Panamá se ha adherido a la declaración de Chapultepec, un documento crucial en defensa de la libertad de prensa en América Latina. Esta jornada necesaria -que también ha sido llevada a cabo en otras administraciones- nos permite visibilizar el derecho fundamental de la libertad de expresión e información y recordar las amenazas que persisten. Por ejemplo, en el país ha existido una tendencia a reclamar indemnizaciones excesivas a través de demandas civiles o penales, convirtiéndose en un modus operandi peligroso que no solo pone en riesgo la capacidad de informar de los medios, sino su sostenibilidad. Cada vez que una información relevante no llega al conocimiento de la ciudadanía o que poderes públicos y empresariales actúan para acosar a periodistas o asfixiar a las redacciones, la democracia tambalea. Toda nación libre requiere una población informada y un sistema de contrapesos, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean aspectos innegables. Finalmente, conviene exigir que los medios se apeguen al compromiso del rigor y que su contenido no contribuya a la desinformación y a campañas difamatorias. La ética y la honestidad siempre deben prevalecer.

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