Abogados piden medidas distintas a la detención preventiva

La defensa de Jorge Luis General, el hombre identificado por la Fiscalía de Drogas como el cabecilla del brazo operativo del Clan del Golfo en Panamá, solicitó a la jueza de Garantías, Teodolinda Cardoce, una medida de depósito domiciliario –cuya dirección proporcionaría– en vez de la prisión preventiva, como lo planteó el fiscal Joseph Díaz.

Gran parte de la audiencia celebrada ayer se dedicó a los descargos de los abogados que intentan persuadir a la jueza sobre las medidas distintas a la detención preventiva que debía adoptar en favor de sus clientes.

En el caso de General, su abogada argumentó que de los 29 eventos narrados por la fiscalía está relacionado con cinco de ellos. Con esto la abogada pretendía deslindar a General del rango líder de la organización criminal aduciendo una mínima participación.

“Jorge Luis General está totalmente destruido”, dijo la defensora. “Destruido como padre, como hijo y como ser humano”, describió la abogada a la jueza de Garantías, Teodolina Cardoce, haciendo notar las graves connotaciones que implicaría para su defendido permanecer en la cárcel mientras transcurren los seis meses de investigación que otorga la ley a la fiscalía para culminar las pesquisas.

Además, refirió que hasta a ella le suena “temeroso” hacer mención de las acusaciones que le endilga la fiscalía por el grado de jerarquía que atribuye a su cliente asociado al clan colombiano. “No solo se hace una investigación jurídica, sino que se establece la consecuencia de la vida de los que están supuestamente implicados y de los que están afuera (familiares). Tiene a su madre y a su padre en este recinto”, manifestó la abogada.

Enseguida señaló que en los 28 tomos avanzados, no ha observado que la fiscalía haya considerado las diferencias que mantiene su cliente con otros rivales, por lo que debe contemplar su seguridad y la de su familia al tomar la decisión. Añadió que la fiscalía no ha establecido la fecha en que comenzó operaciones la organización criminal en Panamá, a diferencia del Clan del Golfo en Colombia, 2006, y que en la esfera penal se deben esperar los tiempos de investigación para condenar a una persona y no hacerlo de forma anticipada como califica la fiscalía.

De inmediato habló el abogado Valentín Jaén, apoderado de la madre y el padrastro de General. El defensor solicitó, en el caso de la mamá A.D. –señalada por delito de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales– depósito domiciliario y firma tres veces por semana. En este sentido, dijo, sería la persona a cargo de los hijos del General, pues la madre de los niños, su padrastro, así como la abuela materna y otros miembros de la familia se encuentran investigados en el mismo caso.

En lo que respecta a A.D., padrastro de General, a quien la fiscalía vinculó con el caleto de casi $10 millones hallados en la residencia de La Providencia, Colón, el pasado 1 de diciembre, el defensor alegó que en los relatos de la fiscalía “no existen elementos de convicción que puedan demostrar que su cliente está vinculado a dichos hechos punibles”.

“El Ministerio Público no ha demostrado los elementos probatorios al blanqueo y al no estar acreditado nos obliga a establecer que ese elemento de convicción no existe”, exclamó Jaén. “Tiene seis hijos, sufre de diabetes, hipertensión, colesterol alto y el médico de la Caja de Seguro Social certificó sus quebrantos de salud”, justificó. En su caso, sugirió a la jueza, una medida de firma periódica, la prohibición de abandonar el país o en el peor escenario, depósito domiciliario en la dirección aportada.

Así continuaron los alegatos de los abogados de los 57 indiciados en la operación “Fisher” que culminarán hoy y la jueza deberá fallar al respecto. Se prevén apelaciones para la semana próxima.

En su mayoría, los defensores recordaron a la jueza que sus representados no tienen antecedentes penales. Solo ocho de los vinculados tienen antecedentes, cinco con sentencias recientes y el resto mantiene medidas cautelares, en su mayor parte por asuntos de blanqueo.

El argumento más frecuente se basaba en que los informes de seguimiento y vigilancia que mostró la fiscalía en contra de sus representados mostraban vínculos endebles con la organización; que no había elementos de convicción en contra de sus clientes o que no habían sido acreditados. Todos solicitaron medidas distintas a la detención preventiva, que iban desde firma periódica, la prohibición de acercarse a miembros de la organización, entrega de pasaporte para asegurar la atención del proceso y en el peor de los casos, depósito domiciliario.

Este martes el fiscal efectuó un acuerdo de pena con Xavier Bartuano, quien se declaró culpable del cargo de asociación ilícita para delinquir en calidad de autor y recibió una pena de 68 meses de prisión. Bartuano había sido señalado por el fiscal en la parte logística de la investigación, como un receptor de droga que después ocultaría. Fue vinculado a un evento en que la fiscalía decomisó 39 paquetes de droga en el sector de Santa Isabel, Colón.

Por la mañana la fiscalía terminó las solicitudes de medida cautelar en contra de varios supuestos testaferros de General y otros miembros de la organización. Hizo mención de los informes financieros y la relación de hechos mediante la cual pretendía demostrar a la jueza la desproporción entre sus ingresos y la cantidad de bienes que poseen. Así enumeró propiedades, autos de alta gama, fincas, reuniones en las que supuestamente se planificaba el ocultamiento del dinero producto del narcotráfico.