9 de enero de 1964

En la década de 1960, el país panameño vivió acontecimientos que cambiaron el curso de su historia. El 9 de enero de 1964 y el 11 de octubre de 1968 son fechas que registran sucesos que alteraron el ritmo habitual de la vida nacional. Una, relativa a nuestras relaciones con Estados Unidos por razón de la existencia del Canal de Panamá, otra referible a hechos que estremecieron la institucionalidad democrática de la República durante 21 años. Ambos acontecimientos no guardan entre sí ninguna relación espiritual ni mucho menos de causa a efecto, pero cada una tiene sus antecedentes en episodios que los nutrieron históricamente.

El 9 de enero de 1964 no es un fogonazo aislado del patriotismo popular miope de Estados Unidos, estrenada en esa fecha. El origen del 9 de enero se encuentra en el aprovechamiento indebido que hizo Estados Unidos de las circunstancias angustiosas o precarias que dieron origen a la independencia de Panamá. Ese aprovechamiento se concretó en el leonino tratado general de 1903 que lesionaba profundamente la soberanía nacional.

Aún fresca la tinta que dibujó la firma de Felipe Bunau-Varilla al suscribir el 18 de noviembre de 1903 el nefasto documento, el subsecretario de Relaciones Exteriores Honorio González Guill envió una nota al citado Bunau-Varilla, el 30 de noviembre de 1903, en cuyo punto cuarto decía:

“A juzgar por el extracto del tratado que su excelencia nos envió por cable y por el texto que la prensa ha publicado aquí, diciendo que procede de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el tratado presenta algunos puntos cuya aclaratoria parece indispensable, para lo cual sería de desear una convención adicional”.

A los 12 días de la firma del tratado se inicia el extraordinario periplo revisionista que culminó el 9 de enero de 1964, para dar comienzo en la misma fecha a la memorable cruzada abrogacionista, tan absolutamente identificada con el anhelo de perfeccionar la independencia nacional.

Las aprensiones patrióticas de González Guill –panameño perdido entre las brumas del olvido– fueron concretadas, ampliadas y francamente definidas, según el criterio del momento, en el memorial que preparó Eusebio A. Morales, y que fue presentado ante el gobierno de Washington, el 11 de agosto de 1904 por el ministro plenipotenciario José Domingo de Obaldía.

El 28 de noviembre de 1904, Belisario Porras y Francisco Filós entregaron al presidente Amador Guerrero un estudio integral sobre el tratado de 1903. En él se afirma que no hubo cesión de soberanía en las cláusulas pactadas ni la garantía de la independencia debe ser considerada como la consagración de protectorado. El estudio respondía a la inquietud oficial del momento.

Así sucesivamente, el 9 de enero de 1964 tiene por antecedentes decenas de jornadas colectivas e individuales dirigidas a la consolidación jurídica y soberana del Estado panameño.

La primera clarinada de carácter gubernamental para sustituir el tratado general de 1903 por uno nuevo que consagrara para el istmo los provechos de Canal, la dio el presidente Belisario Porras, una vez terminada la construcción del Canal. En la Memoria de 1916, el presidente Porras expresó: “El tratado que nos ligó a Estados Unidos en 1903 es ya inadecuado para regular las relaciones existentes en los dos países”. Y termina solicitando: “la contratación de un nuevo tratado que defina cuáles son nuestras obligaciones después de terminado el Canal y cuáles nuestros beneficios que en él nos correspondan”.

Anteriormente, en 1915, se dio a conocer un proyecto de tratado elaborado por Eusebio A. Morales, que procuraba algunos beneficios para el comercio y la industria. Se contempló la construcción de dos ferrocarriles, uno que condujese de la ribera derecha del río Bayano a la ciudad de David, y otro, de la bahía de Almirante a la antigua ciudad de San Lorenzo de Chagres. Se establecía que la concesión de nuevas tierras para los fines del Canal debía ser materia de contratación. Se aclaraba el derecho de intervención consagrado en el artículo 136 de la Constitución Nacional y establecía que tal poder conferido solo se daba para mantener el orden público en casos “de rebeldía armada o de movimientos revolucionarios armados”, pero que debía mediar la solicitud expresa del Gobierno panameño. Otras cláusulas, como la VII relativa a la defensa del Canal, eran absolutamente inadmisibles porque establecían la enseñanza militar obligatoria, la cesión de tierras para la construcción de fortificaciones y el compromiso del Gobierno del istmo de llamar a servicio militar a los panameños en caso de una guerra de Estados Unidos con cualquier país del mundo. Son curiosidades de museo que colecciona la mentalidad política de una época.

En la posición oficial y popular panameña con motivo de la oprobiosa imposición del fallo White y que degeneró en la lamentable confrontación de Coto; en la actitud levantada del Gobierno Nacional y del pueblo tabogano cuando Estados Unidos pretendió apoderarse de la isla; en la decisión de la Asamblea Nacional de suspender –rechazo técnico– la consideración del tratado de 1926 por no satisfacer las aspiraciones nacionales; el anterior rechazo del tratado Urrutia-Thompson negociado entre Estados Unidos y en el que se fijaba la línea fronteriza entre Panamá y Colombia, sin que Panamá diera su parecer, fueron antecedentes dignos del 9 de enero de 1964 ocurridos, la mayoría, en la década de 1920.

Entre 1930 y 1940 ocurrieron otros sucesos importantes que encontraron en los héroes de enero de 1964 a sus albaceas legítimos. Es preciso recordar una acción colectiva importante y de gran contenido patriótico. Con motivo del trigésimo aniversario de la firma del tratado de 1903, la Sociedad Panameña de Acción Internacional, integrada por los Turner, los Rivera Reyes, los Garay, los Vásquez, los Crespo, y otros, declaró el 18 de noviembre Día de dolor, de meditación y de lucha, y pidió que cada panameño reflexionase a las 6:40 p.m., hora de la firma del tratado Hay-Bunau Varilla, sobre la mejor manera de lograr la revisión de ese tratado de 1903. El país entero respaldó con repiques de campana, sonidos de sirenas y concentraciones, la iniciativa apuntada.

Estos precedentes inmediatos, tan ubicados en la cresta de la emoción cívica, condujeron a las negociaciones del tratado general de 1936, durante el mandato de Harmodio Arias Madrid, las que se iniciaron, a petición de Estados Unidos, el 5 de noviembre de 1934, con Ricardo J. Alfaro, Narciso Garay y Carlos Laurentino López como negociadores.

El tratado de 1936 es un triunfo del revisionismo, sobre todo porque eliminó muchas cláusulas humillantes como las que otorgaban a Estados Unidos el derecho de intervención en nuestra vida interior y la obligación de garantizar la independencia nacional, ambos compromisos de viejo cuño, muy del destino manifiesto, ubicados de modo semejante en la cláusula 35, del tratado Bidlack-Mallarino, de 1846.

Los posteriores antecedentes del 9 de enero de 1964 los encontramos en múltiples manifestaciones del patriotismo panameño. El rechazo del primer gobierno de Arnulfo Arias a las pretensiones del Gobierno de Estados Unidos de obtener la cesión de bases militares por un período de 999 años; el rechazo del convenio Filós-Hines, el 22 de diciembre de 1947; la oposición del Frente Patriótico al convenio de aviación que concedía derechos a Estados Unidos sobre el espacio aéreo panameño; la operación soberanía, puesta en marcha el 2 de mayo de 1958, dirigida por la Unión Universitaria con Carlos Arellano Lennox a la cabeza y que consistió en colocar la bandera panameña en diversos sitios estratégicos de la Zona del Canal, acción simbólica que se repitió en el gran paseo que distinguidos panameños, Aquilino Boyd, Ernesto Castillero, padre e hijo, y otros, llevaron a cabo el 3 de noviembre de 1959 por los predios de la Zona del Canal, portando decenas de banderas panameñas, son algunos de los muchísimos movimientos populares que sazonaron la conciencia de la juventud que el 9 de enero de 1964 entró en la historia por las puertas del dolor, la gloria y el patriotismo.

Las causas inmediatas del 9 de enero de 1964 son conocidas. El gobierno del presidente Ernesto de la Guardia había acordado con el de Estados Unidos izar la bandera de ambos países en el llamado triángulo Shaler. Posteriormente, en 1962, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos acordaron que la bandera panameña ondearía permanentemente en los establecimientos civiles de la Zona del Canal. Aquí comienza la miopía. La mentalidad colonial y prepotente que caracterizaba a las autoridades estadounidenses impidió poner en práctica lo acordado. Unas escuelas zoneitas destruyeron los mástiles para sus banderas; otras dejaron de izar la estadounidense. Esta conspiración contra los acuerdos la estimulaban los maestros y el propio gobernador de la llamada Zona del Canal. Al enterarse los institutores de lo que venía aconteciendo, partieron en delegación con la bandera del Instituto Nacional, entregada para tal efecto por su rector, Dídimo Ríos, con el fin de izarla en los mástiles de las escuelas que se oponían a esa sencilla ceremonia de fraternidad. La intolerancia de los estudiantes y de las autoridades zoneítas llegó al extremo de agredir a los panameños y de destrozar la bandera.

Lo que ocurrió después fue la confrontación entre un ejército con armas para “cazar patos”, como las definió el general O'Meara, y la juventud panameña, unida al pueblo que se sumó indignado para hacer frente a la agresión. Una a una fueron cayendo las víctimas. En esos momentos cruciales la Guardia Nacional se cruzó de brazos y nada hizo en defensa del pueblo panameño. En un paréntesis de incertidumbre, en el palacio presidencial, el general Bolívar Vallarino recibió una llamada de las autoridades zoneítas, las que pedían la intervención de la policía local para disolver la resistencia de los panameños patriotas. Me cuenta el viceministro de Gobierno y Justicia de entonces, Julio Gómez Amador, que ante el inaudito pedido, el Dr. Sergio González Ruiz aconsejó con energía patriótica que no se cometiera semejante acción por considerarla desventurada y alevosa. Nadie abundó a favor de la solicitud de los victimarios.

A partir de ese momento, el presidente Roberto F. Chiari asumió el control de la diplomacia. Se le encomendó al asesor de la Cancillería, Eloy Benedetti, la redacción de un borrador de nota en la que se le comunicaba a Dean Rusk, secretario de Estado, el rompimiento de relaciones. El canciller Galileo Solís revisó el proyecto y lo entregó al presidente de la República para su aprobación, lo que hizo por encontrarlo conforme a sus instrucciones. En la madrugada del 10 de enero de 1964, el canciller Solís puso en conocimiento del Gobierno de Estados Unidos el rompimiento de relaciones diplomáticas. En esa forma, el gobierno del presidente Chiari se convirtió en el artífice de un gesto patriótico y altivo, sin antecedentes en la diplomacia continental.

La reacción del pueblo panameño fue de respaldo absoluto a la política internacional del presidente Chiari. No hubo organización pública o privada que no censurara con dureza la conducta del Gobierno de Estados Unidos como agresor. Y para usar la reciente frase del magistrado Adán Arnulfo Arjona, a partir del 9 de enero “la nación no sería la misma”. De las tumbas de los mártires del 9 de enero salió un mandato de cumplimiento inexorable. ¡No más revisionismo! La nacionalización del Canal se convirtió en la consigna de todo un pueblo. Un nuevo tratado que diera por terminada la presencia militar de Estados Unidos en Panamá era la agenda única del clamor popular.

El Consejo General Universitario aprobó de inmediato una resolución, exigiendo unas negociaciones que culminaran con la nacionalización del Canal.

Se dio inicio, a partir de ese momento, a la nueva aventura del panameño por el perfeccionamiento de la independencia nacional. Nadie podría negociar fuera de los parámetros morales del 9 de enero de 1964.

El 3 de abril de 1964, bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos y gracias a la intervención patriótica del embajador panameño, Miguel J. Moreno Jr., se acordó restablecer las relaciones diplomáticas que se mantenían rotas desde el 10 de enero último. Igualmente se llegó al siguiente acuerdo entre las dos partes: “Primero. Designar sin demora embajadores especiales con poderes suficientes para procurar la pronta eliminación de las causas de conflicto entre los dos países, sin limitaciones ni precondiciones de ninguna clase. Segundo. En consecuencia, los embajadores designados iniciarán de inmediato los procedimientos necesarios con el objeto de llegar a un convenio justo y equitativo que estará sujeto a los procedimientos constitucionales de cada país.”

Este scuerdo fue el fruto final de una tenaz batalla diplomática que libró el embajador Moreno, iniciada el 17 de enero y terminada el 3 de abril de 1964, fecha de la declaración conjunta. La diplomacia estadounidense se oponía a consagrar el compromiso expreso de negociar un nuevo pacto y prefería adquirir el compromiso de discutir, dialogar o conversar sobre las causas del conflicto. Esto es, deseaban repetir la estrategia de 1961 para igualmente repetir el fracaso de las iniciativas del presidente Chiari cuando acordó con el presidente Kennedy discutir los “puntos de insatisfacción”. Al no arribarse durante el gobierno de Chiari a ningún resultado concreto y dado el transcurso del tiempo, Estados Unidos alegó que su compromiso era discutir y no negociar. El embajador Moreno, con su perspicacia, incorporó en la declaración conjunta una fraseología que no se prestara a equívocos ni a interpretaciones burlescas. En su reciente libro Misión a Washington, Miguel. Moreno Jr. presenta con gran rigor histórico las interioridades de aquellos episodios nacionales.

El presidente Chiari nombró de inmediato el equipo negociador panameño y designó como negociador al doctor Jorge Illueca. Era la figura indicada, dados sus compromisos morales con el Congreso de la Soberanía que se integró una vez se produjo la agresión del 9 de enero de 1964 y del cual fue su presidente. Las primeras sesiones de los negociadores eran, sin duda, para planteamientos de carácter general o que contenían los objetivos globales de las negociaciones. A los pocos meses de instalado el equipo negociador panameño, el presidente Chiari terminó su mandato presidencial y lo sucedió en el cargo Marco A. Robles, tras unas elecciones tan controvertidas y de resultados tan dudosos como las de 1948.

El nuevo gobierno designó como ministro de Relaciones Exteriores a Fernando Eleta Almarán. A las pocas semanas de haber iniciado su gestión oficial, surgieron diferencias conceptuales con el negociador Illueca. Entre ellos se suscitó un debate interno que trascendió a la opinión pública. Fue tan alarmante el contenido de la controversia, que algunos miembros de la Asamblea Nacional, incluida mi persona, decidimos convocar una sesión secreta para dirimir sin reservas la discordia suscitada entre los dos protagonistas máximos de las negociaciones. La sesión secreta se llevó a cabo con la presencia de los miembros del nuevo equipo negociador. Para entonces, ya Illueca se había apartado, mediante renuncia, de la misión negociadora. Las particularidades de las diferencias, por no recordarlas en detalle, omito dilucidarlas aquí para no caer en inexactitudes no intencionales, lo que podría granjear la antipatía de los actores, pero mi impresión de aquella noche es que los discursos de ambos tenían tantos entretelones, enraizados en la sospecha mutua de las intenciones que subyacían en ambas políticas –la de Illueca y la de Eleta– que la sesión secreta no guardó en el fondo de las diferencias ningún secreto de Estado, pero quedó en evidencia que los diputados estábamos en presencia de un problema de confianza, sin duda recíproco. Pero lo que sí quedó en claro en esa sesión tan extraordinaria es que los tratados por elaborar, discutir y aprobar tenían que obtener el cese de la perpetuidad, la eliminación de los enclaves militares, la devolución de las áreas canaleras y todo en función del perfeccionamiento de la independencia nacional.

El nuevo equipo negociador culminó su trabajo con los proyectos de tratados de 1967. En vista de que la Asamblea Nacional se encontraba en receso, los miembros de la comisión legislativa permanente, de la que yo formaba parte, fundados en el artículo 123, numeral séptimo de la Constitución de 1946, entonces vigente, decidimos citar al ministro de Relaciones Exteriores Fernando Eleta Almarán, con su equipo negociador, y a los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores presidido por Octavio Fábrega, con el fin de escuchar un informe sobre los proyectos de tratado ya rubricados y de abrir un debate sobre el contenido de estos. Las intervenciones de los asistentes fueron brillantes, didácticas e inolvidables.

Los profundos conocimientos de Octavio Fábrega sobre los aspectos primordiales de nuestras relaciones con Estados Unidos permitieron agotar todos los análisis sobre cada cláusula de los nuevos textos. Las objeciones a numerosos artículos del tratado del Canal, del tratado de Defensa y Neutralidad, y algunos aspectos del tratado del canal a nivel del mar fueron copiosas y tan convincentes que en la comisión legislativa permanente prevaleció un criterio adverso, mayoritario, con relación a los tratados. Desde luego, el mismo discurso enjundioso de los opositores a los tratados distinguía cada intervención de sus defensores. Se argüía que por la cláusula primera del tratado del Canal quedaban abrogados todos los tratados existentes, se reiteraba la neutralidad del Canal, se creaba el arbitraje en casos de controversias y cesaba el concepto de perpetuidad al fijar el 31 de diciembre de 1999 como fecha de expiración del tratado del Canal. Lo que significa que en los proyectos de 1967 quedaba consignada la obligación de Estados Unidos de traspasar el Canal a Panamá. Era, sin duda, la gran conquista del tratado del Canal, de modo que en los Torrijos-Carter se trilló en ese aspecto sobre lo ya concedido en 1967. El contenido de muchas cláusulas y el término de duración de los tratados de defensa y neutralidad y del canal a nivel, fijados para fechas posteriores al 31 de diciembre del año 1999, dieron por resultado la desestimación de tales proyectos por la comisión legislativa permanente.

Para el gobierno, la opinión de la comisión legislativa, contenida en una declaración que redacté, semejante en su espíritu o intención a la aprobada por la Asamblea Nacional para rechazar el tratado de 1926, no era constitucionalmente determinante, pero el gobierno la entendió como una indicación de cuál sería su final al convocarse el pleno de la Asamblea Nacional. El debate también se extendió al escenario público y recuerdo que, como diputado a la Asamblea Nacional, mantuve una polémica que duró un mes con el negociador Diógenes de la Rosa. Él, desde la Televisora Canal 4, y yo, desde la radio El Mundo.

En razón de todo lo que queda expuesto, debo decir que los lineamientos precisos de las políticas canaleras apartados de toda ambigüedad y la fijación clara de los objetivos son naturales consecuencias de los compromisos abrogacionistas nacidos el 9 de enero de 1964.

El largo peregrinaje del patriotismo panameño desembocó, como río que llega a la mar de los grandes compromisos, al 9 de enero de 1964. Al colocar el oído para detectar los grandes pálpitos de la conciencia de la nación, nadie puede dudar que aquella fecha histórica cambió el rumbo de la nación panameña.