Cuatro delitos enfrentan los implicados en caso de secta

En horas de la mañana de este viernes, en medio de un fuerte operativo, los nueve presuntos homicidas de siete personas en la comarca Ngäbe Buglé fueron trasladados a la provincia de Bocas del Toro.

Los implicados permanecieron en el banquillo de los acusados ante un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el distrito de Changuinola. Allí fueron imputados por los delitos de homicidio, femicidio, delitos sexuales y privación de libertad.

El fiscal Superior de Bocas del Toro, Rafael Baloyes, señaló que el Ministerio Público presentará todos los datos recabados durante los primeros días de la investigación en la comunidad de Alto Terrón, ubicada en la región comarcal de Ño Kribo.

La audiencia de imputación de cargos y medidas cautelares se inició a las 2:00 p.m. y al momento del cierre de esta edición aún no había culminado.

A eso de las 3:30 p.m., la audiencia entró en un receso de una hora, a petición de la defensa técnica de los indiciados, informó el Ministerio Publicó en Twitter.

Durante el mediodía, el Congreso General de la Comarca sostuvo una reunión en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas. Las autoridades indígenas repudiaron los asesinatos que han conmovido al país y la mirada internacional.

Pablo Nola Flores, presidente del Congreso, dijo que solicitarán al presidente de la República, Laurentino Cortizo, poner fin a la injerencia de personas ajenas a sus territorios.

“Lo que deseamos es que se haga justicia y le caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes que usan el nombre de Dios para dañar las vidas de personas inocentes”, indicó el dirigente.

Toribio García, presidente del Congreso Regional Kodri, manifestó que luego de la tragedia, la dirigencia tomó la decisión de solicitar al Ministerio Público y a la Policía Nacional la entrega de los nueve responsables, para que sean enjuiciados por las leyes tradicionales y luego sean puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.

Informó que se tomarán algunas medidas para evitar otra tragedia como la ocurrida en Alto del Terrón. García explicó que se estará reactivando el proyecto de garitas que se inició en 2015.

“Estos controles serán ubicados en todo el territorio comarcal”, recalcó. Añadió que todas las religiones y sectas, incluyendo la católica, deben estar aprobadas por el Congreso Regional; de lo contrario, serán expulsadas de sus territorios.

Noriel Salina, docente y miembro de la Asociación de Educadores Ngäbe Buglé, dijo que está de acuerdo con que estas personas, presuntos responsables de las muertes, sean castigadas con la máxima justicia, que es el “cepo”, y luego con todo el peso de la ley.

El docente pidió a la Ministra de Educación que envíe al área un gabinete pedagógico, ya que esta tragedia ha dejado una secuela de dolor en los niños de la comunidad y hay que garantizarle su seguridad y bienestar.

También pidió al Gobierno implementar proyectos para integrar a estas personas al desarrollo nacional.

Liborio Miranda, secretario del Congreso, por su parte, se quejó de que a raíz de los trágicos hechos, se esté satanizando a los indígenas.

El Congreso General evaluará los diferentes casos y enviará una comitiva a la comunidad para investigar más al respecto.

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) también se pronunció sobre el suceso. En un comunicado, el gremio expresó su profunda consternación por la muerte de los siete indígenas.

“Uno de los problemas que tenemos en la comarca es la poca rigurosidad que hay a la hora de velar por la seguridad del pueblo, cuando llegan todo tipo de grupos religiosos y oenegés que nadie investiga o filtra, afectando a un pueblo tan vulnerable como el nuestro”, señaló Marcelo Guerra, presidente de la Coonapip.

La investigación la realiza el fiscal Superior de Bocas del Toro, Rafael Baloyes, quien en declaraciones a La Estrella de Panamá reconoció que jamás se ha enfrentado a una escena como la que presenció el pasado martes 14 de enero, cuando arribó a la comunidad de Altos de Terrón.

Observó que un grupo de indígenas formaban un círculo y sometían a otras quince personas. Una mujer desnuda era subyugada a un culto para “quitarle los males”.

Los agentes de la Policía que acompañaron al fiscal pidieron a los supuestos guías que cesaran el acto.

“Ellos estaban haciendo una oración, estaban convencidos de que lo que hacían era obra de Dios”, narró Baloyes.

Las siete personas fallecidas fueron encontradas en una fosa común.

La historia ha trascendido la frontera panameña. La BBC Mundo publicó este viernes un artículo sobre esta tragedia bajo el título: “Panamá: encuentran los cuerpos de 6 menores y una mujer embarazada, muertos en un aparente exorcismo”.