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25 años de la IV Conferencia Mundial Beijing 95: Los derechos no crecen en los árboles
- 08/03/2020 06:00
- 08/03/2020 06:00
Es importante recordar este día internacional de la mujer, que en septiembre de 2020 se cumplirán 25 años de la aprobación, por las Naciones Unidas, de la Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, China, en 1995, porque contrario a alguna noción que circula profusamente, nada de lo que hoy es, lo es por sí mismo o por el mero paso del tiempo, menos el conjunto de nociones, ideas, valores y concepciones que atraviesan las prácticas humanas y presiden las relaciones sociales. Tampoco las políticas estatales. Y mucho menos algunas ideas que como sombras fantásticas acompañan el hacer histórico de las luchas femeninas.
La Conferencia Mundial y la Plataforma de Acción Mundial (PAM) constituyeron un importante reconocimiento a las diversas y múltiples luchas de las mujeres en todo el mundo a lo largo del siglo XX. La conferencia fue la mayor de las celebradas en la historia de la ONU, la más grande e importante sobre las mujeres: 181 países, casi 50,000 personas entre la conferencia de los gobiernos y el foro no gubernamental. El Foro de Huairou fue la mayor reunión de activistas de todo el mundo, demostrando que las luchas feministas importan también en África, Asia y sobre todo en la América Latina y el Caribe.
El evento produjo la mayor expectación a nivel mundial, se produjeron acalorados y muy tensos debates, se llegó a ella sin un documento final –como era tradición acordar en las anteriores cumbres mundiales– y produjo reservas sobre distintos asuntos que iban desde la “cuestión del aborto” pasando por lo de los derechos humanos universales e inalienables, la herencia, la opción sexual hasta asuntos económicos y financieros, por citar algunos de los más ásperos y controvertidos.
Beijing95 fue importante como reconocimiento a las mujeres y sus demandas. A partir de ella, los Estados del mundo se comprometieron a ejecutar políticas públicas, con visión de género, es decir un enfoque que no reprodujese la subordinación y la exclusión de las mujeres. Sin embargo, a lo largo de todos estos años ha sido denunciado el desigual y pobre cumplimiento, por parte de los gobiernos, de lo pactado. Así lo testimonian las diversas evaluaciones dadas cada cinco años, sobre su cumplimiento.
Como afirma Michelle Bachelet, se han realizado algunos avances: “Aunque todavía estamos lejos de la paridad, el número de mujeres parlamentarias nacionales casi se ha duplicado...Más de 150 países ahora tienen leyes sobre el acoso sexual...El matrimonio infantil ha disminuido a nivel mundial...Los países tienen significativamente más datos sobre la violencia contra las mujeres...El porcentaje de mujeres en trabajos remunerados ha aumentado...Más de 140 países garantizan la igualdad de género en sus constituciones... Los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo han adoptado convenios para eliminar la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y proteger los derechos laborales de las trabajadoras domésticas”. Hoy, 25 años después, algunos de estos mínimos logros se ven amenazados, a veces con su eliminación y/o con su neutralización, banalización y pérdida de sentido.
Como una anticipación del futuro, Virginia Vargas, coordinadora de las Organizaciones No Gubernamentales de América Latina y el Caribe, en la misma plenaria final de la conferencia leyó una síntesis de su discurso: “En este concierto de palabras todo está dicho, la mejor denuncia es el silencio”, para entonces sacar una pancarta que decía “JUSTICIA, MECANISMOS Y RECURSOS”. Es decir, de todo aquello necesario para convertir lo pactado en acción.
25 años después existe una creciente reacción patriarcal en el mundo, que enfrenta las políticas del post Beijing y hace responsables a las mujeres de todos los agónicos procesos de descomposición que las políticas neoliberales y conservadoras ponen en los diversos escenarios. Que se manifiesta en los feminicidios, en la crueldad y saña con los cuerpos y vidas de niñas y mujeres. Todo ello con el silencio de las jerarquías políticas y religiosas, la ineficiencia del sistema de justicia, la indiferencia ante el avance de políticas fundamentalistas que insisten en revertir algunos de los magros logros alcanzados. Un ejemplo en Panamá es el disparate de poner nombre a los no nacidos. En tanto, realmente importan poco las vidas de las personas femeninas realmente existentes.
Se insistió desde el inicio en que urgían no solo discursos, sino recursos. En la evaluación de 2005, diez años después se señalaba que “La ayuda prometida por los bancos, las agencias de cooperación y los países desarrollados no llegó como debiera haberlo hecho, los gobiernos tampoco asignaron suficientes recursos –ni materiales ni institucionales ni humanos– para la implementación de la PAM; las Naciones Unidas fueron perdiendo la “capacidad instalada” del sistema para dar cuenta de todos sus compromisos ...en este mismo periodo, las fuerzas conservadoras y los fundamentalismos...fueron adquiriendo más poder”. Además, ciertas jerarquías insisten en la creación de entidades estatales desconociendo al Comité Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres o al Consejo Nacional de la Mujer, restando aún más competencias y recursos a la institucionalidad hoy existente.
En julio de 2019 la ministra de la Mujer de Brasil declaró: “...las niñas de Marajó son violadas porque, son tan pobres que no tienen bragas”, en su condición de alto cargo pretendió explicar así el aumento de las agresiones sexuales a niñas, adolescentes y mujeres en un territorio turístico. Lo paradójico: en su condición de ministra de la mujer, la citada integra parte de la institucionalidad que fue creada o fortalecida, como elemento importante de los compromisos de la PAM95.
Post Beijing 95 estos mecanismos institucionales fueron creados o fortalecidos para colaborar desde los Estados con procesos democratizadores impulsados por las mujeres y sus organizaciones...no para enarbolar las nociones más bastas y retrógradas que justifican la opresión femenina.
Desde 1995, en Panamá, al crearse la Dirección Nacional de la Mujer se fortaleció el mecanismo nacional para el avance de la igualdad social de las mujeres, entidad que en 2008 se convirtió en el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y que según la promesa de campaña del actual presidente, será ministerio de la mujer. Como bien muestra el ejemplo citado, no se trata de mecanismos para justificar la opresión y la vuelta atrás, sino para hacer avanzar los derechos, libertades y garantías para las vidas de las mujeres. Solo así tiene sentido hacer avanzar tales mecanismos. No es necesario una ministra o un ministerio de la mujer para decir que las niñas deben vestir de rosa...Ojalá las decisiones estén a la altura del histórico compromiso.
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