El Colegio de Abogados de Panamá rechaza las publicaciones de los Papeles de Pandora

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) rechazó categóricamente cualquier planteamiento que la investigación periodística internacional 'Papeles de Pandora' haga sobre los servicios legales que se prestan en el país y del papel de los abogados panameños para simular actividades ilícitas o ser de alguna manera cómplices de situaciones irregulares. 

El presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, comentó que no se puede asimilar o generalizar que los abogados panameños son partícipes o cómplices de cualquier actividad ilegal. Y que, tal como pasó en el 2016 con los Panama Papers, salen hoy en defensa dentro de la legitimidad de la prestación de los servicios corporativos que ofrecen.

“Como abogacía organizada panameña no podemos permitir que los servicios legítimos creados y ofrecidos a lo largo de más de 94 años queden entredichos por la falta de acuciosidad que presenta una información que pretende simular que desde la República de Panamá los abogados fuésemos aliados de conductas ilegales o partícipes de las omisiones de ciertos individuos con sus estados de origen o de nacimiento”, indicó el presidente del CNA.

Araúz recalcó que ve con “suma preocupación” cómo en los 'Papeles de Pandora' se aplaude una práctica ilegal ajena a la ética periodística, sobre información obtenida en base a la ruptura de la confidencialidad abogado-cliente, que es una garantía en todas las estructuras de los estados de derecho del mundo, y que la publicación de la investigación se centra de manera "sesgada" en los servicios corporativos cuando existen otras jurisdicciones que prestan servicios en igual medida.

“Nosotros cuestionamos el uso de información obtenida ilegalmente porque la esencia de toda comunicación abogado-cliente es para preservar la reserva como parte de esa protección constitucional que tiene abogado-cliente y que solo debe sufrir rupturas por autoridades judiciales competentes. Hacemos un llamado a la abogacía del mundo a defender la confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente como punto de partida para definir los límites de quien juzga y quien condena en un estado de derecho y, sobre todo, que la justicia juegue el rol que le corresponde en cada país”, subrayó.

Y añadió: “Todos los contextos expuestos en la publicación deben investigarse y por eso debemos iniciar con la ilegalidad de la información obtenida que violenta las garantías legales constitucionales y convencionales en el mundo entero de cualquier ciudadano que interactúa con su abogado”.

El presidente del CNA dijo que los abogados panameños no son “ni oficiales”, ni fiscales” de ningún país del mundo respecto a sus ciudadanos, que si bien pueden estar cumpliendo los parámetros señalados del marco normativo de las leyes panameñas, aun quedan en expectativa de que esa misma persona cumpla lo mismo con su estado de origen.

“Por estas razones nos preguntamos por qué esos Estados no han legislado en sus propios territorios para impedirle a sus ciudadanos crear estas estructuras en territorios externos. Ahora quieren pretender acusar a los abogados panameños que solo prestan un servicios de buena fe”, manifestó. 

Araúz defendió que ningún país del mundo puede ignorar la evolución que ha tenido la legislación panameña, que ha logrado controles robustos y eficientes a las operaciones destinadas a un comercio legítimo, que pueden ser comparables a la de otros países que pueden utilizar el mismo sistema.