Sanciones, golpes, sobornos y la OEA contra Noriega

Sanciones

A fines de enero de 1988, el presidente Reagan emitió una Orden Ejecutiva que calificaba al “régimen Noriega-Solís Palma como una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad de EUA.”

A raíz de esta Orden, EUA confiscó dos aviones de Air Panamá; congeló $700 millones del Banco Nacional, depositados en EUA; le impuso a Panamá un brutal bloqueo diplomático, monetario, comercial, económico y financiero; retiró el dólar del mercado nacional y encabezó una campaña de desprestigio contra nuestro país.

Otro golpe de la CIA frustrado por Noriega

El 18 de marzo de 1988, William Walker y Michael Kozak, del Departamento de Estado -- después de otro golpe frustrado de la CIA dos días antes (16-3-88) -- le ofrecieron a Noriega dos millones de dólares (en nombre de George Shultz y el presidente Reagan) para que se largara del país. Paradójicamente, William Walker se llamaba el filibustero que quiso apoderarse de Centroamérica y fue ejecutado en el siglo XIX.

Un psiquiatra acompañaba a Walker y Kozak con el fin de estudiar qué puntos débiles tenía el militar panameño según su lenguaje corporal. El Dr. Pieczenic dijo: “El General (Noriega) está más claro y firme que Kozak y Walker. Éstos dos son los verdaderos locos” (Manuel Noriega y Peter Eisner, págs. 127, 138, 139).

La OEA exige que Noriega entregue el poder a la oposición

Otra presión contra Noriega provino de la OEA; es decir, de EUA. En mayo de 1989 se llevaron a cabo elecciones presidenciales. La CIA y el Departamento de Estado intervinieron en las mismas desde emisoras en Costa Rica y Panamá. El Gobierno arrestó in fraganti a Kurt Muse, quien confesó seguir órdenes de Washington.

En vista de las intervenciones, agresiones y sanciones, el Tribunal Electoral decidió suspender el conteo de votos y cancelar las elecciones, ya que no había condiciones: las tropas de EUA desobedecían y provocaban a las autoridades nacionales -- tanto civiles como militares -- y circulaban impunemente por todo el territorio nacional y en áreas prohibidas por tratados internacionales (espacio aéreo, maniobras de paracaidistas), haciendo vuelos rasantes e intimidantes sobre nuestras poblaciones.

EUA eliminó la Junta Combinada de Defensa, creada por el Tratado del Canal, porque no querían dar cuenta a los militares panameños.

El Órgano de Consulta de Cancilleres de la OEA se reunió en México, y el mismo aprobó una resolución totalmente violatoria de su Carta, la de la ONU y de la soberanía panameña, mediante la cual la entidad exigía que Noriega (mencionado ilegalmente con nombre propio) entregara inmediatamente el poder a la oposición.

Lo realmente inusitado es que la delegación de Panamá la encabezaba el canciller de Noriega, Jorge E. Ritter, quien, contra toda lógica, aprobó la resolución.

El Centro de Estrategia Militar (CEM), formado por oficiales nacionalistas, me preguntaron el significado de dicha resolución y sus consecuencias para nuestro país. Les afirmé que solo cabía rechazarla y pedirle explicaciones al canciller.

Ello motivó que el Gobierno convocara una reunión de Consejo de Gabinete Ampliado en la Presidencia de la República, cuyo Presidente Encargado, Manuel Solís Palma, me invitó a explicar nuestra posición frente a este engorroso asunto. Llegué en compañía del ex canciller Juan Antonio Tack, verdadero artífice del Tratado del Canal, de quien había sido Asesor personal entre 1972 y el 31 de diciembre de 1976.

En dicha reunión estuvieron presentes el General Noriega y su Estado Mayor. El primero no pronunció una sola palabra, pero era obvio que estaba disgustado con la actitud insólita de la delegación (los otros dos miembros fueron Adolfo Ahumada y Carlos Ozores), pero el trío se demoró en regresar a suelo patrio.

Sugerí al Consejo de Gabinete Ampliado que Panamá rechazara la resolución de la OEA y solicitara una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que ésta decidiera si la OEA había violado su Carta y la Carta de la ONU, tal como yo afirmaba.

El Consejo de Gabinete Ampliado aprobó un Comunicado del gobierno -- que redactamos -- el cual rechazó la citada resolución. CONTINUARÁ.

El autor es Analista Internacional; ex Asesor del canciller Juan Antonio Tack y Omar Torrijos; ex Agente de la República de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; Presidente Honorario y Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP).