Áreas Protegidas: condición de producción para el desarrollo sostenible

Desde el punto de vista de la historia ambiental se puede considerar que el concepto de área protegida es producto de dos de las conferencias internacionales más relevantes celebradas hasta la fecha: la Conferencia de Estocolmo (1972) y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Las raíces de ambas conferencias se encuentran en el ambientalismo norteamericano, en particular en el movimiento romántico relacionado con la primavera silenciosa (el Silent Spring) de la década de los años ‘60.

Tanto la conferencia de Río como la Conferencia de Estocolmo son hechos históricos que inciden tanto en la conciencia ambiental como en la construcción de las políticas relacionadas al manejo del ambiente a nivel nacional, local, multilateral o glocal. Como resultado de ambas cumbres se dan importantes avances en materia de gestión ambiental, en respuesta a la crisis relacionada con el modelo de producción dominante.

En la base de este modelo de producción (capitalismo) están distintas formas de explotación de la naturaleza, incluyendo formas de apropiación de los bosques, los suelos, los mares y el agua. Según Marx el capital se expresa a través de ‘…la apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma por los miembros de la sociedad'. En este sentido, la fuerza ‘civilizadora' del capital destruye tanto las barreras nacionales como las tradicionales y las naturales para convertirse en la primera formación social de escala planetaria. Así, la ampliación incesante del sistema de necesidades humano y la expansión sobre la naturaleza son inherentes al proceso de producción y reproducción capitalista (Marx, 2005: 359-362).

Esta apropiación posee poca o ninguna racionalidad de uso ni de conservación, situación que genera una crisis ecológica de carácter global que muestra su rostro, por ejemplo, en los efectos del cambio climático, el desgaste de los recursos naturales, la degradación ambiental y los crecientes conflictos ambientales.

La naturaleza ecológica de esta crisis es resaltadas por Castro, quien destaca: ‘La crisis ambiental de nuestro tiempo, en cambio, no solo tiene un alcance global, afecta a todas las modalidades de relación con la naturaleza presentes en nuestra civilización y se desarrolla con intensidad creciente. Además, se traduce de manera cada vez más evidente en una crisis ecológica, a través de procesos como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento de la atmósfera, la pérdida de biodiversidad y la contaminación masiva del aire, el agua y los suelos del planeta' (Castro, 1997, 124).

A partir de esta concepción, la crisis ambiental pone en duda el discurso de desarrollo y modernidad de la sociedad basados en el poder económico y en el conocimiento científico que enajena y genera los dispositivos de ruptura con la naturaleza. Es decir, el capitalismo aleja a la humanidad de su relación con el mundo natural.

Esta racionalidad de acumulación en detrimento del ambiente y de la población mundial generó algunas iniciativas de regulación ambiental internacional, como, por ejemplo, la frustrada Convención de Londres de 1990, que tenía como objetivo proteger la vida silvestre africana. Luego fue remplazada por el Convenio de Londres de 1933, aplicado en gran parte de África bajo el dominio colonial para la creación de parques naturales y la protección de especies.

MISIÓN Y VISIÓN DE FLACSO

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) es un organismo regional, instituido por la UNESCO para impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El Programa FLACSO-Panamá busca dotar a la población de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.

Como se estableció al inicio, no es sino hasta la Conferencia de Estocolmo y la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro que se inicia la creación de políticas que hacen referencia a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

CASO PANAMÁ

Luego de celebrada la Conferencia de Río, el Estado panameño aprueba, bajo resolución JD-022 de septiembre de 1992, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Con posterioridad, se aprueba la Ley 41 de junio de 1998, constituyéndose en el marco legal que le permite al Estado incursionar en la protección del medio ambiente haciendo uso de la categoría ‘Áreas Protegidas'.

Este discurso de vida económica en equilibrio con la naturaleza y la sociedad (desarrollo sostenible) producto de la creación de las áreas protegidas al servicio de toda la población del país, es decodificada por las comunidades, como una amenaza al derecho a la tierra y a la vida, por el capital transnacional y nacional (público y privado) (Díaz, 2013, 120).

Desde esta coyuntura, salta al debate real si las áreas protegidas están al servicio de la sostenibilidad de la humanidad y la naturaleza y por ende del planeta o se trata más bien de una condición de producción para asegurar la sostenibilidad del modo de producción capitalista.

Somos de la opinión que, tal y como lo establece O'Connor, que es el Estado es el instrumento que propicia para el capital las políticas relativas a uso de los recursos naturales para la generación de mercancías. En concreto, el establecimiento de un nuevo marco legal e institucional por parte del Estado supone restricciones de ciertas formas de aprovechamientos de los recursos naturales en favor del gran capital lo cual afecta con frecuencia a las poblaciones locales y, por lo general, tiene como consecuencia conflictos de carácter ambiental que se expresan en la lucha por el poder de decisión en la distribución de los recursos naturales.

REFLEXIONES FINALES:

Sobre la base anterior, podemos concluir que las áreas protegidas son producto racionalizado de las acciones de gestión sobre la base de garantizar las condiciones necesarias de reproducción del capital. O dicho de otra forma es un espacio de garantías de recursos para la acumulación utilizable a largo plazo. Mientras esa sea la racionalidad, habrá una crisis ambiental que enfrentar en el país.

El autor es sociólogo.