Rescatemos el fondo de pensiones de la CSS

La semana pasada, una segunda misión de la OIT visitó el país para reiterarnos lo que nos informaron en el 2022 y, por lo tanto ya sabíamos: que las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido se agotarán en 2024; que fusionar los dos programas públicos de pensiones (el mixto y el exclusivamente de beneficio definido) no resuelve el grave problema; que urge tomar medidas de alguna clase, por ejemplo, paramétricas que podrían tomarse en consideración para una solución racional y, lo más importante en mi opinión; retomar el diálogo tripartito para discutir el tema de los sistemas de pensiones.

En ese contexto yo me pregunto, ¿qué nos pasa? Aquí nadie quiere dar su brazo a torcer y negociar, basándonos en criterios objetivos para resolver nuestras diferencias, a fin de lograr el rescate de nuestro fondo de pensiones.

El sector empresarial, como era de esperarse, suele abogar por sistemas “privados” de contribución definida, capitalización plena con cuentas individuales y gestión por corporaciones privadas. Los trabajadores sindicalizados se mantienen firmes a favor de un sistema público solidario, de beneficio definido, riesgo colectivo y administración por el seguro social, incorporando en su discurso las evasiones de las cuotas obrero-patronales. Por su parte, el Gobierno acusa recibo del nuevo informe, reitera la autonomía de la CSS y recomienda retomar el diálogo tripartito.

En todo caso, resolver este asunto ha sido una promesa de campaña de, por lo menos, nuestros últimos cuatro presidentes y todos, sin excepción, no lo han resuelto, señalando al final de sus períodos _cuando estuvieron y están en plena campaña electoral_ que el costo político de las soluciones racionales _léase las medidas paramétricas necesarias, sería muy elevado. ¡No podemos seguir así y pasarle la pelota al próximo Gobierno, manteniendo vigente la amenaza sobre la salud y el bienestar de los jubilados de hoy y los que vendrán!

Dicho lo anterior, para todos es clarísimo que la convocatoria de este nuevo diálogo tripartito _trabajadores, empresarios y la CSS (el Gobierno)_ es urgente, para discutir y encontrar soluciones factibles y viables al tema de nuestro sistema de pensiones. Este diálogo debe ser conducido por un facilitador reconocido por su capacidad, solvencia ética y moral y aprobado por todos los participantes en el debate y; contar con el apoyo, cuando sea necesario, de observadores poseedores de la misma solvencia y prestigio que el facilitador.

Como he señalado antes en esta columna, la primera tarea de los participantes en el nuevo diálogo, es conocer qué piensa y desea nuestra población que está trabajando (o aspiran a hacerlo). Estamos dando por sentado que todos en Panamá preferimos el fondo público y que todos abrazamos el principio de la solidaridad entre generaciones. Puede que no sea el caso, investiguemos antes de seguir adelante. Yo, un panameño de 72 años, sí creo en la solidaridad y prefiero mi fondo público, pero puede que las nuevas generaciones, sin dejar de ser solidarias, piensen diferente en cuanto a la mejor opción para todos.

Lo anterior no quiere decir que todos los panameños vamos a seguir ciegamente la visión y recomendaciones de los jóvenes o la de los adultos mayores, porque aquí todos tenemos los mismos derechos, y los que hoy son jóvenes, serán adultos mayores en algún momento y tendrán que enfrentar el mismo problema que enfrentan hoy los jubilados. La tarea es encontrar la mejor alternativa posible.

En todo caso, cualquier reforma tendrá un costo social y político que pagar, pero el momento es ahora, porque ya el fondo colapsó. El objetivo final debe ser construir un sistema de pensiones innovador viable y en equilibrio; es decir, que proporcione una cobertura adecuada, beneficios suficientes y que sea financieramente sostenible. No menos importante será que, el Estado, a través del Gobierno de turno y subsiguientes, mantenga la responsabilidad de cumplir con todo lo pactado, imponiendo, cuando corresponda, las sanciones ejemplares para aquellos que infrinjan las leyes que resulten como consecuencia de la implementación de las acciones acordadas.

Manteniendo estos principios como norte, el facilitador y los participantes deberán buscar un acuerdo que satisfaga a todos. No será fácil, pero están obligados a: separar el problema de las personas; concentrarse en los intereses (de los asegurados y la población panameña), no en las posiciones; insistir en que los resultados se basen en criterios objetivos independientes y; generar una variedad de alternativas antes de decidir qué recomendar a la población, porque cualquier resultado debe ser sometido a la aprobación del Pueblo mediante plebiscito.

Finalmente, subrayo que en el manejo del fondo, sea público o privado, debe prevalecer la honradez, la transparencia y la rendición sistemática de cuentas. Eso sí que es raro en nuestra historia reciente y constituye, en mi opinión, el reto más importante que tenemos. Pues público o privado, puede irse a la ruina, si los gerentes no son los mejores y prevalece la corrupción y el clientelismo.