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Por las “tablas” que fueron su instrumento; escribano, por su oficio de escribir; cartulario, por los papeles (charta) de su labor; notario, por las notas de su registro; fedatario por excelencia, porque su intervención otorga certeza de lo actuado y crédito de la existencia de lo procedido. Un sistema notarial eficaz es aquel que configura medios tangibles para permitir la mayor convicción posible de los actos y negocios jurídicos de diario ocurrir en la sociedad, de manera que los conflictos y controversias que naturalmente se generan en el tráfico legal, judicial, comercial y productivo de los individuos se reduzcan razonablemente y el aparato de justicia no se atiborre. Confianza y credibilidad componen el secreto como justicia preventiva; dos temas de interés para cualquier gestión gubernamental. El sentimiento de una estructura notarial concebida como un botín político por encima de un órgano institucional de justicia administrativa, causa un “mal sabor de boca” que debilita las autoproclamas de honestidad y crea en el ciudadano dudas fundadas sobre la disposición de las autoridades para cambiar y avanzar.
En la prestación de la fe pública, la Justicia comienza su misión. No es saludable subestimar el ejercicio de aquella actividad como vehículo para que la ciudadanía consolide su seguridad de que verdaderamente la Justicia es ciega. Hoy ese primer paso es errático. El sistema notarial actual nació con el Código Civil en 1916; en otra reliquia, el Código Administrativo, le reservan algunos artículos para añejarlo aún más. Desde entonces no lo han tocado. En vista de su contacto diario con el libre albedrío de los humanos, que indudablemente es dinámico y progresivo, con esas arcaicas herramientas hoy resulta difícil e ingrato realizar una tarea notarial auténtica. Los bancos sueñan con ser ellos los fedatarios y tener un notario en su planilla, para seguir haciendo lo que hoy es usual: cobrarles a los clientes, en concepto de “gastos notariales”, sumas que nunca llegan a la notaría. Los grandes bufetes tienen el mismo sueño y la misma conducta. El “agujero negro” es tan grande que cada día proliferan más las oficinas donde exnotarios o simples empíricos están usurpando funciones, con la comodidad de no compartir responsabilidades.
Cuando fui presidente del Colegio de Notarios y con la orientación de la UINL (Unión Internacional del Notariado), intenté despertar el interés oficial por modernizar esa estructura legal, pero a pesar de que las autoridades del momento inicialmente dieron su anuencia a tal propósito, al rato desistieron. Hacer del sistema notarial una herramienta confiable y de fortalecimiento del Estado de derecho es un imperativo de la administración pública. Convertir a los notarios en otro empleado público no es la solución (modelo seguido en Cuba, Venezuela y Ecuador gracias a Correa). Algunas necesidades urgentes: se impone un concurso para ejercer el notariado; establecer un término fijo para estos profesionales que hoy llegan y se van de acuerdo al humor del Ejecutivo; regular las tarifas, de forma que se cobre por el tipo y monto del acto; crear una Superitendencia Notarial que supervise el buen funcionamiento del sistema; prohibir los “satélites”; ser más estrictos con el tema de la presencia real de los otorgantes; revestir de mayor eficacia legal al documento notarial; uso obligatorio de tecnología de punta. Ajustar el sistema antes de nombrar notarios hubiera transmitido confianza. ¿Todavía hay tiempo? Sí. ¿Hay interés? No.