El barrio de San Miguel: asentamientos informales, inquilinato y la vivienda pública

El barrio de San Miguel sintetiza la historia de la vivienda para la clase trabajadora y de los proyectos de vivienda social que se han desarrollado en el centro urbano de la ciudad de Panamá. El origen de este barrio se puede rastrear en el 'Plano de propiedades del Ferrocarril de Panamá' elaborado por Harrison en 1857 y en el cual aparecen mapeadas las viviendas y estructuras existentes en la denominada 'Huerta de las Sabanas de San Miguel', propiedad del gobierno de la Gran Colombia.

La 'Huerta de las Sabanas de San Miguel' estaba conformada primordialmente por un caserío de trazado irregular y construcción precaria –mayormente bambú y palma– ubicado al este de la línea del ferrocarril, sobre el Camino de Cruces.

Las 'Sabanas de San Miguel' se encontraban rodeadas por zonas pantanosas, siendo su principal rasgo topográfico un promontorio donde se encontraba la ermita de San Miguel, muy cercana a la ubicación de la actual iglesia del mismo nombre.

De acuerdo con el historiador y arquitecto Eduardo Tejeira- Davis, “con el inicio en 1880 del proyecto del canal por los franceses, la población de la ciudad de Panamá aumentó de unos 10 mil habitantes en 1870 a más de 24 mil en 1896, siendo la casa de alquiler para inmigrantes el medio más importante de inversión inmobiliaria”.

Según el arquitecto Tomás Sosa, para 1896 unos 232 propietarios privados controlaban el 75% de la propiedad urbana de los tres barrios de la ciudad, San Felipe, Santa Ana y Calidonia, representando estos propietarios el 5,5% de la población total de la capital.

Tejeira -Davis reseña que la mayoría de estas casas apareció próxima al viejo arrabal –el barrio de Santa Ana–, en lo que entonces era la periferia urbana, zonas que, como se mostraban en el plano de Harrison de 1857, eran insalubres, malolientes o poco atractivas, cercanas a sitios como el matadero, el hospital, el mercado y las vías férreas.

Tanto Tejeira-Davis como Sosa indican que, a pesar del aumento de la población, el crecimiento urbano fue más bien limitado, por lo cual no sorprende que haya ocurrido una marcada densificación en el espacio edificado existente.

Tejeira continúa indicando que en 1909 el Congreso estadounidense aprobó, como parte de su presupuesto, $250 mil para el saneamiento de la periferia urbana. A partir de junio de ese año, varios sectores, ante todo El Marañón y Santa Cruz en Calidonia, cuyas tierras pertenecían al ferrocarril, fueron totalmente reconstruidos. Se demolieron las estructuras existentes, se trazaron nuevas calles, se instaló la red de acueductos y alcantarillados, se pavimentó y se parceló la tierra a los que desearan construir.

Esta transformación se hace visible en el mapa de la ciudad de Panamá publicado en 1910 por la Isthmian Canal Comission (ICC), en el cual aparece el nuevo trazado vial existente hasta nuestros días.

El barrio de San Miguel y áreas aledañas serían transformados en viviendas de alquiler para los trabajadores afroantillanos.

Los datos y mapas del Censo de Población y Vivienda de 1950 muestran cómo aún cuatro décadas después de su construcción, las viviendas de esta zona correspondían en un 75% o más a viviendas de cuarto de vecindad de una sola habitación, construidas de madera y que pagaban menos de $10 al mes. Algo que los estadounidenses llamaban en aquella época, vivienda subestándar.

En mayo de 1973, un informe preliminar del Ministerio de Vivienda (Mivi) describía las consideraciones básicas del plan de renovación urbana del barrio de Santa Cruz, que culminaría en el desarrollo de un proyecto de vivienda social para esta zona.

Este primer informe fijó el área de desarrollo restringida, la cual estaba delimitada por el polígono conocido como finca madre de Santa Cruz, con número de inscripción 2682, tomo 31 y folio 410, perteneciente en un principio a la Compañía del Canal de Panamá y traspasada al Gobierno de Panamá el 16 de diciembre de 1943, pasando a manos del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU) el 18 de mayo de 1966.

Más de un tercio de la superficie edificada para 1973 correspondía a estructuras que se encontraban en pésimo estado. De estas había por lo menos 20 que habían sido condenadas por el Mivi. La mayor parte de las estructuras en mal estado correspondía a viviendas. El número total de estructuras para esta fecha era de 119 de las que el 51% (62 edificios) eran de madera, y el resto, de mampostería. De las 62 estructuras de madera, 16 habían sido declaradas como condenadas.

El apiñamiento debido a sus reducidas dimensiones derivó en altas densidades que, aunado a otros factores, trajeron como consecuencia males como la insalubridad, la promiscuidad y la delincuencia.

El Mivi decidió incorporar al barrio de San Miguel al proyecto de renovación urbana de El Marañón y el área central, el cual se vislumbraba como un complejo cívico- comercial y habitacional.

Este informe del Mivi de 1973 reportaba que había tierras con valores de entre $15 a $275 el metro cuadrado en la zona. En el primer caso, la mayor parte de estos terrenos corresponde a propiedades del Mivi o de otras instituciones gubernamentales.

En el segundo caso, las fincas de alto valor comercial se encontraban a lo largo de la avenida Central. Estas propiedades, de alto valor catastral, fueron liberadas de las restricciones a las que estaban sometidas por el Decreto 109 del 23 de septiembre de 1976, por el cual se designaba como un área de renovación urbana a un sector del barrio de San Miguel, y que congelaría las transacciones y valor catastral de estas fincas.

Noticias recientes como la del colapso de parte del edificio Capira, en el barrio de San Miguel (11/05/2021), son un recordatorio de las precarias condiciones de vivienda que aún subsisten en esta zona de la ciudad, más de 100 años después de su aparición y urbanización. Urge entonces orientar los esfuerzos de inversión estatal para que las nuevas dinámicas surgidas debido a la puesta en valor de los barrios de San Felipe y parte de Santa Ana, las inversiones en espacio público y movilidad en la zona puedan servir para impulsar una transformación que permita una verdadera regeneración urbana y la integración de este barrio al desarrollo económico de la ciudad de Panamá.