ya en su cuarta semana de manera consecutiva.

Hoy se cumplen ya 24 días de protestas en diversos puntos del país y por lo anunciado ayer por las organizaciones que integran la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), estas continuarán a lo largo de esta semana.

Los miembros de la Anadepo, de la Alianza Pueblo Unido y dirigentes de algunos bastiones de los pueblos originarios, anunciaron ayer que mantendrán las acciones de protesta.

Informaron que mantienen la solicitud de exigencia al gobierno para que se derogue la Ley 406, también seguirán con las acciones de entrega de volantes y los cierre de calles.

Informaron además que la huelga docente se mantiene hasta la derogatoria de la ley 460 y que el miércoles 15 de noviembre harán una concentración en contra de la audiencia de apelación del caso de las dos personas asesinadas en Chame.

De igual manera, para el este jueves 16 y el lunes 20 de noviembre anunciaron cierres totales durante 24 horas continuas.

En el oriente de la provincia de Chiriquí comienzan a surgir diferencias entre los líderes de diversos puntos de cierre.

Aunque la mayoría anunció la apertura de la vías principales por 12 horas hoy lunes, debido a la falta de insumos médicos y alimentos, dirigentes del denominado bastión de Tolé anunciaron que en ese punto no habrá apertura.

El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, por su parte, marcharon ayer hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exigieron al Órgano Ejecutivo que rompa con el silencio frente a los graves acontecimientos que están sucediendo como la escalada de actos violentos, que ya han tomado víctimas fatales.

“Instamos al Gobierno y a todos los actores interesados a actuar con prudencia y promover la paz. Es imperativo que las autoridades den el ejemplo y protejan en su honra y vida a la población, en lugar de hacer uso de violencia injustificada, lo que solo genera un clima de temor e inestabilidad”, indicaron.

Recordaron que han venido abogando por la resolución de este problema a través de los canales de la institucionalidad democrática, por lo que instaron a la CSJ a no desdecirse de sus criterios de 2017 y 2021 y “actuar finalmente con la diligencia y gallardía requeridas para recuperar su lugar en la separación y balance de los poderes de nuestro Estado”.

Diversas organizaciones iniciaron ayer una vigilia en la Corte hasta que se defina las demandas de inconstitucionalidad.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), advirtió que la paralización en las calles y las huelgas docentes amenazan a más de 38 mil estudiantes que reprobarán el año y a otros 85 mil que tendrán que repetir materias, según las cifras estimadas por el Ministerio de Educación.

El gremio planteó que la paralización del país, aprovechándose de una protesta legítima y pacífica liderada por la juventud, ha revelado la presencia de organizaciones radicales y políticas, quienes abiertamente o escondiéndose detrás de ellos, promueven de manera intencional y orquestado el caos y la violencia, afectando la vida y los derechos humanos de toda la población.

En tal sentido, consideraron que el gobierno ha demostrado una respuesta pasiva que ignora el respeto a los derechos constitucionales. “Se ha dejado de gestionar la crisis tanto en las calles, como en la posibilidad de generar acercamientos para mediar una salida a la crisis actual”. “La estrategia parece ser sentarse a ver cómo se arruina cada día la vida y el bienestar de millones de compatriotas, hasta tanto la Corte Suprema de Justicia emita el fallo en relación con la Ley 406 de 2023”, cuestionó la CCiap.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del oficialita Partido Revolucionario Democrático (PRD), liderado por el diputado y presidente del partido Benicio Robinson, pidió ayer al gobierno agilizar una salida a la crisis, en la que deben estar presente todos los sectores de la sociedad, especialmente la juventud, obreros, sector empresarial, grupos indígenas, sectores magisteriales y profesionales.

Para el gobernante PRD, el descontento existente comprende motivaciones que rebasan el problema minero y “son el resultado de la ausencia de un modelo político-económico de ejecutorias sociales justas, equitativas y con equidad”.

Aseguran que la crisis que vivimos exige una salida madura y digna a través de un consenso que se derive de un nuevo pacto social, que sea la expresión de todos los sectores.