Los Chacales que el chacal rechazaría

Publicado originalmente el 29 de enero de 2005.

Los crímenes llevados a cabo en América Latina por los militares en el poder han sido pavorosos. Como diría Neruda en un verso de censura a los crímenes de antaño, estos asesinos son “Chacales que el chacal rechazaría”. Los extremos de maldad advertidos en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá y en otros países, no tienen parangón en la historia de la criminalidad política. Existen casos cobijados en un dramatismo terrible. En Guatemala se ha llegado a conocer que durante su última tiranía militar más de 5 mil niños fueron arrebatados de sus hogares, cuyos padres habían sido asesinados. Ahora, ya adultos, se van produciendo los retornos al seno de sus auténticos familiares, luego de haber convivido con los beneficiarios ilegítimos de los secuestros. Los reencuentros son crudos, dolorosos y resulta incomprensible la absoluta maldad, rayana en la vesania, de los militares ejecutores de estos episodios.

En Panamá hace poco le entregaron a la señora María Gálvez Quintanar los restos de su hijo Ever Quintanar, asesinado por la dictadura, hallados inexplicablemente en un depósito del Ministerio Público. Esta sufrida madre recibió los despojos de su hijo y no tuvo palabras de rencor. Envuelta en el manto de la piedad y de la resignación cristiana dio las gracias porque ahora sabe dónde está su hijo y dónde llevar una lágrima, una oración y una flor.

Este drama, digno de una convulsión social, sepultado por la ola publicitaria del debate fiscal, fue visto por nuestro pueblo con una indiferencia patológica, no de carácter somático, sino de la más terrible de todas, la de orden moral, la que carcome y postra el alma colectiva. En los ritos funerarios celebrados por la iglesia solo estuvieron presente sus familiares y la Comisión de la Verdad

El resto de la población se encontraba fragmentada. Una parte ubicada en su silenciosa adhesión a los valores morales y otras consagradas a sus vicios nacionales: el juego, la maraca y el licor. Como los males suelen venir acompañados, el Gobierno ordenó recientemente la libertad de los asesinos de Edwin Heredio Amaya, un joven campesino víctima de la dictadura militar. La decisión gubernamental no fue objetada como ilegal, pero el hijo de la víctima, libre de venganzas y de rencores, solo pidió a los responsables del crimen que le dijeran dónde estaban los restos de su padre. Como en el caso de la cabeza de Hugo Spadafora, mientras no aparezcan los restos óseos la conciencia de los verdugos no tendrá paz ni el perdón podrá aflorar como sentencia final de los familiares afligidos.

El error de la justicia pública, la que se elabora en los tribunales, es pensar que su función termina con los veredictos. Mientras no se encuentre la totalidad del cuerpo del delito, mientras no se entregue a sus deudos los restos mortales de sus seres desaparecidos, existe una morosidad, una deuda por saldar o algo que hacer en el campo de la investigación oficial.

No comento en este artículo los delitos sexuales cometidos en perjuicio de los prisioneros durante estas dictaduras férreas, no superados por los delitos de la misma índole cometidos por el ejército de los Estados Unidos contra la población penal del pueblo iraquí, porque sería dramatizar una realidad que no debe adulterarse con la imaginación ni con una retórica sancionadora.

En otras sociedades víctimas de los déspotas de los cuarteles la lucha por la justicia es indomable. La sociedad chilena –Gobierno y pueblo– se debate en el intento de lograr que prevalezca toda la verdad.

Mientras esa verdad no sea parte del conocimiento público no existirá en Chile, dijo su presidente, una ley de Punto Final. Es decir, no puede decretarse el olvido si la justicia no ha cumplido con su misión reparadora. Es justo y necesario desagraviar a las víctimas y también a la historia del pueblo chileno tan identificada con los superiores valores de la humanidad. Allí el ejército como institución, abochornado, ha tenido la grandeza y la humildad de pedir perdón por los crímenes cometidos en otros momentos, por otros jefes y por otras tropas. Así es como se construye la reconciliación nacional. Pero entre nosotros es nula toda sensibilidad y toda autocrítica, toda humildad y toda grandeza.

A veces llego a creer que existe entre los autores, cómplices y encubridores un no disimulado orgullo por los crímenes cometidos, convencidos muy equívocamente que la sociedad entera carece de opinión crítica, de conciencia cívica y de soporte moral.

Es más que obvio que otro sería el panorama de las víctimas de la dictadura militar si los distintos sectores sociales se hubieran identificado solidariamente con ellas o hubieran puesto de manifiesto con motivo de los crímenes en su dinámica social, hoy tan pareada con sus intereses, por razón de las reformas fiscales.

El alud opositor a las reformas, armado por los conductores mediáticos de la opinión pública, si igualmente se hubiera concebido en reproche a los desmanes cuartelarios, ya no fuera alud en su etapa de formación o de amenaza, fuera derrumbe arrollador exigiendo y logrando justicia, reparación, el cese de cinismo de los responsables y el imperio absoluto de la verdad. Es decir, en Panamá hoy se viviera la experiencia estimulante de la sociedad chilena tan comprometida con una salida, sin impunidades, del sombrío período dictatorial.