Abuso policial, un problema endémico en Panamá

Puñetazos en la cara a la líder estudiantil Ileana Corea, golpes de policías y detención de comunicadores, chicas que denuncian agresión sexual por parte de oficiales, y un total de 27 jóvenes detenidos (cuatro menores). Así terminó la violenta represión de la Policía Nacional de Panamá contra una protesta juvenil en contra del decreto 830, que excluye a menores dependientes de 25 años como beneficiarios del vale digital en plena crisis por pandemia.

El país fue testigo una vez más de violaciones de garantías elementales, acciones inconstitucionales y uso desmedido de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad; hechos que parecen ya ser parte de la “normalidad” en el actuar policial en Panamá. Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, lo ocurrido no son situaciones aisladas, sino un incidente más de “múltiples actuaciones autoritarias, que desconocen los derechos humanos civiles y políticos de la ciudadanía”.

“Exigimos al presidente Laurentino Cortizo y al Consejo de Gabinete que revise las actuaciones del Ministerio de Seguridad y los estamentos de seguridad bajo su administración, que dicho ministerio sea dirigido por ciudadanos con formación civil y en derechos humanos, no militar”, subraya la oenegé.

Un total de 27 jóvenes –cuatro menores– miembros de organizaciones estudiantiles fueron retenidos el miércoles cerca de la cinta costera por oficiales de la policía. Una indignante escena captada en video mostraba a la dirigente estudiantil de la Facultad de Economía, Ileana Corea, agredida en múltiples ocasiones por agentes policiales, quienes la redujeron y la golpearon en la cara con el puño cerrado.

Corea, tras pasar casi 24 horas detenida por las autoridades, fue puesta en libertad este jueves luego de que la Fiscalía de Litigación emitiera una orden de desaprensión. Ayer los jóvenes también salieron a la calle y Corea condenó el abuso policial que sufrieron ella y otros 26 jóvenes detenidos por los agentes antimotines la tarde del miércoles.

“Esta lucha la ganamos, vencimos, si hoy me pusieron en libertad (...) es porque la Policía, el Estado y los grupos de presión saben que esta juventud se está levantando y que no tenemos miedo porque protestar no es un crimen”, arengó Corea frente a la Contraloría General de la República. Y agregó: “Los violentos y la violentas no somos nosotros (...) son aquellos que se ponen de parte del poder económico que nos explota”.

Rafael Benavides, abogado de la universitaria, explicó que el juez no encontró evidencia suficiente ni elementos de convicción para mantenerla detenida ni para pedir una audiencia de imputación. “No solo no tenían elementos para su detención, sino que la incapacidad de Ileana tras los golpes recibidos, supera la presentada por la subteniente Yulia Garcés Escudero. La estudiante fue incapacitada por ocho días, mientras que a la agente policial se le dieron tres días (...) ambas estaban por debajo de los 30 días para avanzar un proceso penal”, resaltó Benavides.

El director de la Policía, Jorge Miranda, confirmó ayer que la agente femenina que golpeó a Corea fue puesta en funciones administrativas, con suspensión del cargo y derecho a salario, mientras en la institución se abre un proceso de investigación.  Al mismo tiempo, el comisionado matizó lo actuado por la subteniente, afirmando que esta habría sido una “reacción humana” como resultado de un supuesto golpe previo de la universitaria.

El hecho trascendió las fronteras locales y despertó reacciones como la de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien describió como “inadmisibles” las declaraciones de Miranda, al justificar el abuso policial como una “reacción humana”. “En el video la dirigente estudiantil Ileana Corea es golpeada repetidas veces en el rostro por una subteniente de @ProtegeryServir mientras está rodeada de uniformados. Eso es brutalidad y no puede justificarse”, recalcó Vivanco.

Escenas de represión como esta ocurrieron durante las protestas juveniles contra las reformas a la Constitución en 2019. En aquel entonces hubo detenciones masivas y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Igualmente, diferentes grupos de la sociedad civil pidieron infructuosamente la renuncia del jefe de la Policía, quien cuenta los días para jubilarse.

Para la abogada especialista en derechos humanos Corina Rueda, si bien es fundamental que los altos mandos policiales o el Ministerio de Seguridad asuman la responsabilidad de los desmanes protagonizados por sus subordinados, considera que el problema va más allá de una renuncia. El tema de fondo, con la golpiza a Ileana o las detenciones masivas de los universitarios, está directamente ligada a la “concentración de poder” que el Estado otorgó a la fuerza pública. “El problema es que se le ha otorgado demasiado poder a las fuerzas policiales y sin una estructura civil que responda a la ciudadanía. Hay que repensar las instituciones de seguridad del Estado, no simplemente como un ente represivo sino preventivo (...). Si aspiramos a sociedades menos violentas, se requiere instituciones verdaderamente democráticas, de las que el país carece”, apunta Rueda.

Las críticas al manejo de la Policía no solo ha venido desde las organizaciones cívicas, sino también desde los medios de comunicación. Y es que los atropellos del miércoles no se limitaron a los manifestantes, también el fotoperiodista Bienvenido Velasco, colaborador de la agencia española de noticias EFE, fue agredido físicamente por miembros de la Policía durante las manifestaciones de este miércoles 16 de diciembre, en pleno ejercicio de sus funciones y debidamente identificado como prensa.

“Nuevamente, la Policía Nacional muestra abuso de autoridad y pésimo desempeño profesional ante el ejercicio ciudadano del derecho de protesta. Además, agrede al periodista durante su trabajo en la cobertura de protesta”, señaló Eduardo Quirós, abogado y presidente del Grupo Editorial El Siglo-La Estrella (GESE). Quirós lamentó el repetitivo abuso policial en contra de periodistas y estudiantes universitarios: “Las agresiones contra el periodista Bienvenido Velasco de la Agencia de Noticias EFE demuestran un patrón de comportamiento ante la cobertura periodística que exige firmeza y ejemplaridad en su investigación y sanciones”.

La Asociación Panameña de Corresponsales de Prensa Extranjera (Acopep) condenó la agresión de la Policía Nacional en contra del reportero gráfico. La agrupación mostró una profunda preocupación por las recientes actuaciones policiales donde periodistas, tanto de medios nacionales como extranjeros, han sido golpeados y detenidos en el ejercicio de sus funciones durante diferentes protestas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo eco del mensaje del presidente del Grupo GESE. “Preocupación por actitud repetida de la Policía Nacional”, publicó la agrupación defensora de la libertad de expresión en su cuenta de Twitter.

Las acciones contra el reportero gráfico no son el único caso que se ha dado. Recientemente, el 29 de octubre de 2020, el periodista de La Estrella de Panamá Juan Alberto Cajar fue detenido mientras cubría, debidamente identificado, una protesta convocada por grupos de la sociedad civil en los predios de la Asamblea Nacional.

Al respecto, el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (Conape) y el Sindicato de Periodistas de Panamá denunciaron las actuaciones de la Policía como un atentado contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

Para el Fórum de Periodistas: “es evidente que se ha establecido un patrón de conducta represivo, que no puede ser tolerado en una democracia nacional e internacional con respeto a los derechos humanos (...) las denuncias (contra la Policía) son muy graves y no pueden ser tomadas a la ligera”.