Aresio Valiente: El Estado panameño no tiene una política para los pueblos indígenas

En febrero de 1925 tuvo lugar una de las pocas insurrecciones armadas del siglo XX en Panamá.

La Revolución Tule en aquel año fue un alzamiento del pueblo guna frente a la negación de derechos por parte del naciente Estado panameño (1903). La revuelta popular tuvo éxito, garantizó derechos y sentó las bases para el actual régimen de comarcas indígenas.

Tras 98 años de aquel hito histórico, hay sectores que cuestionan el actual modelo de comarcas, y aunque reconocen que ha protegido el recurso natural y la cultura de las comunidades indígenas, consideran que “frena” la “inversión y el desarrollo”.

Una lectura que en opinión del abogado Aresio Valiente, especialista en derecho indígena y ambiental, no corresponde con la realidad.

Valiente explicó este martes en “Portada” de La Estrella de Panamá, que no hay evidencias que el régimen jurídico-administrativo de las comarcas haya provocado los problemas que sufren las comunidades indígenas, las más pobres del país. Considera que la situación más bien tiene que ver con una falta de una política de desarrollo integral que supere la lógica asistencial y clientelar.

“Cuando se dice que en las comarcas indígenas no hay desarrollo, primero preguntamos, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿El que tenemos en la ciudad, con una pobreza que está empeorando?”, remarcó el también docente de la Universidad de Panamá.

Valiente precisó que desde la fundación del Estado panameño no existe una política integral para los pueblos indígenas. A pesar de que se ha avanzado mucho en la normativa, teniendo incluso legislaciones de vanguardia –como la de proteger el conocimiento ancestral–, estas no se aplican como corresponde, agregó.

Una propuesta para los pueblos indígenas debe verse dentro del conjunto del desarrollo nacional y no como un planteamiento aislado del resto del país, analizó.

“Todos los años subimos el ingreso per cápita, pero cada vez somos un país más desigual. Eso significa que la estructura económica y de desarrollo no está respondiendo a las realidades sociales, no solo de los pueblos indígenas sino también del resto del país”, sostuvo.

Indicó que el Estado no ha cumplido con sus responsabilidades fundamentales como garantizar educación, infraestructuras o salud.

Valiente también hizo referencia a los recursos naturales en las comarcas, incluyendo los minerales.

Cualquier proyecto que busque explotar el territorio nacional debe pasar por consulta con la población, exigió el abogado. En el caso de las comunidades indígenas, además hay que cumplir con la Ley 37 de 2016 que exige una participación directa y el consentimiento indígena para autorizar proyectos en sus territorios y que afecten derechos colectivos, recursos naturales o la biodiversidad.

Valiente enfatizó que los funcionarios que no cumplan con las consultas o que pacten acuerdos contrarios a los intereses nacionales deberán ser procesados.

“Quien esté encargado por el gobierno para atender asuntos de Panamá con un gobierno o empresas extranjeras, y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos, será sancionado con prisión”, señaló.