Cortizo instruye al Mides y la Senniaf a constituirse en querellantes como partes afectada

Actualizado
  • 17/02/2021 18:29
Creado
  • 17/02/2021 18:29
El mandatario, en un mensaje a la nación, ordenó la presentación de un proyecto de ley que aumente las sanciones por delitos sexuales contra menores de edad

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, instruyó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) a constituirse en querellantes en las investigaciones donde haya indicios de violación de derechos humanos contra menores de edad en albergues.

El mandatario, en un mensaje a la nación, ordenó la presentación de un proyecto de ley que aumente las sanciones por delitos sexuales contra menores de edad y anunció una rigurosa auditoría a los fondos que destina el Estado para la administración de albergues.

Cortizo recalcó la necesidad de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, compromiso del que nadie puede excluirse, recordando que en su administración en julio de 2020 tanto el Mides como la Senniaf presentaron denuncias criminales ante el Ministerio Público “contra quienes resulten responsables sean ONG’s o Fundaciones por presuntos delitos en el funcionamiento de albergues”.

Acompañado por la Primera Dama de la República, Yazmín de Cortizo, el presidente dijo que ambos comparten el dolor y la indignación por las revelaciones de situaciones que se registran en varios albergues, donde se lesionan los derechos fundamentales de nuestros menores de edad.

Cortizo dijo que en los próximos 15 días el Mides  presentará ante la Asamblea el proyecto de ley que aumenta las sanciones por delitos de abuso sexual contra menores de edad.

Por otro lado, y a fin de asegurar la celeridad de los procesos en la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia, el mandatario instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas a coordinar con el Órgano Judicial la dotación de los recursos necesarios.

Decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente y violentamente maltratados física y sicológicamente por sus cuidadores durante los últimos cuatro años en al menos 12 albergues de Panamá financiados y supervisados por el Estado.

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