MAG: reformas para salir de la lista gris afectarían a abogados

Luego de que en junio pasado Panamá fuera incluida en una lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la actual administración de Gobierno se dispuso a salir de ella en un año, y para lograrlo, incluyó un paquete de reformas en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, cambios que planea presentar el próximo 8 de enero de 2020, en una reunión con el grupo internacional.

Sin embargo, dichas reformas tienen en alerta al Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG). Muchos de ellos brindan servicios de incorporación y administración de sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, así como otros entes jurídicos de responsabilidad limitada, sociedades y demás, y aducen que sus gastos operativos se elevarán, pudiendo provocarles la quiebra, inclusive.

Para los abogados del MAG, los proyectos de ley afectarán el ejercicio de más de 24,000 juristas, ya que exige, entre otros requisitos, contar con un oficial de cumplimiento para las sociedades anónimas, lo que acarrearía un salario adicional. Además, éstas exigencias de GAFI y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), van más allá de las exigencias a otras sedes de sociedades extraterritoriales, como las islas Vírgenes Británicas.

Con la elevación de la Intendencia a Superintendencia de Sujetos No Financieros, como primer proyecto de ley, ahora su normativa establece una tarifa para los abogados. Además de mantener la obligatoriedad de seguir la Ley 23 por el cumplimiento, perfil, enfoque y matrices de riesgo con los clientes, será necesario contar con un software y personal adicional.

Lo anterior, según los abogados, podría provocar que se cree un oligopolio, debido a que son pocos los abogados y firmas que podrán cumplir con todos los costos asociados al cumplimiento y poder seguirle la pista a los nuevos requisitos.

El segundo proyecto de ley que arguyen que 'atenta contra la abogacía' establece que estos profesionales lleven el estado financiero además del registro contable, sin diferenciar por tipos las sociedades.

A manera de ejemplo, en Panamá hay sociedades registradas operativas en Panamá, y otro grupo que no están operativas porque no están activas tributariamente y hay un tercer grupo que son las extraterritoriales, donde el cliente local no es el beneficiario final, y el objetivo de la legislación a discutirse es que Panamá le dé seguimiento a esa clientela internacional.

Con el proyecto, alegan los abogados, se nivelan los tres tipos de sociedades, sin marcar diferenciación entre las operativas, las que tienen alguna propiedad y no están operativas y las que tengan el mismo gasto operativo que el tercer grupo y las sociedades extraterritoriales, lo cual afectará a miles de abogados que solo tengan una secretaria, pasante y mensajero, lo que podría “llevarlos a la quiebra”.

El tercer proyecto de ley, es el de últimos dueños beneficiarios, que sin lugar a dudas tiene que ver con las exigencias del GAFI y la OCDE, esto es algo que Panamá no debería hacer salvo que sea algo importante o relevante, porque en Panamá ya existe un sistema dedicado a la creación de sociedades extraterritoriales que tienen el registro del beneficiario final.

Los abogados plantean que “quizás están exagerando con el objetivo de reducir aún más el grupo de abogados que se dedica a la materia, pues no se sabe si de forma malicioso o no el gobierno busca disminuir este servicio extraterritorial”.

Norman Castro Montoto, vicepresidente del MAG es de la opinión que de aprobarse los proyectos de ley tal cual, se afectaría el ejercicio de más de 24,000 abogados en el territorio nacional. “No se le ha tomado en cuenta a los abogados, pues pareciera que las legislaciones serán aprobadas en esta sesiones extraordinarias”.

Según Castro “estas propuestas van acompañadas de una serie de sanciones para los abogados y, no para los clientes, ya que de incumplir, serán multados con montos de $20,000 a $80,000 y hasta penalización civil y penal”. Castro Montoto dio como ejemplo a que los abogados en otros países —donde tienen legislaciones similares a Panamá—, a los abogados los sancionan con $2,000 hasta $20,000 además de en otras jurisdicciones, no tienen la obligatoriedad de llevar la contaduría de la empresa constituida.

En general el panorama cambiará. Explicó que “antes se inscribían por mes de 5,000 a 6,000 sociedades anónimas; ahora, solo un promedio de 600 a 700 sociedades... cuando se aprueben, sin escuchar nuestras propuestas si acaso serán 100 sociedades aperturadas por mes”. “Se debe salir de la lista, pero veamos como lo han hecho otros países, como Costa Rica”, sentenció.

Argumentó que “comprendemos que es necesario para el desarrollo del país no estar en las listas grises, pero tampoco puede ser a costa de los abogados en general”.

El MAG ha analizado como se aplica en otras jurisdicciones, que con el país ellos aceptaron u que sea menos riguroso, porque tenemos que ir a la más rigurosa. La normativas afectarían a los abogados, pero también impactaría nuestro centro financiero.

El exbanquero Oscar Luna, es de la opinión que los proyectos de ley en discusión en la Asamblea Nacional no solo impactarán a los abogados, pues también lo hará en uno de los pilares de la economía al ser un país de servicios, porque se dejaría de abrir sociedades anónimas, lo que a su vez bajaría la apertura de cuentas bancarias, no se atraería inversión en los volúmenes que se requiere. Solo con el pasaporte se abre una cuenta en Estados Unidos. Estamos llegando a una posición de desigualdad que no es justa para el país.

Por su parte, Charlie E. Carrillo, quien ejerce en Washington y New York, considera que a diferencia de Panamá, en Estados Unidos, las sociedades anónimas pueden ser abiertas por un particular hasta a través de un sitio en la Internet, mientras que si lo hace un abogado, esté no tiene ninguna obligación de llevar la contabilidad de la empresa, ni el beneficiario final siendo así tampoco es responsable de lo que compete al fisco, por lo que no es multado ni sancionado civil o penalmente.

En ocasión del 10º aniversario del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia, Panamá planteo sus avances en transparencia ante la presencia de 150 países. Durante dicha disertación la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes manifestó ante repetitivo contexto de los 'Panama Papers': “ya es hora que quede claro que el término Panama Papers es incorrecto y este foro debe respetar nuestra aclaración”. En ese escándalo más del 75% de las sociedades eran de otras jurisdicciones y los beneficiarios tampoco eran panameños.

Por otro lado recalcó: “No puede ser que este foro se enfoque siempre en mensajes negativos y se centre en listados. Panamá al igual que muchas jurisdicciones aquí presentes ha dado innumerables pasos concretos para lograr una mayor transparencia fiscal y ya es hora que se reconozcan y recibamos de este foro mensajes positivos que se hagan eco en la comunidad internacional.” “Panamá, al igual que el resto de las jurisdicciones, pedimos que se nos evalúe de una manera justa y no por consecuencias mediáticas.” “Todos los países tienen derecho a la misma voz y voto en la mesa y eso debe ser respetado”.