Asamblea Nacional mantiene engavetado el proyecto de ley sobre extinción de dominio

A tan solo cinco días habilitados para poder sesionar y a ocho días calendario para que culmine la primera legislatura del actual periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional mantiene engavetado el proyecto de ley que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos.

Se trata del nuevo proyecto que fue presentado a la Asamblea Nacional por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino el pasado 14 de agosto, luego que el pleno legislativo archivara la propuesta original en abril pasado al no contar con los votos para lograr su aprobación.

A lo largo de los dos meses transcurridos luego de su presentación, este segundo proyecto no ha sido puesto a la consideración de los diputados de la Comisión de Gobierno, instancia presidida por el diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila.

Durante la sustentación de esta iniciativa legislativa, el ministro Pino destacó la preocupación ciudadana por la creciente actividad de la delincuencia organizada y su participación en el ámbito nacional y transfronterizo.

Manifestó que la delincuencia organizada se vale del poder de las economías ilícitas para disfrazar sus operaciones y legitimar capitales que permean la economía nacional, debilitando el poder de la autoridad, socavando la institucionalidad democrática, incrementando la violencia y reduciendo las expectativas de desarrollo social.

Al detallar el contenido de la propuesta, explicó que el Instituto de Extinción de Dominio recae sobre bienes de origen y destinación ilícita, y constituye un instrumento jurídico para hacer frente al poderío de las organizaciones criminales que desafían, abiertamente, a las entidades del Estado y que amenazan la convivencia pacífica, valiéndose de productos de sus actividades ilícitas.

"La extinción de dominio es una iniciativa legislativa enfocada en potenciar las capacidades de las entidades públicas, encargadas de la preservación del orden público, que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de la delincuencia organizada, así como debilitar sus capitales, estructuras y evitar el expansionismo y el perjuicio que representa para la población", concluyó.