Las reformas de la partidocracia

‘Cui bono', locución latina que pregunta ‘¿quién se beneficia?'.

El proyecto de reformas electorales pretende, según los magistrados del Tribunal Electoral, perfeccionar la democracia para lograr una contienda más equitativa. Pero si analizamos el contenido y no las declaraciones de intenciones, queda claro el objetivo es la consolidación del poder de la partidocracia.

Entonces, ¿quién se beneficia de estas reformas electorales? Las cúpulas de los partidos políticos, quienes buscan capturar el Estado para saquear sus recursos y acumular enormes riquezas a costa del pueblo. Y estas cúpulas tienen claro que la única forma de mantener su control sobre el Estado es a través del dinero.

Las reformas mantienen un nivel grosero de financiamiento público (1 % de los ingresos corrientes, aproximadamente 100 millones), de los cuales 60 millones se utilizarán preelectoralmente, y cuya fórmula de repartición destina 56.4 millones a los partidos existentes, dejando la pírrica suma de 2.4 millones para los partidos nuevos y 1.2 millones para los independientes.

Además, al establecer que la propaganda será financiada exclusivamente con esos fondos públicos, han blindado el acceso desigual a los medios. Lo que antes era un gasto privado desigual en propaganda, será ahora un derroche desigual subsidiado por la plata de todos.

Para rematar, los grandes donantes, ahorrándose el costo de propaganda, podrán mantener el control político a un costo inferior, volcando todos sus dineros al clientelismo (que obviamente no reportan). Es una reforma que pone todo el poder y el dinero en manos de los dueños de los partidos.

¿A quién perjudica la reforma electoral? A los ciudadanos que exigimos una política que ponga la vida del ser humano, y no el lucro, como centro y fin de la democracia, que priorice el debate de soluciones a los problemas reales del país y la satisfacción de las necesidades concretas del pueblo.

La partidocracia busca evitar que una opción patriótica, democrática y popular pueda competir en igualdad de condiciones, porque sabe que no puede perder su arma privilegiada: el desigual uso del dinero con el cual corrompe la política y secuestra la democracia.

Una reforma donde el beneficiado fuera el pueblo pondría los recursos públicos directamente al servicio de los electores en vez de a los partidos, invirtiéndolos en la organización de espacios de participación democrática, donde pese más la voz de los ciudadanos y las comunidades que la del empresario y político corruptor, donde todo aspirante a ocupar un puesto de elección popular esté obligado a dar la cara al pueblo.

Esto se logra sacando la plata de la política, prohibiendo el uso del dinero (público o privado) en cualquier forma que dé ventaja a un candidato y posibilite la compra de conciencias, lo que incluye el clientelismo y la propaganda electoral, a ser remplazado por múltiples debates obligatorios entre los candidatos de frente a sus electores en todos los niveles (desde representante hasta presidente) y anuncios informativos en áreas públicas y en los medios, donde se presenten en igualdad de condiciones todas las propu estas, para que sean examinadas y comparadas por los electores.

Hablamos de espacios que les permitan a los ciudadanos conocer, criticar, proponer y deliberar entre sí las propuestas de los candidatos, convirtiéndose el elector en un actor protagónico de la democracia, que a posteriori pueda emitir un voto libre e informado.

Nuestra aspiración debe ser emprender el camino hacia una verdadera democracia, que ponga el poder del lado de los ciudadanos, no de la partidocracia, y donde sean las ideas, y no el dinero, lo que determine el resultado de las elecciones.

POLITÓLOGO