Abogado de Varela apela al Parlacen; defensores niegan delito

El equipo de abogados del expresidente de la República Juan Carlos Varela reiteró que el dinero recibido en su momento para su candidatura a presidente y vicepresidente de la República y para el Partido Panameñista, por parte de la empresa Odebrecht, correspondían a donaciones políticas.

El abogado Orison Cogley insistió en que sí fueron donaciones, contrario a lo señalado por los fiscales anticorrupción, quienes afirman que se trató de sobornos.

Cogley negó que el expresidente Varela haya cometido alguna de las conductas establecidas en el Código Penal para que se configure el delito de blanqueo de capitales.

Además, indicó que esas cuentas del partido y del candidato estaban reportadas en el Tribunal Electoral, por lo que insistió en que es una materia meramente electoral.

Destacó además que en este caso no hay los elementos para indicar que su patrocinado supiera que ese dinero provenía de la presunta comisión de un delito de soborno internacional.

Precisó que no se dio ninguna de las tres fases de conductas del blanqueo, ya que no hubo ningún retorno ni aprovechamiento de ese dinero para uso particular, por lo que pidió a la jueza Baloisa Marquínez el sobreseimiento definitivo del exmandatario.

En tanto, Erasmo Muñoz, también abogado del expresidente Varela, afirmó que esta investigación en contra de su defendido está contaminada, ya que se dio en contra de un diputado del Parlacen, aún a pesar de que este no ha sido juramentado como tal.

De igual manera pidió la nulidad del proceso en contra de su cliente, tras señalar que este fue investigado en este caso siendo presidente de la República.

También pidió la nulidad del expediente por una clara falta de competencia, al considerar que es un tema privativamente electoral, y que asegura la fiscalía anticorrupción ha reconocido.

Durante la jornada también intervino Jorge Luis Lau Cruz, abogado de Francisco José Pérez Ferreira, quien recordó a la jueza que presentó previamente un recurso para que se declare la prescripción penal en el caso seguido por blanqueo de capitales contra su defendido.

Sostuvo que los hechos por los cuales se investiga a su defendido datan de agosto de 2010 cuando constituyó la sociedad Aragon Finance Corp., y desde esa fecha, indicó, han transcurrido 12 años, y que el delito que se le imputa a su defendido establece una pena de dos a cuatro años de prisión, por lo que la acción penal debe considerarse prescrita.

Por otro lado, Lau Cruz negó que su cliente fuera el beneficiario final de una cuenta a nombre de esta sociedad y que solo era accionista nominal, es decir, no era ni propietario ni se beneficiaba de las acciones y no tenia ningún derecho sobre las mismas.

Expresó que cuando los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares le piden a su cliente gestionar dos sociedades para inversiones y carteras bancarias en el extranjero, su defendido no vio rara la petición de que él fuera el único director o accionista nominal.

Afirmó que la apertura de la cuenta fue gestionada por Ferreira en Panamá por solicitud de los hermanos Martinelli Linares, “adjunta la documentación y las remite a Suiza, y los beneficiarios finales en esa cuenta fueron identificados desde un inicio”, destacó.

En tal sentido, Lau Cruz señaló que su cliente indicó claramente que los beneficiarios eran Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares.

En tanto, Gladys Quintero, abogada de José Antonio Porta, extesorero de la campaña del excandidato presidencial José Domingo Arias, negó que la campaña de Arias haya recibido donaciones del grupo Odebrecht.

“Las donaciones fueron todas reportadas al Tribunal Electoral y en ninguna de estas donaciones reportadas se encuentra dinero de ninguna empresa que guarde relación con Odebrecht o ninguna de su filiales”, señaló.

Sostuvo que no es lo mismo la campaña política de José Domingo Arias que la campaña política de Cambio Democrático, e hizo alusión a la existencia de confesiones de Mónina Moura que habló de aportes a la campaña de Cambio Democrático con la anuencia del señor André Rabello y ante la presencia del señor RM (Ricardo Martinelli).

Moura fue una de las publicistas de la campaña presidencial de José Domingo Arias, durante la campaña presidencial de 2014, por parte del entonces oficialista partido Cambio Democrático (CD), quien en su colaboración con el Ministerio Público reveló que el costo de esa campaña se pactó en $21 millones, de los cuales $16 millones serían “donados” por Odebrecht.

Luego de la intervención de Quintero, la jueza Marquínez decretó un receso, por lo que la audiencia será retomada hoy martes desde las 9:00 a.m.

Hasta el momento han intervenido 23 de los 36 abogados defensores vinculados a este proceso. De este grupo de abogados que defienden a 49 imputados, 33 son abogados particulares y 3 son defensores públicos.