Abogado se queja por "abuso de autoridad" en la Secretaría de la CSJ

El abogado Ricardo Fuller se envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, alegando abuso de poder y conducta omisiva ante la actuación de una funcionaria de la Secretaría de ese órgano quien le negó el acceso a un expediente que contenía un amparo de derechos constitucionales que había sido publicado en edicto.

Según la misiva enviada por el jurista, la funcionaria de la Secretaría le indicó que "mientras el edicto estuviera fijado, nadie, ni siquiera las partes podrían revisar los expedientes, con órdenes expresas".

El abogado reclamó a la funcionaria la respuesta amparado en que el Código Judicial reza que no existe restricción legal que impida a los abogados revisar la documentación. Lo que provocó que la funcionaria, de la cual no proporciona el nombre, hiciera una consulta al respecto con otros compañeros de la Secretaría General, los cuales, frente al abogado, no coincidieron con las instrucciones indicadas por ella en cuanto que no podía entregar el expediente obedeciendo órdenes, hasta que el recurso se estuviera ejecutoriado y firmado. La funcionaria nunca logró precisar de quién recibía las instrucciones precisas de negar el acceso al expediente.

La situación motivó que el abogado redactara una nota con la queja en la que relató los hechos ocurridos el pasado viernes 11 de diciembre.

Además recordó a Fábrega, que el Código Judicial permite libre examen de los expedientes a los abogados, "los cuales son de acceso público, salvo aquellos que por razones muy específicas no pueden ser mostrados y que en estos casos la Ley precisa cuáles son, excepción que no estaba inmersa en el expediente en cuestión, lo que convierte en una situación de conducta omisiva destacada, un evidente abuso de la autoridad", se lee en la carta.

En virtud de lo anterior solicita al presidente de la Corte que intervenga para instruir a la funcionaria y al resto de los servidores judiciales, sobre la forma correcta de proceder en estos casos, en aras de eliminar una práctica tribunalicia que atenta abiertamente con normas expresas de la Constitución, el Código Judicial y con el libre ejercicio de la abogacía y con el derecho que tienen los abogados de examinar expedientes que se encuentren en los tribunales.