Adolfo "Chichi" de Obarrio cree "ser víctima de una injusticia", dice su abogado

Adolfo de Obarrio, antiguo secretario del que fuera presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cree ser "víctima de una injusticia" tras ser arrestado en la ciudad italiana de Milán (norte), dijo hoy a Efe su abogado, que ha recurrido su detención.

De Obarrio Manzini, alias "Chichi", fue detenido el 7 de abril en respuesta a una petición de la Interpol y de Panamá, que lo buscaba desde 2019, acusándole de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales durante el mandato de Martinelli entre 2009 y 2014.

Desde entonces ha ingresado preventivamente en la cárcel milanesa de San Vittore a la espera de que su país inicie el proceso para su extradición, afirmó su abogado Gabriele Minniti.

De Obarrio, de 39 años, se encuentra "muy sereno, muy fuerte, seguro de su inocencia" y cree ser "víctima de una injusticia", señaló el letrado, que se comunica con su asistido solo por teléfono porque no se permite la entrada a la prisión a causa de la pandemia.

Por el momento ha presentado un instancia solicitando su "inmediata excarcelación" al considerar que no existe peligro de fuga.

El letrado explicó que de Obarrio, que abandonó Panamá en 2014 y se encontraba en paradero desconocido, reside en Italia desde el 2015 con parte de su familia, en concreto en Milán, y que en el momento de la detención estaba buscando un apartamento que comprar.

"No tiene ninguna intención de escapar", aseguró.

El Tribunal de Apelación de Milán deberá evaluar próximamente el recurso presentado para su liberación, en una vista que aún no tiene fecha pero que el letrado espera que sea "lo antes posible".

Tema a parte es el de su extradición, que el Tribunal deberá estudiar en un proceso cuando lo solicite el Estado panameño. La tesis de sus abogados es que "no se puede" extraditar a Adolfo De Obarrio al ser ciudadano italiano con doble nacionalidad.

"Chichi" de Obarrio está implicado en varios casos de corrupción en su país durante el mandato de Martinelli.

Entre otras, está investigado por su presunta vinculación en actos de corrupción en contrataciones públicas mediante el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Fondo de Inversión Social (FIS).

Asimismo está implicado en la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada, un caso de corrupción que causó un daño patrimonial al Estado de 44,9 millones de dólares.

Italia y Panamá firmaron un Tratado de Extradición y otro de Asistencia Judicial en Materia Penal en noviembre de 2013, precisamente durante el Gobierno de Ricardo Martinelli.