De correccionales a universidades del crimen

El espíritu original por el que se establecieron las prisiones estaba enfocado en que funcionaran como centros de corrección de quien hubiera quebrantado la ley. Los sistemas penitenciarios, en el camino, perdieron la brújula. Las cárceles se han convertido en sitios de castigo, en donde encierran a los reos. Lejos de cumplir sus objetivos, el sistema que tenemos propicia la corrupción, la violencia y la delincuencia en las calles y en los propios establecimientos carcelarios.

La ausencia y la debilidad de los programas de rehabilitación y reinserción social no solo son una abierta afrenta a la Constitución Política de la República, al no ceñirse a los a los principios que deben motorizar el sistema penitenciario panameño; los jueces, en no pocos casos, violan la ley. Terminan acentuando, además, la conducta criminal de los reos que llegan a especializarse en la criminalidad. Así han coincidido un criminólogo y un sociólogo consultados por La Estrella de Panamá.

La Ley 55, que organiza el Sistema Penitenciario Nacional, en su artículo 6 establece la rehabilitación de los reos con base en un adecuado tratamiento penitenciario. Contempla el trabajo, la educación, la capacitación y la práctica de valores morales, para que el ser humano que ingresó al sistema, salga con las capacidades para vivir en sociedad.

Los programas educativos, vocacionales y de conmutación de penas de los reclusos, no funcionan con eficiencia y, no precisamente por la motivación de los afectados. Los reos que cumplen con los requisitos para acceder a los programas, enfrentan dificultades por la falta de oportunidades, las demoras en los trámites y la corrupción del sistema.

De acuerdo con el informe de gestión de 2021, de la entonces ministra de Gobierno. Janaina Tewaney, ahora encargada de la cartera de Relaciones Exteriores, un 21% de los reclusos participa de programas laborales, productivos y de atención especializada. Otro 16% está inserto en el sistema escolar, según cifras suministradas por el Ministerio de Educación.

Los escasos programas que hay en las cárceles carecen de una base científica, porque no existe un equipo de especialistas que haga un diagnóstico científico e integral de la conducta criminal, que puede verse afectada por múltiples factores: sicológicos, físicos y biológicos, y los trastornos bioquímicos y hormonales, explicó el criminólogo y pastor evangélico Marco Aurelio Álvarez.

Por su experiencia de trabajo en las calles y en los guetos de la ciudad, Álvarez conoce de primera mano el entorno en el que nacen y sobreviven los delincuentes de los barrios marginados de la ciudad de Panamá.

“Esa condición socioeconómica (la mayoría proviene de familias que viven del delito por generaciones), los patrones de creencias y valores en que creció el detenido deben tomarse en cuenta en el proceso de rehabilitación. Como no son considerados esos factores, al salir del penal los reclusos no solo reinciden, sino que terminan especializados en la criminalidad”, señaló Álvarez.

A las dificultades de acceso a programas de rehabilitación se suma la carencia de una clasificación criminal, lo que contribuye a incrementar los riesgos de reincidencia delictiva. En Panamá, en un mismo calabozo, hay desde primerizos por delitos menores, hasta delincuentes seriales –sicópatas y sociópatas–, en una abierta violación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que establece que los detenidos deben estar separados de acuerdo con la naturaleza del crimen cometido.

Los reclusos inexpertos, al ser colocados con reincidentes, sufren los abusos y salen en peores condiciones de las que ingresaron a las prisiones.

“No son una cárcel, son una universidad del crimen, en donde los reclusos entran con un bachillerato en marihuana y salen con un doctorado en cocaína”. Famosa expresión de Johnny Depp, un actor, productor de cine y músico estadounidense nominado en tres ocasiones al Óscar y ganador de un Globo de Oro.

Por experiencia, Álvarez considera que de cada 10 delincuentes que cumplen sentencias, seis resultan reincidentes. Los cuatro restantes pagan con su vida el crimen cometido (ejecuciones por venganza). Es decir, que un 60% de los reclusos reincide y regresa a la prisión. Por otra parte, la reincidencia criminal se traduce en inseguridad ciudadana e incremento de la actividad delictiva.

Puso como ejemplo, además de las condiciones estructurales a las que son sometidos más de 21.000 reclusos, que la imposición de la marca de delincuente en un récord policivo por un periodo de 10 años, les impide conseguir un trabajo decente. Eso significa el doble de la pena que impone el Código Penal.

Enoch Adames, un sociólogo y académico de la Universidad de Panamá, coincidió con el criminólogo.

Adames explicó que la rehabilitación y reinserción supone una educación relacionada con competencias y valores. Pero si no existe una segregación mínima en los centros penales, por edad y tipo de delito, no habrá posibilidad de focalizar los procesos educativos para que sean exitosos.

Este sociólogo sostuvo que el crimen y el castigo no solo tienen expresiones jurídicas, en cuanto que califican y penalizan. Además, son parte de las manifestaciones sociales con las cuales la sociedad convive todos los días.

Influyen en la medida que están inscritas en las sensibilidades de una sociedad y forman parte de una cultura, cuyas prácticas institucionales modelan las formas de percibir el fenómeno del encierro y la soledad para pagar la pena .

De allí, la forma en que la sociedad concibe el crimen y los dispositivos de castigo que se reflejan, en gran medida, en el modelo de sistema penal panameño.

“La manera como se trata el crimen y el castigo, dice qué clase de sociedad es la nuestra. Una que carga el peso institucional a los que no tienen poder, y se recarga de formalismos procedimentalistas, cuando se trata de los que tienen poder”, recalcó Adames.

Este académico observó, al mismo tiempo, que el crimen y el castigo, en tanto ocurren y transcurren como eventos multidimensionales, siempre interiorizan y modelan concepciones y emociones, y también estructuran prácticas.

“En la medida en que la acción es meramente punitiva, y no ofrece alternativas de rehabilitación, profundiza la desviación y refuerza acciones potencialmente delictivas”, concluyó Adames.

La transformación del sistema penitenciario panameño para remodelar las deterioradas infraestructuras, y mejorar las condiciones de los funcionarios, requiere millonarias inversiones a fin de que puedan cumplir esos propósitos.

Es prioritario también establecer políticas públicas a largo plazo, que trascienden gobiernos, y trabajar en la prevención del delito en niños y jóvenes.

Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, recomienda prevención en la niñez y la juventud para evitar que caigan en los tentáculos de la mafia, narcotráfico y criminalidad.

El ombudsman promueve un censo penitenciario, para recabar datos que permitan dictar políticas públicas a largo plazo. “Es necesario cambiar la forma de la educación, llegar a barrios donde hay calderos de personas presas, para trabajar de manera preventiva”, consideró Leblanc para reducir la delincuencia y el hacinamiento.

Nadia Noemí Franco Bazán, catedrática de derecho penal de la Universidad de Panamá, con posgrado en estudios criminológicos e investigadora del sistema penitenciario, propuso crear modelos de autogestión que generen ingresos y permitan enfrentar los gastos que representan más de dos decenas de miles de reclusos.

“Es necesario educar a los panameños para que comprendan el funcionamiento del sistema, lo duro que es tener a una persona recluida tantos años”, indicó.

Gilberto Toro, experto en trabajos con reos, recordó que existe la creencia de que los presos son “delincuentes”; que no merecen condiciones adecuadas, como parte del castigo por el delito cometido. Sin embargo, la sociedad no reacciona hasta que un familiar o amigo cercano experimenta lo que es estar en una cárcel.

Toro recomendó construir un nuevo modelo de centro penitenciario y remodelar infraestructuras; formar mejor a los funcionarios, desde el director hasta los custodios.

Otra recomendación la hizo el arquitecto Carlos Clément. Por su experiencia en el diseño de cárceles en varios países latinoamericanos, además de edificios importantes en la ciudad de Panamá, planteó que el gobierno debe invertir $20 millones, por lo menos, en cada penitenciaría para solucionar el actual hacinamiento.