El capitán Botello confirma demanda de corrupción contra AMP y presunta vinculación de allegados al administrador general

El capitán Rafael Botello, propietario de la embarcación Gilgal, reiteró la denuncia de corrupción de servidores públicos interpuesta por la abogada Helga Ceballos, recientemente, donde argumenta que se le forzó en varios momentos a vender su empresa a través de presiones de la actual administración y allegados a esta, según se desprende del resumen de su entrevista y declaración jurada presentada dentro del proceso y que son base para el contexto de esta nota.

Botello afirma que tuvo al menos dos acercamientos de parte de Mario Bretton, propietario de la empresa Subworks, durante las cuales Bretton amenazó a Botello con sacarlo del mercado, ya que, según Bretton, había sacado a otra llamada PIPSA y que la posibilidad de que eso le sucediera a Botello era muy grande; a partir de la oferta se hicieron innumerables inspecciones de la AMP a Gilgal, embarcación del capitán Botello.

Además, Pablo Torres de la empresa Stewart, que opera parte del astillero Balboa por autorización de ocupación de AMP, también se acercó con otra oferta. Ante la negativa, más adelante Torres le espetó que de no aceptar, esperaría la liquidación de la nave Gilgal para adquirirla a un precio más barato”. Ambos, Bretton y Torres, mantienen relaciones comerciales, según Botello.

Botello solicitó a la fiscalía la comparecencia de todos los inspectores involucrados en las pesquisas a su embarcación, con el fin de explicar la multiplicidad de inspecciones y sus motivos, además de citar a José Luis Ortega, Rafael Cigarruista, y a Flor Pitty, para que aclaren, por ejemplo, cómo es que la empresa de Bretton, Subworks, no ha sido sancionada en atención a los antecedentes de presuntas muertes durante incidentes ocurridos en sus embarcaciones aunado a los derrames, situación que deja entrever un posible favoritismo, según se desprende de la denuncia de Botello.

La abogada Helga Ceballos, quien lleva la denuncia por presuntos actos de corrupción contra la AMP, confirmó que ha solicitado reiteradamente información a la Autoridad Marítima con el fin de verificar cómo hechos particularmente más graves no han producido sanciones similares severas por parte de la actual administración de Noriel Araúz contra las empresas vinculadas al expediente y otras que sobresalen por no haber sido sancionadas por la Autoridad Marítima de Panamá por las razones correctas.

Por eso, afirmó la abogada, “le solicitamos a la AMP que nos entregara el listado de todas las licencias y sanciones impuestas por la administración del gobierno actual a través de Araúz, y hasta el momento la información recibida está incompleta, pues al dar lectura no identificamos casos que son hechos públicos y notorios como el derrame de Sea Lion hace exactamente un año, presuntamente responsabilidad de la empresa en posesión en ese momento del barco, Sea Energy Shipping, cuyo presidente Gabriel Fernández manifestó recientemente estar desvinculado públicamente de toda responsabilidad; sin embargo, del listado desprendido no ubicamos siquiera un proceso administrativo iniciado de oficio por parte de AMP”, añadió.

Resalta, además, “la falta de información de la empresa del señor Mario Bretton con relación a incidentes con posibles consecuencias penales acontecidos en operaciones de la empresa”, informó la abogada.

“Hemos interpuesto varias solicitudes de información con el fin de entender el escenario que se cierne sobre la administración marítimo portuaria y nos preocupa que se omita información y que procesos administrativos que deben ser igualmente remitidos al Ministerio Público, no se encuentren en pleno desarrollo, o al menos eso es lo que sugiere la información facilitada”, sumada a recursos de Habeas data luego de recibir la información parcializada, con el fin de analizar la forma en que el administrador acciona, supervisa, analiza y aplica las sanciones a todo el sector marítimo.

Según la abogada, “esta situación deja entrever una trama mucho más complicada que la sanción interpuesta al capitán Botello, sea esta justificada o no. Los hechos podrían significar que no se están aplicando igual las normas, para todos en el sector”.

Para Ceballos, si se hila delgado, las vinculaciones entre nombres y empresas son al menos sospechosas y deben ser ampliamente investigadas como está haciendo la fiscalía, para dirimir si es que el administrador pudiera estar liderando esta importante institución con un puñado de allegados que se benefician de la retorsión y/o la flexibilidad en la aplicación de las normas y leyes o no, lo cual puede deslindar en consecuencias en contra de los demás actores del mercado, no solo del capitán Botello, de ser confirmado”, afirmó la abogada.