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Actualizado
- 18/03/2017 01:00
Creado
- 18/03/2017 01:00
La Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos presentó varios casos, en una audiencia ante el organismo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Panamá un informe escrito sobre la situación que enfrentan algunos defensores de derechos humanos.
Este viernes, el organismo realizó una audiencia en la que diversas organizaciones de derechos humanos presentaron quejas contra el Gobierno por las intimidaciones de que han sido víctimas algunos defensores de derechos humanos.
AUDIENCIA Y DEMANDAS
Activistas tienen procesos civiles y penales
Autoridades de MiAmbiehte, Cancillería y Presidencia asistieron a la audiencia
La CIDH concluyó que, por la repuesta del Gobierno, en el país las protestas son reprimidas.
Las organizaciones llevaron concretamente el caso de la activista Larissa Duarte, quien enfrenta una demanda por $10 millones por su oposición a un proyecto hidroeléctrico en el río Cobre. También, las represiones, en agosto de 2016, de que fueron víctimas indígenas ngäbe buglé por oponerse al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y la amenaza a la vida contra Ligia Arreaga, por defender el Humedal y Laguna de Matusagaratí, en Darién.
Además, se presentaron los procesos judiciales de moradores de la isla Pedro González, quienes se oponen a un proyecto urbanístico.
La situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Panamá fue descrita en la audiencia por Ileana Molo, en representación de la Red Nacional de Derechos Humanos en Panamá.
Molo contó que cuatro moradores de la isla fueron detenidos por 45 días a finales del año pasado en una de las cárceles más peligrosas del país, conviviendo con presos comunes y sin un proceso judicial.
A esto se suma que actualmente hay orden de detención contra 37 personas, incluyendo 14 mujeres.
El abogado Antonio Chang estuvo presente en la audiencia y contó que la acción ante el organismo es señalar cómo el Estado de Panamá, de manera sistemática con acciones y omisiones, afecta a los que se oponen a proyectos de desarrollo que tienen graves impactos socioculturales y ambientales.
Dijo que ante la repuesta del Gobierno, la CIDH concluyó que las personas no podrían hacer uso de la protesta en cualquier parte porque serían reprimidas.
En el caso de Barro Blanco, dijo Chang, el Gobierno se limitó a enfatizar sus acciones sobre su programa y no hizo mayor mención, aparte de decir que se establecieron mesas de diálogo y consultas.
El Gobierno logró un acuerdo con la Comisión Indígena para permitir continuar con el proyecto; sin embargo, el documento fue rechazado por el Congreso General Ngäbe Buglé.
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