El nuevo ‘Gold Roll'

El debate surgido sobre los recortes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados al presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá ha comprobado varios hechos: el desconocimiento de la Constitución, la mecanización del pensamiento sobre el Canal y que la ACP es una nueva quinta frontera a la que no todos los panameños tienen acceso.

El controvertido artículo 320 de la Carta Magna remite al Capítulo 2º Título IX, artículos 267 y subsecuentes, en el cual se le otorga al Órgano Legislativo la facultad de también modificar los presupuestos de todas las instituciones. Entonces, el propio artículo que blanden los ahora indignados, equipara el procedimiento de aprobaciones de presupuesto junto a sus facultades, con la diferencia que se deben desarrollar en dos leyes distintas y que el régimen especial de la ACP pasa primero por la cobertura financiera de sus gastos de operación entre otros, conforme a su ley. No existe interpretación de la norma cuando la misma es clara.

Aun cuando este es un análisis enteramente jurídico, no se puede desligar de los intereses económicos de por medio. El profesor Juan Jované, con base en datos internacionales, hizo un análisis que nos descubre como el país de la región que menos impuestos le cobra a las grandes corporaciones y queda compensado por el aporte de la renta del Canal. Me parece ilógico defender el negocio que favorece a una cúpula y no a las mayorías del país.

Los beneficios del Canal de Panamá no solo deben enriquecer a grupos económicos ni a tecnócratas, debe llegar a cada rincón del país, lo que no ocurre hoy por hoy; como queda demostrado con los datos duros de pobreza, pobreza extrema y precariedad laboral, entre otros males que aquejan a los ciudadanos de a pie. Aun conociendo esto, ningún crítico opinólogo de redes sociales se indigna como lo hicieron ante esta situación.

Toda conquista laboral a favor de los y las trabajadores debe ser exportada al resto de los sectores sociales y no equipararlo con las paupérrimas condiciones de los demás. No obstante, hay que revisar cuánto se gasta la ACP en directivos refrigerados, sus gastos y los procesos de licitaciones, que ya han sido cuestionados. Exigir transparencia, como se le exigió a la Universidad de Panamá recortar una serie de salarios y beneficios a funcionarios fantasmas, a la Asamblea de Diputados acusados de tener asesores sin funciones excepto cobrar. Ninguna institución debe ser intocable como si fuese una minirepública dentro de otra. Por ahora, Panamá es un país pegado a un Canal.

La respuesta mecánica de algunos sujetos sociales al ‘defender' la autonomía del Canal significa que el establishment ha enraizado sus intereses en la mente de los panameños, haciendo que tomen como propia una defensa a ultranza de aquel negocio que pasó de manos del colonialismo a las garras de las corporaciones y sus amanuenses. Con la excusa baladí de que es ‘el mejor activo del país', se lanzan defensas a ese statu quo sin darse cuenta de que la ACP es un nuevo Gold Roll. El Canal no es el mejor activo del país, lo mejor que tiene Panamá es su gente, los y las trabajadores que con su esfuerzo salen todos los días a echar a andar una nación con beneficios para pocos, pero que debe cambiar. Estoy de acuerdo que la ACP aporte más al país. Sobre el uso del dinero, le toca a los grupos sociales velar por el mejor uso colectivo posible y que lo haga una administración de consenso a favor de las mayorías y nacida de ellas.

Por irónico que parezca, coincido con el diputado Barría en algo, ha llegado la hora de comprometer más los aportes del Canal a toda la República, siempre bajo mandato de ley y la Constitución; pero que realmente le llegue a todos los panameños, esos dineros que se generan y que son orgullo hasta para quienes no tienen agua potable, en las riberas del propio Canal.

ABOGADO