Entre la represión y el consenso

La libertad de expresión en Panamá ha estado sometida a muchos vejámenes a lo largo de la historia. En el siglo XX el general Vázquez Cobo, a las pocas semanas del fusilamiento de Victoriano Lorenzo, ordenó la destrucción de la imprenta donde se editaba el periódico El Lápiz.

Fue seguramente el primer acto violatorio de la libertad de expresión ocurrido en el siglo pasado. Vásquez Cobo se disgustó porque El Lápiz condenó el fusilamiento de Lorenzo. En la década de 1980 se ejecutaron los últimos atentados a la libertad de expresión, siendo sus artífices los comandantes Paredes y Noriega. En esa década, La Prensa, Radio Mundial y otros recibieron los dardos de la dictadura militar.

A pesar de que todos los textos constitucionales han consagrado la libertad de expresión, periódicamente han surgido intentos y actos que tienden a subyugarla. Esos intentos y actos eran tradicionalmente sazonados por la intolerancia de los gobernantes. Siempre me he preguntado por qué la sociedad es sorprendida intermitentemente con proyectos o medidas que tienden a restringir el derecho natural que tiene cada asociado de expresar sus ideas, o a intimidar a los medios de comunicación.

En el pasado, la soberbia del gobernante prohijaba las cortapisas al pensamiento. Hoy, otros son los motivos y enfoques que determinan la confrontación entre los medios y los gobiernos. En las sociedades modernas, con el perfeccionamiento e integración de los medios de comunicación y con el desarrollo y madurez de la opinión pública, el llamado cuarto poder del Estado ha adquirido un sitio más preponderante y estratégico en la conducción de la nave social. Un dirigente popular mexicano dijo recientemente que los gobiernos, por carecer de agendas consensuadas, eran sustituidos por los medios de comunicación en la tarea de conducir o de seducir a los pueblos. Tal vez, por ese motivo, los gobiernos ahora ven a los medios de comunicación social a rivales que andan a galope, sin brida, con agenda política y social propia.

Históricamente, los gobiernos habían logrado con sus mañas el silencio o la mediatización de los medios. Pero, ahora, con la globalización, los medios son maquinarias poderosas con instrumentos idóneos para penetrar, en defensa de sus intereses, de sus objetivos y de las causas de sus afectos, en todas las rendijas de la conciencia colectiva. Se suben y se bajan valores, a los políticos los convierten en estatuas o en bagazos, se disipa o se consolida la identidad nacional, se crea una nueva idiosincrasia, un nuevo léxico y hasta un nuevo clima político. Tal es su poder contemporáneo. Es el poder de un gigante. Lo absurdo sería usarlo sin razón con el solo poder ciego del gigante.

Los gobiernos no saben cómo participar en la nueva vorágine de la información; no saben cómo incorporarse a ella, si la frena o la reglamenta o si compite o si va a la raíz como antaño, e incursiona con la palmeta en el principio; es decir, en la libertad de expresión. Es lo que podría explicar los súbitos intentos de frenar la vida libre, el pensamiento libre y el libre albedrío de los medios de comunicación.

El error de los gobiernos o de sus adláteres es no darse cuenta de que, en las sociedades que están pasando del cuarto creciente a la luna llena, la opinión publica ya ha adquirido imagen, personería. Que es una estructura política, con ímpetu arrollador, generalmente engarzada a la política de los medios. La opinión pública guarda más relación con los medios que con los gobiernos. De manera que los excesos de los medios ya no se frenan con sanciones mayores ni con intimidaciones. En esa línea, el desgaste político de los gobiernos es catastrófico, sobre todo por el bien organizado eco mundial en defensa de la libertad de expresión amenazada.

Sirve más que la represión penal para evitar los excesos una acción gubernamental fundada en la rendición de cuentas periódicas y en la transparencia de todos los actos públicos. Y sirve mucho más entrenar un Estado docente al servicio de una inmensa agenda social destinada a lograr una sociedad justa, democrática y moral. Es en ese terreno y con esos propósitos donde los gobiernos celosos y recelosos deben enfrentar o convivir con los medios.

En los actuales momentos tan sometidos a los embates de una gran crisis integral, es más que razonable obtener por la vía del consenso de todos los sectores auténticamente representativos, la agenda social referida, la que estaría enmarcada en un plan de desarrollo nacional. Esa agenda servirá para sincronizar la brújula gubernamental con la brújula propia de los medios, de toda la opinión pública y de todos los sectores sociales.

Esa iniciativa, la de consensuar un plan de desarrollo, ya rueda en el tapete nacional. Desdeñarla sería apostar por lo represivo en perjuicio de lo preventivo. Es absolutamente anacrónico que las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación estén pautadas en el Código Penal.

En derecho penal se enseña que las medidas punitivas son secundarias en las sociedades que han sabido armonizar sus pugnas e intereses. Es apenas natural pensar que, a la larga, es más provechosa la gestión de un Estado docente que de un Estado sancionador. Como igualmente el provecho es mayor si todas las fuerzas se consagran a elaborar un plan de desarrollo nacional, que entregarse a una pugna entre el poder de los medios y el poder del Estado. Es la hora, por tanto, de actuar con una visión transparente y de futuro. Es la visión que genera dividendos de paz y de justicia social.

Publicado originalmente el 24 de junio de 2006