Trece años después del envenenamiento masivo

En la cadena que es la salud —y que a veces se dibuja como de hierro— los pacientes siguen siendo el eslabón mas débil.

Esta semana se cumplieron 13 años desde aquel 17 de octubre de 2006 cuando autoridades de la Caja de Seguro Social informaban que varios lotes de jarabe preparados en la entidad contenían dietilenglicol —un refrigentante de uso industrial—.

La negligencia y la falta de control de calidad en una cadena de la compra estatal de glicerina de uso humano resultó en el envenenamiento masivo más grande registrado en el mundo, hasta ahora.

El presidente del comité de víctimas y familiares por el envenenamiento masivo, Gabriel Pascual, calcula entre 600 y 800 muertes por el envenenamiento. Solo este año, cuenta Pascual, han muerto 16 personas.

Hasta el momento hay unas 1,400 víctimas certificadas. Algunos de ellas ya perecieron a través de los años y forman parte de las estadísticas fatales.

La agonía no termina allí. Hay 992 personas que aún esperan ser certificadas. Y aunque la Caja de Seguro Social les garantiza la atención integral especial con tan solo la sospecha de envenenamiento, el calvario de esperar el proceso de certificación se extiende a la imposibilidad de trabajar, el acceso a medicamentos, atención integral o llevar una vida normal.

Las certificaciones están suspendidas hace tres años, confirmó Pascual. Han sido retomadas por la actual administración de Rosario Turner, según el Ministerio de Salud. Pero persiste el clamor de los afectados.

El Estado, a través de la Ley 20 de 2013, aprobó una pensión vitalicia para las víctimas. Hay 1,080 personas que reciben $800 mensuales como indemnización por parte del Estado. Pero muchas veces ese dinero se reduce a la compra de medicinas en farmacias privadas para ante el desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social.

Todavía 992 pacientes afectados esperan respuesta del Estado. El proceso de certificación es largo y tedioso. Muchos llevan más de tres años por la suspensión de las mismas durante el pasado gobierno de Juan Carlos Varela.

La Ley 20 de 2013 creó una comisión de seguimiento a las víctimas, una entidad adscrita al Minsa integrada por un representante del Minsa, otro del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Caja de Seguro Social, un representante de la Presidencia y un representante del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida.

Paralelamente, quienes definen que los pacientes cumplen con los criterios médicos para certificarse como víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol, son el Minsa, la CSS y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Una vez certificadas como víctimas, tienen derecho a una pensión vitalicia de carácter especial. Si son menores de edad o pacientes con carácter especial, la pensión le corresponde a un tutor. Una vez el menor llega a los 18 años, entonces éste recibe la pensión directamente.

El calvario de Auda Garcés tiene 13 años también. En 2006 ella y su esposo tomaron del jarabe para la tos. Su esposo vivía con leucemia pero estaba estable, activo y caminaba. Tomó un frasco entero de jarabe, cada dos o tres horas por tres días, cuenta su hoy viuda. “Los jarabes malos son los mejores”, le dijo a su esposa cuando ésta dejó el frasco por la mitad por el mal sabor, las náuseas, los dolores y ardores estomacales que le provocaba a ella.

En diciembre, Auda estaba enterrando a su esposo. Y como les pasó a cientos de víctimas del envenenamiento, el certificado de defunción dice que la causa fue otra. “Los doctores temen poner como causa el dietilenglicol”, evoca.

A ella, la intoxicación le hacía sangrar la nariz. Cuenta que fue tres veces a la Policlínica J.J. Vallarino para atenderse. A la tercera, le insertaron lo que llama 'unos trinches calientes'. El sangrado paró pero le heredó el miedo de estornudar. También parece —no lo afirma— que le pudo haber quemado algún tejido ocular. Necesita una operación de los ojos. Se hizo todos los exámenes y está esperando que la CSS la llame para operarla. Para ella, el Estado es ciego, sordo y mudo ante su dolor. “Nos ven como poca cosa, como que no valemos nada ya”, dice.

Auda cuenta además, que pasó días comiendo pan y té para poder pagar la renta cuando su esposo murió. Hoy se 'bandea' con la jubilación y la pensión vitalicia, sobre lo que también le pesa el desembolso en medicamentos que en la CSS no hay para poder sobrellevar las dolencias a sus 83 años.

Rosa González es otra víctima. Es de Santiago pero vive en Panamá. Hoy tiene 58 años pero se pensionó hace seis años. Los dolores se apoderaron de ella cuando ingirió el jarabe en el año 2006. Trabajaba como ayudante general en un restaurante. Los días de incapacidad permitidos no le alcanzaron para los síntomas. Llegó a cobrar por los días que podía ir a trabajar, a veces tres, cuatro o cinco días de la quincena. Las náuseas, los vómitos y los dolores hacían que se desmayara y que no rindiera en el trabajo. “Ya no podía más”, describe.

Siente que el Estado ha respondido lento a los que faltan por certificar. Sabe que no se van a curar pero al menos “van a tener algo de alivio, un buen plato de comida en la mesa y van a poder comprar los medicamentos”, enuncia.

Los pacientes del envenenamiento masivo se reunieron ayer con autoridades del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y otros funcionarios. Gabriel Pascual, vocero de las víctimas, informó que acordaron reunirse con autoridades del Minsa y enviaron un mensaje al presidente Laurentino Cortizo a través de Agustín Sánchez y Alfredo Peterson, del Minsa y la CSS respectivamente, quienes representaron al gobierno en la reunión de ayer.

También acordaron el inicio de visitas provinciales por parte de la CSS la próxima semana, con el fin de contactar a los pacientes, verificarlos, asegurarles una mejor atención, etc.

Otro punto en la agenda fue el compromiso de empujar la discusión del proyecto de Ley 35 que reposa en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y que busca finiquitar las 992 certificaciones pendientes.

Dan a las autoridades 15 días de gracia para cumplir con los compromisos que pactaron ayer en la reunión que se realizó en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Vencido el plazo, si no obtienen respuestas, 'cerraremos las calles', anunciaron.