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Corte confirma sentencia contra representante Ramón Ashby
Actualizado
- 03/08/2023 00:00
Creado
- 03/08/2023 00:00
La decisión está plasmada en el edicto número 212 del 31 de julio de 2023, que sustenta el rechazo de la aclaración
La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó de plano las solicitudes de aclaración presentadas por el apoderado legal de Ramón Ashby Chial, representante del corregimiento de Calidonia. La decisión está plasmada en edicto número 212 del 31 de julio de 2023.
La jueza Nixela Aizprúa, del Juzgado Undécimo Penal, condenó a Ramón Nonato Ashby Chial, miembro del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) a 60 meses de prisión por el delito de peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia.
Recibieron esta misma pena Ricardo Cannolly, Juan Manuel Suárez Navarrete e Inés Gómez de Meléndez, informó en su momento Ministerio Público en un comunicado.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la Junta Comunal no sustentó gastos vinculados a contratación de personal, adquisiciones de bienes y servicios por la suma $505,355.25.
Ashby intentó revertir la sentencia 101 del 6 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito de los Penal del primer circuito Judicial de la provincia de Panamá.
Una investigación de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, tras un informe de auditoría especial, del 18 de septiembre de 2009, de la Contraloría General de la República encontró irregularidades en la Junta Comunal de Calidonia.
La condena a Ashby se suma a la impuesta a su colega Mario Kennedy representante del corregimiento de San Felipe. En junio, la Sala de lo Penal rechazó de plano, por improcedente, la solicitud de aclaración de la resolución de 2023, que no admitió un recurso de casación interpuesto por el abogado de Kennedy, contra una decisión del Segundo Tribunal Superior.
Kennedy fue condenado a 48 meses prisión luego de determinar que cometió delito de peculado doloso en perjuicio de la Junta Comunal del corregimiento. En este caso la Contraloría remitió al Ministerio Público en 2005 la investigación de la posible lesión patrimonial por $441.592, tras el manejo presuntamente irregular de fondos en la Junta Comunal de San Felipe entre 1999 y 2003.
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