Comisión de Credenciales no admite y archiva cuatro querellas contra magistrados de la Corte

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó este jueves no admitir y archivó cuatro querellas y denuncias presentadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el argumento de que las mismas no cumplían con los requisitos mínimos para su admisión.

También argumentaron que constitucionalmente a la Asamblea Nacional no le es permitido emitir concepto sobre resoluciones o fallos de la CSJ.

Una de las denuncias archivadas estaba contenida en la carpeta 241presentada por el  Víctor Crosbie Castillero contra el magistrado de la Sala Civil de la CSJ, Hernán De León por los supuestos delitos de prevaricato impropio, abuso de autoridad y delitos contra la administración pública.

Otro querella penal estaba contenida en la carpeta 261 presentada por José de Jesús Góndola Molinar en representación del señor Julio César Lisac contra los magistrados José Ayú Prado y Ceciclio Cedalise Riquelme por los supuestos actos ejecutados en perjuicio del libre funcionamiento del poder público en la modalidad de violación del procedimiento de ejecución de la sentencia contra el Estado de 11 de noviembre de 2010.

La tercera querella penal no admitida estaba contenida en la carpeta 264 presentada por José Ángel Hernández contra los magistrados Abel Augusto zamorano, Oydén Ortega Durán, Harrry Díaz, Jose ´Ayú Prado, Ángela Russo de Cedeño, Cecilio Cedalise  y Hernán De León; por el supuesto delito de desconocer todo el cúmulo de actos y hechos jurídicos que se traducen en violaciones a las garantías fundamentales del denunciante. Se plantea en la querella que la actuación antijurídica recae en la falta de cumplimiento de los deberes de su destino, al omitir, retardar y rehusar su obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución.

La cuarta denuncia penal archivada estaba contenida en la carpeta 282 presentada por Manuel Antonio Guillén,  representante de la firma de abogados Guillen y Asociados y el licenciado Olmedo Guillén, quien actúa en nombre propio y en representación en su calidad de socio contra el magistrado de la CSJ Luis Ramón Fábrega, por el supuesta comisión de actos y omisiones ejecutados en el ejercicio de sus funciones públicas, violatorios de la Constitución y las leyes, que se figuran en delito en perjuicio del libre funcionamiento del poder público, así como perjuicios de la referida firma de abogados y del cliente y la empresa Súper Leones Hermanos.

Los diputados Roberto Ábrego; presidente de la Comisión de Credenciales, Gonzalo González, Jairo Salazar, Maira González; suplente del diputado Francisco Alemán, Ariel Ortega; suplente de Lilia Batista, Rony Araúz y Everardo Concepción; votaron a favor de la no admisión de estas querellas y denuncias.

Mientras que el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva, votó en contra del archivo de las mismas.

Silva pidió que se nombrara una subcomisión para que en ella se analizara estos expedientes sin que necesariamente se determinara la culpabilidad o inocencia de los denunciados.

"Mi opinión es que a todos esos magistrados que se querellaron hay que investigarlos a detalle. Algunas de las querellas son menos profundas que otras, pero en todas se fundamenta un querellante, un querellado, cuál es el delito, cuál es la argumentación y cuáles son los hechos. Yo creo que hay que crear esa subcomisión para estudiar el tema a profundidad porque la Asamblea tiene que jugar su rol", precisó Silva.

También cuestionó el por qué se tramitaron estas cuatro querellas, a pesar de que hay muchas otras presentadas con anterioridad y que no se han ventilado. “Tenemos que tener un orden, tenemos que ver todas esas denuncias porque la ciudadanía con justa razón, no confía en el Órgano Ejecutivo, ni en el Judicial ni en el Legislativo”, enfatizó.

Para el presidente de la Comisión de Credenciales, Roberto Ábrego, la mayoría de los comisionados coinciden en que no se cumplen con los requisitos mínimos para que esta instancia admita estas denuncias o querellas.

Indicó que en estos casos las pruebas que se aportan están basadas en sentencias de fallos o resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, y a la Asamblea por Constitución dijo, le está prohibido dictar resoluciones que afecten a otros órganos del Estado. “Nosotros no podemos constituirnos aquí en un tribunal de otra instancia para evaluar resoluciones de la Corte que son de carácter definitivas y obligatorias”.

´Ábrego manifestó que se están considerando primero las denuncias que no cumplen con los requisitos mínimos y para la próxima semana se realizarán sesiones extraoficiales para examinar proceso por proceso para que cada comisionado tenga el juicio de valor necesario para que en la semana posterior en una sesión judicial, haya un debate mayor ante la posibilidad de que algunas querellas pueden tener fundamento y sustento.