ITBMS, el dolor de cabeza de la DGI

La recaudación de impuestos persiste como uno de los obstáculos más relevantes a la hora de balancear el presupuesto nacional. En los momentos en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presenta en la Asamblea Nacional el monto con el que pretende funcionar el país en 2025, el ministro de la cartera Felipe Chapman recalca una de las mayores debilidades de la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión de $1,500 millones anuales por el no pago del Impuesto de Transferencia de Bienes, Mueble y Servicios (ITBMS). Una cifra que descansa en una simple frase: ¿quiere factura, o no?

Pero en realidad el monto de evasión fiscal es mucho más profundo. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Publio De Gracia, calculó que el fisco deja de percibir unos $4 mil millones al año, el grueso por la evasión del ITBMS, pero también del impuesto sobre la renta que declaran las personas naturales y jurídicas y el impuesto de importación. Es decir que en un quinquenio, la evasión fiscal equivale a más de $20 mil millones, dinero que sin duda aliviaría múltiples necesidades, como el déficit en el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social o el pago de la deuda, la inversión para cubrir necesidades de atención en salud, infraestructura vial, vivienda, un sin número de alternativas.

En retrospectiva, los años de mejor desempeño en la recaudación de impuestos, según la tabla de estadísticas tributarias de América Latina, han sido entre 2010 y 2013, cuando se superó el 12%. Aún así, Panamá sigue siendo el país de la región donde se recogen menos impuestos, seguido de Guyana que ocupa el último lugar en la tabla de los 26 países. Brasil ocupa el primer lugar con un 33% de recaudación, aunque la media en América Latina es del 21.5%.

El año pasado, la DGI recaudó un poco más del 7%, y esta cifra incluyó aportes extraordinarios, como la mina y el Canal de Panamá que pagó $500 millones al Tesoro Nacional por la adquisición de tierras estatales. El porcentaje, no obstante, equivale al presupuesto anual que por ley se asigna al Ministerio de Educación, el 7% del PIB.

En resumen, los economistas consultados coinciden en que la DGI ha perdido la capacidad de recaudación y requiere de personal capacitado para focalizar auditorías en ciertas regiones, tomando en cuenta la dificultad de hacerlo a nivel nacional, para verificar que los negocios emitan la factura electrónica. “Exentar la factura fiscal a los profesionales fue un golpe para la DGI, un retroceso a la recaudación, porque era el mecanismo para recibir ingresos de las profesiones liberales. No hay obligación de presentar una factura fiscal, aunque una factura normal sí”, manifestó un economista que solicitó reserva.

“Lo que falta en Panamá es la certeza del castigo, si la ley dice que las empresas deben cobrar obligatoriamente el 7% de impuesto y pagarlo al Estado, deben cumplirlo, y a quien no lo haga se le impone una multa”, opinó el economista Olmedo Estrada.

Por otra parte, los tratados de libre comercio suscritos entre Panamá y otros países también han tenido un impacto en la recaudación, lo que ocasionó que en los últimos años el impuesto de importación haya perdido mucho peso con respecto al Producto Interno Bruto. Aunado a esto, todas las políticas dirigidas a regímenes especiales que buscan atraer inversión extranjera al país, han logrado flexibilizar el sistema tributario. Algunos economistas perciben un abuso de los incentivos para actividades improductivas, “que no aportan al crecimiento de la economía”, añadió Estrada.