Playa, a consulta pública con poca información técnica

Recién estrenado en el puesto, el alcalde capitalino José Luis Fábrega anunció su proyecto insignia. Una recuperación citadina que incluye 1.6 km de playa en la cinta costera (Calidonia y Bella Vista) a un costo de $120 millones.

Según el pliego de condiciones del estudio de impacto ambiental categoría III, que fue licitado en agosto y adjudicado a Louis Berger LAC en noviembre pasado por $120,376, la playa se extendería por 1 km entre el Mercado de Mariscos y el Club de Yates, y 600 metros entre el Club de Yates hasta el río Matasnillo.

La iniciativa generó rechazo en amplios sectores de la población, que incluso protestaron frente a la alcaldía con la insignia #NoAlaPlaya. El alcalde Fábrega trató de mitigar primeramente con estrategias mediáticas y luego anunció una consulta ciudadana que se realizará el próximo 11 de marzo a las 5:00 p.m en el edificio Hatillo.

El proyecto se desprende del plan de inversiones de la alcaldía, que a su vez se nutre de los fondos del impuesto de inmueble que el Ministerio de Economía y Finanzas traslada a los municipios a partir de la implementación de la ley de descentralización pública.

Así, para 2019 el Municipio de Panamá contaba con $170 millones para proyectos de inversión aportados a través de la descentralización. Fábrega, quien recibió donaciones privadas por $660,869 para su campaña electoral, aseguró en los medios que convocaría la consulta “para eliminar el morbo”. En conferencia de prensa la semana pasada, prometió que haría una votación vinculante, y seguidamente aseguró que “de manera abrumadora el proyecto se va a aprobar y va a ser todo un éxito”.

¿Si gana el no? “Se hará lo que dice la ley de descentralización pública”, aclaró el gerente de proyectos especiales, Tomás Sosa. Y es que el vacío legal en las leyes 37 y 66, que regulan los proyectos que se ejecutan con fondos de la descentralización, solo establece que se garantizará la participación ciudadana con la finalidad de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas; mientras que sobre la participación ciudadana directa solo piden a las autoridades “garantía de que en el proceso de toma de decisiones, los aportes y opiniones serán analizados, valorados y respondidos”, mas no manda a que sean acatados.

Sin embargo, el numeral 9 del artículo 6 de la Ley 66 (del 29 de octubre de 2015) que modificó algunos aspectos de la ley original de descentralización -la Ley 37- habla sobre la equidad social como estrategia de implementación de las políticas públicas, basada en la protección de los derechos y garantías de la igualdad de oportunidades para los grupos más vulnerables de la población.

También dice que el plan anual de obras e inversiones debe ser presentado por el alcalde y contendrá “necesidades prioritarias de cada distrito, identificando necesidades de las comunidades con la participación de estas, y basado en las “necesidades” se ejecutarán las obras.

El costo del proyecto es de $120 millones que, según Fábrega, se diferirán en tres periodos fiscales diferentes: $30 millones este año, $45 millones en 2021 y otros $45 millones en 2022.

Expertos consultados por este medio coinciden en que falta información técnica del proyecto, además de la poca viabilidad social de este.

Gustavo Bernal, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), dice que el proyecto “no es tan fácil como lo están pintando”.

Explica que aparte de la contaminación existente, hay muchas consideraciones técnicas, como los barcos especiales que se necesitarían para trasladar el lecho marino; la configuración de olas de la bahía de Panamá, que difiere de las otras ciudades que ha puesto la alcaldía como ejemplo para impulsar el proyecto -Barcelona, Río de Janeiro, etc.- y el vertido de aguas servidas en los afluentes que desembocan en el mar, ente otros.

También, aduce Bernal, la cantidad de arena a utilizar sería muy agresiva, que sumada a la alta salinidad de las aguas del Pacífico, aumentaría la erosión a la costa. Un fenómeno que se llama pleamar y que recientemente afectó la playa Marinero de Puerto Escondido, en Oaxaca, México.

Bernal también recordó que cuando se rellenó parte de la bahía -cuando se creó Amador e isla Flamenco- ya se impactó la costa cortando la corriente interna. Una nueva intervención cerraría aún más la circulación interna de la bahía y el volumen de afluentes que allí desembocan.

Sosa -de la alcaldía- refutó los señalamientos. Dijo, sin citarlos, que la bahía de Panamá es una de las bahías más estudiadas del mundo, y que hay suficiente información técnica “para tirar pal aire” para determinar la factibilidad del proyecto. “No es solo la playa, sino una recuperación integral de espacios públicos, como parques, estacionamientos. No es nada del otro mundo”, aseguró.

Sobre la calidad del agua, Sosa dijo que este proyecto le metería velocidad al del saneamiento de la bahía porque tendría un objetivo específico. “Nadie ha dicho que se podrían bañar inmediatamente. La gente se podrá bañar en tres, cuatro o cinco años más, cuando el saneamiento de la bahía culmine, expresó.

Quienes sí ven un beneficio potencial a futuro por el proyecto de playa son las inmobiliarias y constructoras. Proyectos como 'Uptown', de Empresas Bern y ubicado en calle Uruguay, se promociona en redes como “a tan solo pasos de la cinta costera y la futura intervención de playa”.

Un especialista en el área (que prefirió la reserva de su nombre) indicó que la revalorización ya se hizo con la intervención de calle Uruguay, que “como no resultó”, los inversionistas han tenido que bajar el precio por metro cuadrado, y con el nuevo umbral del interés preferencial que se extendió hasta los $180,000, poder apuntar a clientes con menos poder adquisitivo pero con apartamentos más chicos. En 2018, el precio promedio por metro cuadrado en Bella Vista rondaba los $2,600.