Panamá dio un ultimátum. El Gobierno aprobó, el pasado sábado, la salida de 112 migrantes deportados de Estados Unidos que fueron detenidos en Darién. Les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta gestionar el traslado de vuelta a sus países, con la posibilidad de extender su permiso por 90 días. Ante esta decisión, hay más preguntas que respuestas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos migrantes no quiere regresar y, peor aún, a muchos sus naciones no quieren recibirlos de vuelta. Nuestro país no está en condiciones de gestionar esta crisis. ¿Cuál será el destino de estos migrantes después de que se venza el plazo? ¿Quedarán vagando por la ciudad en la búsqueda de su futuro? Por lo pronto se mantienen en una suerte de limbo. Y es que Estados Unidos se libró de su responsabilidad hacia los deportados y lanzó la pelota a los “países puente”, que tendrán que establecer negociaciones diplomáticas con sus países de origen. La crisis migratoria necesita un esfuerzo en conjunto y que las partes comprometidas cumplan su palabra.

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