Campañas políticas, los principales espacios para el lavado de dinero

La visión que Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI), tiene sobre las campañas políticas no es muy alentadora. “Las campañas electorales son los principales espacios en los que se lava dinero político, sobre todo en Latinoamérica”, dijo el especialista en un foro desarrollado por Espacio Cívico, el 22 de junio.

Este punto de vista es compartido por Sandra Martínez, quien forma parte del capítulo colombiano de TI. “En 2006, casi la totalidad del Congreso de Colombia (Asamblea de Diputados), resultó estar financiado por exponentes paramilitares, tanto así que 60 congresistas terminaron por perder sus curules, pues tenían relación directa con estos exponentes”, relata Martínez.

Estas realidades son catalogadas por Leah Cedeño, subdirectora de Espacio Cívico, como 'peligrosas', pues la infiltración de dinero proveniente del narcotráfico en campañas políticas deteriora la calidad de las entidades públicas.

Es por esto que para la magistrada suplente del Tribunal Electoral (TE), Yara Campos, se debería plantear limitar la financiación política de manera que solo se pueda hacer con recursos estatales, de esta forma se “facilitaría la fiscalización”.

En Panamá, la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del TE es la encargada de inspeccionar el uso del financiamiento político público y privado a los partidos políticos y candidatos por la libre postulación, con el objetivo de contribuir a la transparencia electoral.

Una labor que se simplificaría limitando las donaciones a partidos políticos, si solo se usan los fondos estatales.

A criterio del magistrado del TE, Alfredo Juncá, esto se hace inviable, pues representa una “carga para el Estado”.

Por su parte, la colombiana Sandra Martínez, de Transparencia Internacional, plantea que no se debe 'estigmatizar' el financiamiento privado, porque “son fuentes necesarias”, lo que se debe fortalecer es el proceso de auditorías que se efectúan, para garantizar que las personas que tengan vínculos con el crimen organizado, sean despojadas de sus cargos políticos y procesadas, como ocurrió en Colombia.

Este punto es puesto en duda por Secchi, quien no ve con claridad que los diputados generen los mecanismos pertinentes para fiscalizar su labor.

“Estamos hablando de autorregulación. En teoría, cuando los partidos políticos sancionan una ley, es para ponerse límites a sí mismos... ¿Hay algún político que tenga la integridad para desarrollar una ley que termine por complicar su estrategia electoral?... no lo creo”, cuestiona el director de TI Argentina.

“Cuando los diputados sancionan una ley sobre fiscalización, saben exactamente donde están los agujeros del documento, para esquivar esa normativa”, concluye el especialista.