Acceso a la información

La gente está harta de la corrupción. Y está tan cansada y distanciada de sus representantes y de los políticos en general que todas las encuestas, desde hace años, muestran que la ciudadanía no tiene confianza en quienes dicen administrar la cosa pública. A esta profunda frustración se suma el escepticismo entendible ante la posibilidad de que algo cambie. Los discursos carentes de propuestas concretas y muchas veces profundamente hipócritas causan casi tanto daño a la democracia como la corrupción misma. Los ciudadanos esperamos acciones concretas para combatir la corrupción que afecta al país: ya no nos conforma la mera retórica.

Sin duda, cada poder del Estado puede realizar sus propias acciones concretas para atacar las causas estructurales de la corrupción. Una, quizá la más prioritaria, es aumentar la transparencia de los actos de Gobierno. La corrupción es un hongo que crece en la oscuridad. El ojo de la ciudadanía puede iluminar las conductas de quienes gobiernan en su nombre para evitar que consideren propio lo que es de todos: los fondos públicos y el poder del Estado.

Ahora, ¿cómo puede ser efectiva esa mirada, si se le impide acceder a la información que aquel maneja? En Panamá existe desde 2002 la Ley 6 de Acceso a la Información que regula un derecho básico que nuestra legislación reconoce expresamente: el derecho a acceder a la información que está en poder del funcionario, información que se genera con el dinero que los ciudadanos pagamos al Estado bajo la forma de impuestos. En cualquier país civilizado y moderno del mundo, los actos de un funcionario son de carácter público y están sujetos a revisión de modo que los ciudadanos puedan ejercer su responsabilidad cívica de control.

Según la Ley 6 de 2002 en Panamá, cualquier persona, empresa u organización puede requerir información que se encuentre en poder de la administración pública sin importar el motivo que dé lugar a la solicitud. No existe formalidad alguna para realizar el pedido. Y la administración tiene el deber de brindar esta información en un plazo no mayor de 30 días, en el cual vencido incurre en incumplimiento de su deber. Su silencio se entiende como una negativa a cumplir con el mandato constitucional, lo mismo que las respuestas ambiguas e incompletas. En tanto, la persona cuyo pedido no fue satisfecho puede recurrir a una instancia administrativa o judicial para que ordene el efectivo cumplimiento de la obligación del Estado. Si el funcionario o juez halla infundada la negativa de la administración, puede ordenar al funcionario correspondiente que cumpla la solicitud e incluso sancionar a los responsables.

Como sucede en el ejercicio de cualquier derecho, el acceso a la información no es ilimitado. La administración pública puede (o aún debe) negarse a dar información cuando esta se inscribe en alguno de los supuestos que la misma ley enumera: que la información requerida afecte la privacidad de terceros, que esté en juego la seguridad nacional, que ponga en riesgo la estabilidad financiera, etc. La negativa de la administración pública a dar información debe ser por escrito, estar fundada y referir directamente al supuesto de la ley que impide el acceso a la información.

Es cierto, Panamá cuenta con una Ley de Acceso a la Información, pero en la práctica su implementación dista mucho de las expectativas. Nunca hemos visto a un funcionario ser sancionado ejemplarmente por incumplir esta ley. La sanción de leyes como esta constituye una responsabilidad básica en la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la transparencia en la gestión pública. Significa brindar a cada ciudadano una palanca para ejercer su responsabilidad cívica de control. Organigramas de la administración, ejecuciones presupuestarias, informes de impacto ambiental, estadísticas, contratos, órdenes jerárquicas, nombres de miembros de una comitiva oficial e infinidad de datos que están en poder del Gobierno son muchas veces guardados en secretos cuando en principio debieran estar expresamente al alcance del poder público.

Cumplir plenamente la Ley de Acceso a la Información contribuirá a acrecentar el control que los ciudadanos podemos ejercer sobre el Gobierno y sus funcionarios, y ayudará a revertir la imagen negativa que del Gobierno y los políticos tiene la opinión pública. Nada provoca más desconfianza que un Gobierno que se cierra a la mirada de sus ciudadanos. El oscurantismo en un país con elevadísimos niveles de corrupción solo contribuye a profundizar la desconfianza en los que ejercen la función pública. La democracia se ve más fortalecida cuanto más transparente es el accionar de sus funcionarios y más posibilidades tiene la ciudadanía de participar y controlar.

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