Coimas, una práctica sistemática sin solución

Para “José” y “Manuel”, ser extorsionados camino a casa no formaba parte de sus planes del viernes por la noche. En la madrugada del sábado, tras salir de una discoteca en la vía Argentina, ambos fueron detenidos en un retén policial.

“Mi amigo había tomado un poco, pero estaba en condiciones para manejar”, relató ‘Manuel’ a La Estrella de Panamá, denunciando el abuso de autoridad que sufrieron.

Los agentes sometieron a “José” a la prueba de alcoholemia, la cual superó sin problemas. Luego, revisaron su licencia, los documentos del vehículo y demás papeles, sin hallar irregularidades por las cuales pudieran seguir reteniendo el auto.

Sin embargo, cuando “Manuel” cuestionó el motivo de la detención, un oficial fue directo al punto: “Nos pidió una suma de dinero”, afirmó.

El policía solicitó $40 para dejarlos continuar. “Manuel”, dispuesto a pagar, intentó hacer la transferencia vía Yappy, pero el agente se negó.

“Me preguntó si tenía efectivo. Al decirle que no y ofrecerle solo la transferencia, desistió, porque sabía que así tendríamos su información personal y podríamos acusarlo con pruebas en algún futuro”, explicó.

Al igual que este caso, este tipo de sobornos le ha sucedido a decenas de personas en Panamá. El famoso cobro de coimas es un tipo de delito ligado a la corrupción por parte de funcionarios y autoridades con el fin de obtener algún beneficio.

Así como en este caso, numerosos panameños en algún momento han sido víctimas de los conocidos cobros por coima. Y es que en Panamá, la corrupción entre las autoridades y funcionarios ha sido el objeto de atención durante los últimos años.

En el caso de la Policía, solamente el año pasado se investigó a 970 agentes por faltas disciplinarias, lo que resultó en la destitución de más de 90 personas, siendo algunas de las infracciones más comunes la conducta indecorosa y otro tipo de acciones que perjudicaban la imagen de la institución.

La abogada Olga de Obaldía explica que el fenómeno de las coimas es complejo, debido a una variedad de situaciones que pueden llevar a este tipo de sobornos.

“Esto implica dos conductas criminales: el servidor público que la cobra y el ciudadano que la paga”, afirmó la experta a este medio.

La única Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (Envip) realizada por el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) de Panamá reveló que el cobro de coimas es el segundo delito más frecuente reportado por los ciudadanos.

Este es más recurrente en áreas como San Miguelito, Bocas del Toro y Panamá Oeste.

La lista de autoridades que más concurren en este tipo de comportamientos fue encabezada por oficiales de tránsito, seguidos por empleados encargados de la expedición de licencias de conducir, la Policía Nacional, autoridades vinculadas a la expedición de licencias comerciales y Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ).

Otro tipo de funcionarios que también menciona el Envip en los resultados preliminares de su encuesta son médicos, profesores, diputados, autoridades judiciales y autoridades municipales.

“[Las coimas] socavan la propia confianza ciudadana en la institución y roba recursos en los casos de infracciones monetarias que el Estado deja de recibir”, agregó De Obaldía.

Sin embargo, la abogada reconoció que existe un factor cultural en la insistencia de las coimas, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, por lo que se requiere cambio y más integridad de ambos lados.

En contraste, La Decana también habló con la Policía Nacional sobre este tipo de comportamientos. Las autoridades manifestaron que el cobro de coimas es “inaceptable” entre los agentes.

De ocurrir el hecho, el cobro de coimas debe ser denunciado por los ciudadanos a las autoridades pertinentes para que se puedan iniciar las investigaciones sobre el hecho. Solo esto determinará lo que realmente ocurrió.

De acuerdo con el Ministerio Público y el órgano Judicial de Panamá, en el país, el soborno a servidores públicos es un delito de corrupción que se castiga con penas de prisión de tres a seis años. Además, quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar multas e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Además, las sanciones pueden agravarse si el soborno involucra a múltiples personas, el uso de armas o si se comete en el marco de un proceso judicial.

El soborno a servidores públicos en Panamá es un delito grave que afecta la transparencia y la confianza en las instituciones.

Las sanciones establecidas, que incluyen prisión, multas e inhabilitación, buscan disuadir esta práctica y garantizar el cumplimiento de las funciones públicas con integridad.

Sin embargo, para erradicar verdaderamente la corrupción, es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y sanción, así como fomentar una cultura de ética y responsabilidad en la administración pública.

Asimismo, es esencial promover una cultura de ética y rendición de cuentas dentro de la sociedad en general, de modo que la lucha contra el soborno y otros delitos de corrupción sea un compromiso colectivo que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho y al desarrollo del país.