Avanza debate para modificar la Ley de Transparencia

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional fusionará los dos proyectos que buscan modificar las normas establecidas en la Ley para la Transparencia en la Gestión Pública y que establece la acción de "Habeas Data". 

Uno de los proyectos presentado por los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva busca que sea de carácter público la información relativa a las reuniones de juntas directivas de aquellas instituciones y empresas públicas de acuerdo con los miembros que la conforman, la asistencia a estas reuniones, las fechas y el pago en concepto de dieta, emolumentos y viáticos derivados del trabajo que realizan los miembros de dichas juntas directivas.

De igual manera, la norma propuesta señala que los datos publicados de las personas contratadas por el Estado —y reciban pagos en conceptos, de planilla, gastos de representación, dietas, emolumentos y viáticos— deberán al menos incluir su nombre completo, número de cédula, cargo, fecha de ingreso al cargo, estado de la designación, y el salario o pago respectivo.

En tal sentido, el diputado Gabriel Silva explicó que la ley de transparencia, que data de 2002, tiene que actualizarse porque los tiempos han cambiado, la presión ciudadana ha aumentado, la modernización y la tecnología han mejorado y es necesario innovar.

Detalló además que la propuesta busca el entrenamiento a los funcionarios públicos en temas de transparencia, reducir los plazos para que las instituciones entreguen la información y que esta sea suministrada en un formato de datos abiertos.

La iniciativa también establece que la información de las juntas comunales relativas a los gastos, salarios, viáticos y las planillas; sean publicadas en las páginas web y sea de fácil acceso para toda la población.

La otra propuesta de la diputada Zulay Rodríguez busca reducir a cinco años el tiempo de reserva de los registros, constancias, actas de las actividades y reuniones del Consejo de Gabinete y que actualmente tienen un período de diez años de reserva.

Con relación a la información restringida de los estamentos de seguridad nacional, se bajaría de 20 a 10 años.

También se propone bajar de 20 a 10 años la restricción de información en los procesos jurisdiccionales adelantados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial para que estos sean accesibles por las partes del proceso y que queden ejecutoriados.

Además se propone bajar de 20 años a 10 años la restricción de la información sobre la Fuerza Pública, la Dirección de Investigación Judicial, la Unidad de Análisis Financiero, la Autoridad de Protección al Consumidor, la Autoridad de los Servicios Públicos.

Elsa Fernández Aguilar, directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), quien estuvo presente en el debate, avaló en su totalidad las modificaciones presentadas a la Ley de Transparencia.  

Fernández pidió durante el debate que se fije unos términos en los tiempos de investigación y que la Antai sea incluida dentro de las instituciones que cuando se hace una investigación administrativa por el debido proceso y la presunción de inocencia, esa información deba ser de acceso restringido por al menos diez días y no tres días tal como lo establece una de las propuestas en discusión.